El TSJM anula la composición del Grupo Municipal del PP de Boadilla por falta de escrito de constitución

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado en una sentencia firme la nulidad de la composición del Grupo Municipal del Partido Popular en Boadilla del Monte tras las elecciones de 2007 en las que salió elegido como alcalde Arturo González Panero.

En un auto de aclaración, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM acuerda estimar el recurso de apelación interpuesto por Alternativa por Boadilla, a través de Ángel Galindo, contra la sentencia de 15 de octubre de 2008, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid.

De este modo, el TSJM acuerda revocar la citada resolución y declara la nulidad del apartado 2 referido a la "constitución de grupos políticos" del acuerdo del pleno municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, de fecha 28 de junio de 2007, por el que se procedió a la constitución del Grupo Municipal Popular.

En el auto, el TSJM aclara que la sentencia procedía a declarar la nulidad del acuerdo impugnado por falta de escrito de constitución del Grupo Popular, "excediéndose en el fallo a acordar la nulidad de todo acuerdo cuando en el suplico de la demanda sólo pedía la nulidad del apartado 2".

Por ello, la Sala precisa que el auto de aclaración se limita a "la nulidad del acuerdo del apartado 2 y en relación a la constitución del Grupo Municipal Popular de acuerdo con los razonamientos contenidos en la sentencia".

El caso se remonta a junio de 2007 cuando Alternativa por Boadilla interpuso una denuncia ante los Juzgados en la que impugnaba por ilegal el Pleno por el que se compuso el Grupo Municipal del Partido Popular en dicha localidad.

El abogado y denunciante Ángel Galindo ha explicado a Europa Press que la denuncia se presentó por "la indebida constitución del citado Grupo Municipal y sus concejales", puesto que "no se constituyeron legalmente como grupo al no presentar el escrito de constitución".

Según Galindo, "no quedó constituido el grupo político porque no se presentó el escrito necesario para su constitución en el pleno firmado por todos los integrantes del PP, donde se designaba los concejales del PP, el portavoz y el portavoz suplente".

Por tanto, se declara ilegal la constitución del Grupo Municipal del PP de Boadilla del Monte bajo la presidencia de Arturo González Panero. Según Galindo, contra la citada reolución no cabe recurso, puesto que es firme y deriva en la disolución del PP en el Ayuntamiento de Boadilla.

De este modo, los actuales concejales del citado grupo quedarían como concejales no adscritos a ningún grupo político. "Se trata de una muestra más de cómo el PP ha actuado en Boadilla estos años y de su absoluta inobservancia de la ley durante estos años", ha recalcado Galindo.

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcorcón ha citado a declarar a los miembros del equipo de Gobierno del Partido Popular en el año 2002 por su presunta implicación en un delito de prevaricación cometido por supuestas irregularidades producidas en la aprobación de los planes parciales de actuación urbanística PP-7 'Parque de Ocio Universitario' y PP-12 'La Ronda', en el barrio de Fuente Cisneros.

Así, el juez ha citado el próximo día 10 de diciembre al ex alcalde Pablo Zuñiga y a los ediles Yolanda Pérez, Francisco José Torres, María Belén Sánchez, Plácido García, Rafael Resano y Susana Lorenzo.

Por su parte, tendrán que acudir al Juzgado el 13 de diciembre el actual portavoz de la formación, Fernando Díaz, y los por entonces concejales de la Corporación Eduardo Collado, Felipe García, Eduardo Álvaro Reigosa, Alberto Moreno, José Luis García y Laureano Fernández.

Los citados deberán prestar declaración tras la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal a instancias del Ayuntamiento de la localidad, que en noviembre del pasado año y a través del actual alcalde, el socialista Enrique Cascallana, dio traslado de los informes urbanísticos y jurídicos que demostraban las presuntas irregularidades cometidas por los populares en el barrio de Fuente Cisneros.

Concretamente, el regidor consideraba que en dichos informes queda acreditado que el Gobierno local dirigido entonces por el PP "incumplió las normas básicas del planeamiento" ya que se "incrementó el número de viviendas permitidas por el PGOU" a la vez que "se eliminaron viviendas públicas por debajo de lo que exigía la Comunidad de Madrid".

Asimismo, Cascallana denunció que este planeamiento supuso la construcción de 1.100 viviendas que se levantaron "sin el informe jurídico correspondiente que acreditase su validez", a lo que se une la ausencia de terrenos cedidos para la construcción de equipamientos educativos o sociales.