PP y PSOE se enzarzan en una "guerra" de imputados

El Partido Socialista de Madrid ha enumerado las "tonterías" por las que están imputados algunos miembros de las listas del PP de Madrid para las elecciones del mes de mayo y ha criticado la "frivolidad" que ha demostrado Aguirre al referirse en estos términos a los motivos que les han llevado a ser investigados por la Justicia.

Así, en una "primera relación", el PSM se ha referido en primer lugar al 'número 37' de la lista a la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, "imputado por tráfico de influencias en Guateque y Becara".

Posteriormente, los socialistas citan al candidato a la Alcaldía de Las Rozas y actual viceconsejero, Juan Ignacio Fernández Rubio, "imputado por un delito contra la ordenación del territorio y para quien el fiscal pide ocho años de inhabilitación para cargo público".

A continuación se refieren también al candidato de Guadarrama, Miguel Rodríguez Bonilla, "socio del anterior" y sobre quien pesa la "misma petición" y al cabeza de lista de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, "imputado por malversación, tráfico de influencia y negociaciones prohibidas a los funcionarios por enajenación de una parcela".

El PSM ha incluido en esta lista también al candidato de Coslada, Raúl Pérez Vaquero, "procesado a la espera de juicio oral" por "prevaricación y malversación" y sobre quien pesa una "petición del fiscal de ocho años de inhabilitación y dos años de prisión".

"Ha pagado 22.000 euros de fianza para eludir prisión preventiva. No ejecutó la sentencia de un Juzgado de lo Penal de Alcalá de Henares que en relación al exjefe de la Policía Local", explican los socialistas.

El listado de imputados continúa por el candidato a la Alcaldía de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, "implicado en el 'caso Porto' y al que la fiscalía le imputa prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, tráfico de influencias y falsedad".

La enumeración concluye con el candidato de Arroyomolinos, Juan Velarde ("prevaricación y malversación"); la candidata en El Boalo, Carmen Díaz (delito atentado contra vías pecuarias); la candidata en Belmonte, Ana María Pinos (falsedad documental y delito contra la ordenación del territorio); la cabeza de lista de Pinto, Miriam Rabaneda (malversación y prevaricación); y la candidata de Torres de la Alameda, Clara Torres (malversación).

"LO HA RECONOCIDO"

El diputado y 'número 3' de la lista socialista a la Asamblea de Madrid, Juan Barranco, ha destacado el hecho de que Esperanza Aguirre "ha reconocido que en las listas del PP hay un buen número de imputados, cosa que hasta ahora había negado".

"Sin embargo, ha indicado que la candidata del PP a la reelección pretende "quitar importancia al asunto, calificando de "tonterías" las causas por las que sus candidatos están siendo imputados".

"Su actitud se corresponde con la frivolidad con la que suele tratar temas importantes", ha asegurado Barranco, para quien "banalizar sobre imputaciones de cohecho o tráfico de influencias con diez cabezas de lista del PP de Madrid es demostrar una vez más esa línea habitual de Esperanza Aguirre, que acostumbra a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio".

Por su parte, el El PP de Madrid ha afirmado que el Partido Socialista de Madrid (PSM) "miente" sobre los imputados que el PP lleva en sus listas electorales, y ha señalado que los socialistas "llevan condenados" en las suyas.

El PP ha señalado en un comunicado que "el PSM ha vuelto a mentir", y cita una nota que ha remitido este miércoles el PSM en la que ha enumerado las "tonterías" por las que están imputados algunos miembros de las listas del PP de Madrid.

"El PSM ha vuelto a mentir en sus declaraciones, esta vez por boca de su número 3 a la Asamblea de Madrid, Juan Barranco, que ha difundido un listado de imputados populares a sabiendas de que mentía, incluyendo, por ejemplo a la candidata de El Boalo o al de Arroyomolinos", señala el PP en su comunicado.

La vicesecretaria general del Partido Popular de Madrid, Gádor Ongil, ha tachado de "tramposa esta manera de hacer política con la mentira entre los dientes", algo a lo que ya les "tiene muy acostumbrados el señor (Tomás) Gómez, y su partido, que no saben pasar un solo día sin acosar al PP a base de falsedades"

Ongil ha indicado que, a diferencia del Partido Popular, en las listas del PSOE "no sólo hay imputados, y muchos, sino que también hay condenados, como el señor Mariano Arévalo, número 45 de la candidatura de Tomás Gómez" y alcalde de Carabaña, y ha añadido que "qué se puede esperar de una formación política en la que la responsable de configurar las listas está también condenada por prevaricación", en referencia a la número dos del PSM, Trinidad Rollán.

En opinión de la vicesecretaria, "el señor Gómez debería mirar más dentro de su propio partido y tratar de solucionar sus propios problemas, que empeñarse en difundir mentiras sobre el Partido Popular".

Por otra parte, la Fiscalía del Área de Getafe-Leganés ha remitido al juzgado Decano de Aranjuez las diligencias de investigación de "determinadas" actuaciones urbanísticas municipales en la localidad arancetana al estimar que "existen indicios de la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y posible tráfico de influencias respecto a determinadas actuaciones", a raíz de la denuncia interpuesta por el secretario general del PCE de Aranjuez, Federico Banegas, contra el alcalde del municipio, Jesús Dionisio (PSOE), y el concejal de Urbanismo, Francisco Fernández.

Según el decreto de la Fiscalía fechado el pasado día 6, al que ha tenido acceso Europa Press, a la vista de los escritos presentados y la documentación adjuntada por los denunciantes, "se estima que existen indicios de la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y posible tráfico de influencias respecto a determinadas actuaciones", por lo que las remite al juzgado a "efectos de la incoación de diligencias previas".

En este punto, el decreto hace referencia a "la concesión de la ejecución del programa de actuación urbanística de 'Las Cabezadas' mediante el sistema de expropiación" y "a las permutas de determinadas parcelas entre el Ayuntamiento y sociedades mercantiles". Al mismo tiempo, hace alusión a la "adjudicación de determinadas parcelas y a la concesión de licencia de edificación en la zona conocida como 'El Montecillo'".

El responsable del PCE, Federico Banegas, y el candidato a la Alcaldía por la Candidatura Comunista para el Progreso de Aranjuez (CCPA), Rafael Páez, han dado a conocer este miércoles la resolución de la Fiscalía, que se produjo a raíz de los escritos de denuncia que presentaron en marzo de 2009 --y que meses después fueron ampliados-- contra el alcalde, el concejal de Urbanismo, Francisco Fernández, y el gerente de la empresa municipal SAVIA, Diego Martínez, por un presunto "delito de corrupción" y presuntas irregularidades, según ha informado Banegas.

Los denunciantes han asegurado que detectaron "irregularidades" en el desarrollo 'Las Cabezadas', concretamente en el sistema de gestión mediante expropiación, de tal manera que, según han explicado, la adjudicataria del concurso, 'Isolux Wat SA', no fue presumiblemente la empresa que firmó el convenio con el Ayuntamiento. En su lugar, habría sido 'Cabezadas Aranjuez SL', operación que "carecería presuntamente de todo requisito legal".

En este aspecto han recordado también que denunciaron la venta de 'Cabezadas Aranjuez SL' a Caja Castilla-La Mancha "del 60 por ciento de la concesión sobre el PAU de Las Cabezadas", así como las "conexiones empresariales" con "otras empresas y personas vinculadas al Partido Socialista".

Otra actuación denunciada fue la permuta de parcelas y adjudicaciones "en el denominado sector de AGFA", operaciones que, según los denunciantes, "han podido provocar perjuicio económico para las arcas municipales, y un posible favorecimiento ilegal a diferentes empresas".

"FUERA DE ORDENACIÓN"

En cuanto a la actuación en 'El Montecillo', Banegas y Páez han subrayado que se pudieron producir "posibles ilegalidades en el sistema de concesión al quedar fuera de ordenación y, por lo tanto, al haberse ejecutado una obra sin licencia mediante expropiación", lo que "podría tener un coste para el pueblo de Aranjuez en torno a 18.000.000 euros".

Por su parte, fuentes municipales no han querido valorar el escrito de Fiscalía y han recordado que, de las múltiples causas similares que hasta el momento se han interpuesto contra el Ayuntamiento, "todas han sido archivadas" sin consecuencias para el Consistorio. En cualquier caso, han asegurado que atenderán cualquier reclamación del fiscal o del juzgado sobre esta denuncia.

Por otro lado, el decreto de la Fiscalía considera que "debe procederse al archivo de la denuncia" presentada por posibles irregularidades en las obras ejecutadas en un inmueble ubicado en el número 50 de la calle Almíbar, "al tratarse --argumenta-- de hechos ya judicializados por los que se siguen diligencias previas en el juzgado de Instrucción número 2 de Aranjuez".