El Observatorio Social de la Dependencia calcula que son 24.000 las personas valoradas y en lista de espera

El Observatorio Social de la Dependencia --integrado por CC.OO., UGT, la FRAVM y CECU-- ha calculado que en la Comunidad de Madrid existen alrededor de 24.000 dependientes en lista de espera "con el dictamen realizado y con el derecho (a percibir ayuda) reconocido".

De ello acusan directamente al Gobierno de Esperanza Aguirre ya que creen que el problema no es tanto de presupuesto sino de "falta de voluntad política". Así lo han expuesto la secretaria de Igualdad de CC.OO Madrid, Ana González, y la secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid, Ana Sánchez, después de reunirse con el portavoz de IU en el Ayuntamiento de la capital y candidato a la Alcaldía, Ángel Pérez.

Desde CC.OO. creen que el Gobierno de Aguirre está "priorizando sus intereses partidistas a los de los ciudadanos" y todo ello con una gestión "opaca". Como ejemplo de ella han destacado que los únicos datos conocidos son los aportados por el Ministerio, que detallan que alrededor de 24.000 dependientes madrileños siguen en lista de espera después de haber sido valorados y reconocido su derecho a percibir ayudas.

Ana González ha considerado además que el Ejecutivo regional "maltrata" a las corporaciones locales y ha puesto como ejemplo al Ayuntamiento de Madrid, municipio del que procede el 75 por ciento del volumen de solicitudes de atención a la dependencia en la región. "El problema no es sólo de financiación, también es una cuestión de voluntad política. Se debe apartar los problemas internos del partido y centrarse en los intereses de los ciudadanos de Madrid y sus derechos", ha apuntado.

Por su parte, desde UGT Ana Sánchez ha apostillado que la gestión regional de la Ley de Dependencia es "lamentable" ya que la Comunidad de Madrid "está a la cola, sólo por delante de Canarias". "Hay más de 24.000 personas con dictamen realizado y con el derecho reconocido esperando a que la Comunidad de Madrid les preste algún tipo de ayuda", ha subrayado. Todo ello "sin contar las miles de solicitudes guardadas en cajas y que todavía no han sido ni registradas ni valoradas".

A su vez, el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Ángel Pérez, ha señalado que si Esperanza Aguirre, como ella mismo afirmó, conoce la realidad de la dependencia en Madrid eso la hace "responsable políticamente y moralmente también se lo debería hacer mirar".

El problema de fondo es que el Ejecutivo de Aguirre "no cree en esta política pública". "Esperanza Aguirre no creyó en la ley cuando se aprobó en el Congreso, no se la cree ahora, el Gobierno de la Nación no obliga a cumplir la ley, ni el señor Alberto Ruiz-Gallardón se siente afectado por la ley", ha criticado tras sostener que esta norma "debería haber nacido con los equipamientos necesarios y con una política presupuestaria suficiente".

DE LA BENEFICENCIA A LA POLÍTICA SOCIAL

"Creemos que en España queda dar un paso, el de la beneficencia a la política social y del instinto a la conciencia para ser un país totalmente democrático", ha declarado Ángel Pérez. El líder municipal de la coalición de izquierdas ha insistido en que la filosofía de la dependencia "no es la del cheque", una medida sólo apta para zonas rurales al no existir ahí una red asistencial.

"Transferir recursos públicos a bolsillos privados no tiene nada que ver con la dependencia porque no es un negocio. Aplicar la ley no es repartir cheques a las familias ya que lo único que se consigue retener a las mujeres en los hogares cuidando a los dependientes", ha indicado Ángel Pérez.

Aplicarla sería, en su opinión, "incrementar los presupuestos, dotar de equipamientos para la atención personal, contar con personal preparado y no descansar en estructuras privadas para montar un gran negocio alrededor de las personas dependientes".

A todo esto, Ana Sánchez ha añadido que la Comunidad "no se ha creado ni una sola plaza pública de residencia desde que arrancara la ley en esta región, solamente hay conciertos con la empresa privada y esa generación de empleo que motivaría, unos 50.000 puestos, no se cumple, al contrario, se destruye".

El Observatorio ha solicitado a la Comunidad la creación de un comité consultivo para seguir la implantación de la norma así como instrumentos de control e inspección. "La respuesta ha sido cero por parte de la consejería", han sostenido desde el Observatorio.

Por su parte, el director general de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha tachado al Observatorio Social por la Dependencia de "instrumento de desgaste" del Ejecutivo de Esperanza Aguirre.

"No es más que un mero instrumento de confrontación política en manos de los sindicatos que, en lugar de defender los intereses de los trabajadores o de las personas en situación de dependencia, tan solo busca desgastar al Gobierno de Esperanza Aguirre", ha defendido.

García Martín ha considerado que la plataforma carece de los datos necesarios para poder criticar la aplicación de la ley en la Comunidad de Madrid y "no representa los intereses de las personas en situación de dependencia".

El director general ha reiterado el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid con la aplicación de la Ley de Dependencia y recordó que 8 de cada 10 solicitantes de dependencia con derecho a prestación y con su documentación completa ya reciben el recurso o prestación que han solicitado.

Asimismo, ha recordado que más del 90% de las personas que han solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia han sido valoradas en sus propios domicilios por un equipo multidisciplinar. Asimismo, destacó que según datos recogidos por la propia Administración General del Estado, entre las que se encuentra las estadísticas del SAAD, la Comunidad de Madrid sigue siendo la región con más plazas residenciales y de centro de día por habitante, gracias a una red de servicios sociales que supera las 50.000 plazas, a las que hay que sumar los servicios de atención domiciliaria.

Así, la Comunidad de Madrid atenderá en 2010 gracias a un presupuesto que supera los 900 millones de euros, a casi 150.000 personas con servicios de promoción de la autonomía personal y con servicios de prevención y atención a la dependencia. "Hemos duplicado el número de personas atendidas en los últimos 7 años, lo que demuestra el compromiso del Gobierno regional por la atención a la dependencia y la promoción de la autonomía personal", ha declarado.

También han tenido palabras contra el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, que ha dicho que la filosofía de la dependencia "no es la del cheque", una medida sólo apta para zonas rurales al no existir ahí una red asistencial.

"Transferir recursos públicos a bolsillos privados no tiene nada que ver con la dependencia porque no es un negocio. Aplicar la ley no es repartir cheques a las familias ya que lo único que se consigue retener a las mujeres en los hogares cuidando a los dependientes", ha indicado Ángel Pérez.

García ha asegurado que la Comunidad está cumpliendo con la aplicación de la Ley de Dependencia, que recomienda priorizar la prestación de un servicio por encima de la concesión de prestaciones económicas por cuidado en el entorno familiar y que contempla dicha cuantía económica como excepcional.

"Frente a comunidades autónomas gobernadas por la izquierda en las que se está priorizando la concesión tanto de prestaciones económicas por cuidados con el entorno familiar como aquellas vinculadas a la prestación del servicio, en la Comunidad de Madrid apostamos por la red asistencial más amplia de España", ha precisado el director general.

Por último, el director general ha recordado que en la última reunión mantenida este Observatorio, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales propuso la elaboración de un trabajo conjunto entre ambas partes sin que por ahora se haya obtenido respuesta al respecto.

También pidió a los sindicatos UGT y CC.OO que apoyen a la Comunidad de Madrid en su interés "por desarrollar unos servicios públicos de calidad y que exijan al Gobierno de la Nación la financiación suficiente para poder mantenerlos, ya que no hay que olvidar que, en el caso de la Comunidad de Madrid, son los presupuestos regionales los que sufragan el 70% del coste de la aplicación de la Ley de Dependencia, en lugar del 50% que les corresponde".