Toxo y Méndez, en estado de shock

Los dos jefes sindicales, Ignacio Fernández Toxo (CC.OO.), y Cándido Méndez(UGT), tienen un serio problema que no saben cómo resolver una vez que se han convencido de que las medidas anti sociales del Gobierno de Zapatero no tienen marcha atrás como ellos creían después de la huelga de 29 de septiembre. Por un lado saben que si fuerzan mucho la máquina y se colocan frente a ZP la victoria del PP de Rajoy será inevitable y con ella se afianzará las medidas de ajuste del capitalismo. Por otro, si no plantan cara, los sindicatos se hundirán.

De alguna manera la situación es muy parecida a la que vivieron Marcelino Camacho y Redondo en septiembre de 1977 cuando tuvieron que tragarse los famosos Pactos de la Moncloa, que fueron el primer ajuste social importante de la transición del franquismo a la democracia para resolver los efectos de la crisis del petróleo de 1973, entre ellos una inflación de más del 30%. 18 meses antes, en enero y febrero de 1976, el último Gobierno del franquismo había tenido que militarizar los transportes y Correos para parar una huelga general que hubiera dado alas a las fuerzas revolucionarias frente a los pactos con los franquistas.

En la crisis de 1985-99, ya con el Gobierno de Felipe González, Antonio Gutiérrez, por CC.OO., y Nicolás Redondo, por UGT, tuvieron que enfrentarse a una nueva ofensiva antisocial con los programas de reconversión industrial que cerraron astilleros y siderurgias dejando en la calle a miles de obreros. La situación llegó a ser tan dramática en algunos lugares, como los Altos Hornos de Vizcaya, en Bilbao, o los Astilleros en Cádiz, Vigo o Gijón, donde los obreros se encerraron y trataron de impedir sus desalojos fabricando armas propias para responder a la Policía Antidisturbios.

El 14 de diciembre de 1988, los líderes sindicales se lanzaron a una huelga general que acabó con la dimisión de Nicolás Redondo como diputado del PSOE y con la primera gran crisis abierta entre el partido y el sindicato socialistas, lo que provocó además que la gran banca se cargara el macro proyecto de construcción de viviendas de la UGT, la PSV, retirando los créditos a las promociones. El propio Redondo estuvo a punto de ir a la cárcel cuando la promotora de cooperativas cayó y fue acusada de estafa.

También CC.OO sufrió las batidas conjuntas del Gobierno de Felipe González y del mundo financiero, lo que a la postre llevó a que Antonio Gutiérrez fuera sustituido por un representante de su ala más derechista y procapitalista, José María Fidalgo, de quien se ha llegado a decir que podría fichar por la UpyD de Rosa Díez, e incluso por el PP.

Todos estos antecedentes hacen que Toxo y Méndez se lo piensen mucho antes de echar un pulso definitivo al Gobierno de Zapatero, que tiene en sus manos mucho resortes que pueden dar la puntilla a unos sindicatos convertidos, en gran parte, en meros aparatos administrativos, con grandes dosis de endogamia laboral y de autocomplacencia.

Los años de vacas gordas de la burbuja inmobiliaria han desdibujado la labor sindical y a los líderes sindicales les cuesta mucho cambiar el chip y arrancar de nuevo en una sociedad super individualizada. Dos años han tardado en reaccionar a los más de cuatro millones de despidos, hasta que la rebaja salarial a los funcionarios y la reforma laboral decretada por el Gobierno les obligara a convocar primero una huelga en la Administración Pública, y luego la huelga general del 29 de septiembre, a toro pasado y cuando el Congreso había ya aprobado por mayoría esas medidas.

Esperar a que el Gobierno apruebe la ampliación de la edad de jubilación es un error que Toxo y Méndez saben que no pueden volver a cometer, pero no saben cómo arreglarlo. Las concentraciones y manifestaciones convocadas en toda España son como un txirimiri sindical, que a veces ni siquiera logra salir en los periódicos. La huelga de controladores y la dura respuesta del Gobierno decretando el Estado de Alarma también les ha dejado perplejos, sin que ninguno de los dos líderes sindicales se atreviera a decir nada hasta pasados varias días en los que han mostrado su oposición a la medida gubernamental, pensando más en los que puede pasarles cuando llamen a la huelga general contra la privatización de Aena.

El verano pasado, y adelantándose a la huelga general, los trabajadores del Metro de Madrid se declararon en huelga contra la rebaja salarial decretada por Esperanza Aguirre. La presidenta respondió poniendo unos servicios mínimos del 50%, claramente abusivos, por lo que una parte de los conductores del Metro hicieron lo mismo que los controladores, directamente no fueron a trabajar, paralizando todo el servicio. Si eso volviera a ocurrir seguramente se declararía también el estado de alarma y la militarización del Metro, con la circunstancia de que tanto en el Metro como en Aena, la opinión pública fue movilizada por los medios de comunicación contra los trabajadores.