La Fiscalía presenta denuncia contra 175 controladores

La Fiscalía de Madrid ha remitido al Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de Plaza de Castilla la denuncia contra 175 controladores aéreos por un presunto delito de sedición por el caos aéreo provocado el 3 y 4 de diciembre con la finalidad de que un juez les cite a declarar en el marco de unas diligencias penales. Así lo ha confirmado el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, quien ha adelantado que "intervendrán en las diligencias con todas las consecuencias". Además, Esteban ha señalado que nada más recaiga la denuncia en un juzgado concreto pedirán que su titular tome declaración como imputados a los controladores que se negaron a declarar ante el fiscal. Hasta ahora, los controladores no han querido prestar declaración hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos interpuestos contra el estado de alarma y la militarización del espacio aéreo. Los controladores no reconocían la competencia del fiscal para interrogarles, puesto que entienden que se les debe tomar declaración bajo la jurisdicción militar desde el momento que pasaron a ser movilizados por la declaración del estado de alarma. Las investigaciones están encaminadas a conocer cómo se coordinaron los controladores las horas antes de que anunciaran las bajas médicas masivas para alegar incapacidad de trabajar. El delito de sedición está castigado con penas de entre ocho y diez años de prisión, según el artículo 545 del Código Penal, para los que hubieren "inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores", y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. En el caso de que los imputados no sean los instigadores, "se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años", según precisa el segundo punto del artículo 545 del Código Penal. Por otra parte, la Agrupación de Afectados por el cierre del espacio aéreo, ocasionado por los controladores el pasado 3 y 4 de diciembre, y el despacho que la asesora, Cremades & Calvo-Sotelo, han coordinado la emisión de un mismo tipo de poder con más de 150 notarías de toda España para facilitar que los afectados puedan cumplimentar de manera unitaria el otorgamiento de los correspondientes poderes para pleitos. Estos poderes son necesarios para que los abogados realicen las acciones legales que se consideren oportunas para alcanzar la indemnización pretendida por el colectivo, informó el despacho Cremades & Calvo-Sotelo. En concreto, esta agrupación de afectados solicita la devolución de los daños materiales sufridos y una indemnización global para cada uno de 10.000 euros. Estas notarias habilitarán unas horas al día durante todo el mes de enero (únicamente los días laborables y en horario de oficina) para que cualquier afectado, que haya contactado previamente con la notaría, pueda otorgar ante notario el correspondiente poder para pleitos. Será imprescindible que los afectados comparezcan en las notarías con su documento nacional de identidad vigente y que la representación de los menores de edad se acredite con el correspondiente Libro de Familia. La agrupación ha puesto en marcha esta forma colectiva de otorgamiento de poderes para facilitar "un importante ahorro económico a los afectados", indicó el despacho. En cualquier caso, los afectados podrán acudir a cualquier otro notario español pidiendo que se otorgue un poder según el modelo tipo que se encuentra en la web de la agrupación y del despacho. La selección geográfica de las notarías se ha elaborado en función de la procedencia de los afectados, con el fin de facilitar al máximo este trámite y que la mayoría de ellos pueda acudir a una notaría de su propia ciudad. El mayor número de afectados se encuentra en las ciudades de Madrid, Barcelona, Tenerife, Sevilla, Mallorca, Málaga, Bilbao, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza.