IU recurre el nombramiento de un alto cargo por no ser habilitado nacional

El Grupo municipal Izquierda Unida-Los Verdes de Leganés ha presentado un recurso de reposición contra el decreto dictado por el alcalde, Jesús Gómez (PP), el pasado 28 de junio sobre la delegación de competencias para el titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno local por contener "graves defectos de forma y fondo que lo hacen nulo de pleno derecho". Según IU, la persona designada para este cargo, J.V.S., no es "funcionario con habilitación de carácter estatal", lo que le impediría asumir el cargo. Ante ello, la coalición ha señalado que el regidor y la persona designada podrían "estar incurriendo en un presunto delito contra la Administración pública". Por ello, desde IU se ha asegurado que "se reserva los derechos para interponer la preceptiva denuncia o querella penal" y ha recordado que "el propio Ayuntamiento tiene la obligación de dar traslado del presente recurso y el citado decreto al Fiscal Jefe de los juzgados de Leganés". Por último, ha recordado que el artículo 405 del Código Penal señala que se castigará "con multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años a la autoridad que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello". Por su lado, el alcalde ha anunciado en un comunicado de prensa que se querellará contra IU si no retira su acusación de "nombramiento irregular de un alto cargo del Ayuntamiento". "Ignoro si la actitud de Raúl Calle se debe a la ignorancia, al resentimiento, a la estulticia o a la mala fe, pero le advierto de que sus calumnias no le van a salir gratis", ha asegurado el regidor tras tener conocimiento del anuncio de IU. Fuentes municipales han informado de que el presunto delito atribuido por IU al alcalde es la carencia de habilitación de carácter nacional (los denominados 'habilitados nacionales') del funcionario que, junto al primer edil, firmó el Decreto dictado por Alcaldía en lo tocante a la Delegación de Competencias del nuevo equipo de Gobierno municipal tras el cese voluntario del titular de la Oficina de apoyo a la Junta de Gobierno, que se produjo el 13 de junio, "el mismo en el que Jesús Gómez entró por primera vez en el despacho de Alcaldía". En este punto, Gómez ha remitido al informe verbal que ayer realizó en el Pleno la secretaria general del Ayuntamiento, quien justificó el nombramiento asegurando que se siguió el "el procedimiento contemplado para estos casos en el Artículo 33 del Real Decreto 1732/1994 de 29 de julio sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios habilitados estatales". ANTECEDENTES El anuncio de la interposición del recurso fue anunciado el lunes en Pleno por el portavoz de IU, Raúl Calle. Ante ello, la secretaria municipal informó de que la persona que iba a ocupar la plaza renunció a ella y que, ante la imposibilidad de nombrar a otro habilitado por cuestiones de incompatibilidades, se designó de manera provisional a un técnico de la Administración local. El alcalde aseguró ayer que la medida era "un acto necesario". "La Junta tiene que tener un titular para dar fe de los acuerdos. Estamos entrevistando a la lista de candidatos de la Comunidad de Madrid para que, a la mayor brevedad posible, se cubra la plaza. Está previsto en la ley", precisó al respecto. CRÍTICAS DEL PSOE Por su lado, el Partido Socialista ha asegurado este martes que el Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer "una reducción salarial de más del 30 por ciento para los concejales de la oposición pero no para el alcalde ni los y las ediles del Gobierno municipal". Además, ha cuestionado que el Pleno tuviera ayer que votar dos veces la propuesta de sueldos de los concejales porque la propuesta de Alcaldía contaba con un "reparo suspensivo de Intervención". "Es la primera vez que el Pleno del Ayuntamiento de Leganés aprueba una medida con un reparo suspensivo, hecho que jamás había sucedido en 32 años de gobierno progresista", han señalado los socialistas.