Los profesores madrileños, que llevan varios meses celebrando grandes asambleas para denunciar los recortes del Gobierno de Aguirre, están empujando a los principales sindicatos del sector (CC.OO., Stes, ANPE, CSIF y UGT) a una lucha frontal cuyo objetivo final no es el salarial sino la defensa de la Enseñanza Pública y de los alumnos. Si fuera por las asambleas de distrito –donde se ha criticado mucho a las centrales sindicales- que se han celebrado en Madrid los enseñantes habrían ido a una huelga indefinida, pero las centrales laborales han conseguido reconducir la protesta a unos límites más modestos.
La huelga, que comenzará con una concentración el 14 de septiembre frente al Ministerio de Educación donde se reunirán ese día los responsables de Enseñanza de las Comunidades Autónomas, irá unida a dos jornadas de huelga los días 20 y 21 de septiembre y a una información constante y masiva a los padres y a los propios alumnos para que entiendan lo que está en juego: la educación de más de 8 millones de alumnos en toda España, que acudirán este año a los Institutos. El conflicto puede extenderse también a la enseñanza primaria y a los colegios de 0 a 3 años.
Los profesores remarcan que en España existe todavía más de un 28% de jóvenes entre 18 y 24 años que no tienen ningún tipo de estudios, lo que demuestra las carencias de la Enseñanza en España, lo que nos coloca en el furgón de cola de Europa en este sentido, a pesar de que todos los partidos políticos incluyen como estrella de sus programas la necesidad de un incremento de la educación. Esperanza Aguirre no solo ha disminuido el gasto en enseñanza y quiere echar a 3.200 profesores interinos, sino que al día de hoy todos los planes de formación que llevaba el Servicio Regional de Empleo –que borró del organigrama de su Gobierno de un plumazo este verano- han quedado suspendidos hasta nueva orden, incluyendo los pagos a las empresas que se dedicaban a esta labor. La medida ha dejado sin futuro a más de cien mil jóvenes madrileños.
Mariano Rajoy, que sueña ya con convertirse en presidente del Gobierno el 20-N, ha montado su laboratorio de pruebas en Castilla La Mancha, donde gobierno su número dos Dolores de Cospedal para ir probando algunas de las medidas de recorte social. La presidenta castellano manchega ha dejado de pagar a las personas dependientes, se niega a pagar las recetas de la Seguridad Social lo que ha provocado un conflicto importante con las farmacias, y ha aumentado las horas lectivas de los profesores –lo mismo que Aguirre en Madrid y Nuñez Feijóo en Galicia- para echar a los profesores interinos.
Es importante destacar también que los Colegios Públicos –a pesar del apoyo constante de los Gobiernos del PP y del PSOE a la enseñanza religiosa concertada- acogen todavía al 67,9% de todos los alumnos del Estado, donde se incluye también a los hijos de las personas más pobres y a un 82% de los hijos de inmigrantes, con problemas de idioma incluido. Prueba del maltrato que se da a los colegios públicos es que la inmensa mayoría de los dirigentes políticos de todos los partidos mandan a sus hijos a estudiar a los colegios católicos concertados e incluso a los privados donde estudiar cuesta más de 300 euros mensuales,
Gran parte de esos colegios concertados exigen además a los alumnos el pago de tasas diversas y además tienen a sus profesores peor pagados y de peor solvencia que los de la pública.
Aguirre se lanza en tromba contra los profesores
La presidenta madrileña se ha tomado –como hace casi siempre- la huelga de profesores como un asunto personal y un ataque a la derecha españolista que lleva 16 años gobernando en la Comunidad de Madrid. El secretario general del PP madrileño y ex consejero de Interior, Francisco Granados, ha acusado a los huelguistas –muchos de ellos catedráticos y desde luego con más estudios que la cúpula del PP- de ser unos desarrapados del 15-M, mientras que la consejera de Educación, Lucía Figar afirmabaque los “indignados” que participan en las asambleas son los mismos que “agredieron a peregrinos” del papa.
La propia presidenta trató de desacreditarles afirmando que sólo trabajaban 20 horas a la semana pero tuvo que rectificar –con la boca pequeña, aclarando que en realidad su horario es de 36 horas como todo el mundo en la Administración y “que el tiene boca se equivoca”.
Durante todo el verano, la consejera Lucía Figar –la heredera de Aguirre e hija de su íntima amiga- ha estado tratando de romper la unidad sindical y conseguir que algunas organizaciones hicieran boicot a la huelga, aunque al final parece que sólo ha conseguido el apoyo de la USO y de alguna otra pequeña organización sectorial, mientras que el CSIF, considerado como más próximo al PP ha hecho ha convocado con los demás.
El cerebro de la estrategia de Aguirre en Educación es, sin embargo, la viceconsejera Alicia Delibes, esposa de su jefe de gabinete, Regino García Badell Arias Navarro, sobrino del último presidente del dictador Franco, Carlos Arias Navarro, que en su época de universitario militaba en las filas del anarquismo más duro. El problema es que Delibes es, según Aguirre, muy desastrosa al vestirse y cada vez que la ve le hace algún comentario: “hija, no te podías vestir un poco mejor. Y eso ha impedido que la nombrara consejera.
En los últimos años, el Gobierno de Aguirre ha venido concediendo terrenos y licencias de enseñanza concertada a importantes colegios dirigidos por católicos ultra pertenecientes a los Legionarios de Cristo y al Opus Dei. Incluso ha tratado de dar las ayudas públicas a colegios que mantienen la separación entre niños y niñas, algo con lo que se acabó hace más de 30 años incluso en los colegios católicos.
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