El Ayuntamiento niega la imputación del alcalde en un caso de presunta prevaricación por adjudicación de contratos

El Ayuntamiento de Alcorcón ha negado este lunes la imputación del alcalde del municipio y senador por Madrid, Enrique Cascallana, en un presunto caso de tráfico de influencias después de que, el pasado viernes, el Tribunal Supremo diese traslado de la causa por la adjudicación a una misma empresa de 170 contratos menores a los juzgados de Alcorcón, tras la querella presentada en mayo por el portavoz del PP en la localidad, Fernando Díaz.

La denuncia fue presentada por el responsable popular en relación a la adjudicación de 170 contratos menores a la empresa Rayo 3 Publicidad, propiedad de Rosa Cano, militante socialista y miembro de la Ejecutiva de la Agrupación Socialista local.

Díaz aseguraba entonces que el concejal de Educación y Deportes, Fernando Clouté, como máximo responsable del Patronato Municipal de Deportes, había ejecutado 174 contratos a esta empresa por un valor de 92.337 euros, a los que se sumaban 171 contratos más, por un importe de 205.034 euros, adjudicados por concejalías como las de Cultura, Mujer, Hacienda, Seguridad, Juventud, Bienestar Social, Mayores, Parques y Jardines, Régimen Interior y Educación, y departamentos como Alcaldía, Comunicación, Administración y el IMEPE.

El pasado viernes, el Tribunal Supremo rechazó admitir a trámite la querella por entender, tanto el juez como el Ministerio Fiscal, que "de lo actuado hasta ahora no resulta imputación de delito lo suficientemente individualizada y con un mínimo de respaldo probatorio" contra Enrique Cascallana, por lo que "se acuerda declarar la no competencia para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento de los hechos objeto de la querella".

Asimismo, el auto del TS, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que el querellante "invoca como fuente de conocimiento de los hechos informaciones periodísticas que no garantizan la exactitud de los extremos descritos", por lo que "no puede decirse que existan elementos para tener por inculpado en razón de tales hechos al denunciado".

Por su parte, fuentes municipales han explicado que todas las contrataciones a las que se refiere la querella del PP local son perfectamente lícitas y que, en el caso de aquellas que lo han requerido por su cuantía --entre 3.000 y 18.000 euros-- han contado con el visto bueno de la Mesa de Contratación que, precisamente, preside el Partido Popular.

A esto se une, según estas mismas fuentes, el hecho de que el propio Fernando Díaz, durante su periodo como concejal en el Consistorio alcorconero, realizó "numerosas contrataciones" con esta misma empresa por una cantidad global "superior" a la que recoge la denuncia del PP.