González asegura que "no se pueden mantener prácticas fraudulentas para tener más liberados" sindicales

El vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado que "no se pueden mantener prácticas fraudulentas para tener más liberados sindicales" y "hay que ajustarse a la ley, más en época de crisis", posicionándose así sobre la reducción de los liberados sindicales en la Comunidad de Madrid.

"Para nada se van a recortar los derechos sindicales, lo que vamos a hacer es aplicar las previsiones de la Ley del Estatuto del Empleado Público, aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2007, que establecía un nuevo cómputo de horas de liberación sindical, que pasaban de 75 a 40", ha explicado González en una entrevista concedida a Telemadrid y recogida por Europa Press.

En este sentido, ha asegurado que "es una obligación legal que no se está aplicando", y "hay que ser cuidadosos en este tema, y más en época de crisis, porque las liberaciones generan un sobrecoste que no se puede mantener".

También se ha referido a la reunión del Consejo General de la Función Pública, que se celebrará a las 12.30 en la sede de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior para tratar la reducción de los liberados sindicales. De ella ha dicho que se tratará de aplicar la ley consensuadamente con los sindicatos, y se les exigirá que en el asunto de los liberados, "se ajusten a las previsiones legales".

"Lo que no puede ser es seguir con algunas prácticas que se hacen desde hace muchos años, como por esta vía de acumulación de horas sindicales, liberar a más gente o crear de manera forzada centros de trabajo para así poder generar más horas sindicales", ha señalado para añadir que estas prácticas "son bastante utilizada por los sindicatos para extender el número de liberados", quienes son "personas que dejan su puesto de trabajo para presuntamente hacer labores sindicales".

Hablando sobre la Huelga General del próximo 29 de septiembre, el también portavoz regional ha señalado que las huelgas generales "nunca son buenas" y que los sindicatos se han visto "obligados" a convocarla "después de haber sido cómplices de la política económica de Zapatero durante estos años". "Eso explica que el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, diga una cosa tan surrealista como que ir a esta huelga general 'es una putada'", ha indicado.

Por eso, ha dicho, "los sindicatos tienen que desviar el tiro", y por ello se pueden ver cosas como "esos videos impresentables del Chiquilicuatre, que son absolutamente impresentables en un país serio". "Me parece increíble que los propios trabajadores puedan hacer esos vídeos descalificativos de los empresarios, que son los auténticos generadores de empleo y los que tienen que tirar adelante del país para resolver el problema del paro", ha lamentado.

Preguntado por si, al celebrarse en Madrid, la Huelga podría dedicarse a criticar a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, González ha aseverado que eso "ya ha ocurrido en anteriores convocatorias". "Cuando ha habido convocatorias sindicales, siempre han sido en Madrid, y encabezadas con pancartas contra Aguirre, que en esto nada tiene que ver, pero esto es consecuencia de la contradicción en la que se han colocado los propios sindicatos", ha dicho.

Representantes de los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIT-UP han acudido esta mañana a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, donde estaban convocados para asistir a la reunión del Consejo General de la Función Pública y donde han anunciado, minutos antes de entrar, que no aceptarán ningún recorte de liberados porque la cifra actual está regulada por ley y que tomarán medidas en el caso de que los ajustes se lleven a cabo.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Fernando Sánchez, ha indicado, en primer lugar, que estaba "asombrado" por que se hubiese convocado la Mesa General de Empleados Públicos, y que espera así que el consejero Francisco Granados, "tenga la posición de empezar a recuperar el diálogo social en la Comunidad de Madrid".

Además, ha dicho que la región "tiene los delegados sindicales que marca la ley y los acuerdos convencionales con el Gobierno de Aguirre", y ha negado que la cifra se sitúe en 3.000 en la región. "Si Granados cree que es así, que dé nombres y apellidos", ha dicho.

En este sentido, ha advertido de que los sindicatos "no aceptarán ningún recorte", y ha anunciado que en caso de concretarse, tomarán "las medidas jurídicas, políticas y de todo ámbito" que lleven a defender sus posiciones en la Comunidad de Madrid.

"No tenemos la culpa de que por motivos que nos tendrán que explicar, Esperanza Aguirre ponga en la agenda política lo que es rutina negocial, y eso nos preocupa por la deriva antisistema que pueda poner", ha señalado.

En esta misma línea, ha considerado que reducir delegados es "reducir derechos" al igual que "no negociar la salud laboral, la ley de igualdad o el no respetar los acuerdos convencionales y de todo tipo firmados con el gobierno".

En cualquier caso, ha dicho que a la reunión acuden a "negociar el conjunto de las relaciones laborales de los trabajadores de la Comunidad", y aunque todos "están preocupados por los liberados sindicales", eso "es un capítulo aparte que no es el más importante".

"Lo que nos preocupa es la situación de los empleados públicos, las políticas de igualdad, que no haya ofertas de empleo publico, que esté rota la mesa de negociación en sanidad, educación y justicia, eso es lo grave, y este capítulo de derechos sindicales es uno mas", ha aseverado.

En esta misma línea se ha mostrado el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Madrid, Juan Antonio Olmos, quien ha asegurado minutos antes de entrar en la Consejería que no sabía qué temas se tratarían en la reunión.

"Lo que si sabemos los tres sindicatos que tienen la capacidad legal para estar presentes en la Mesa General de Negociación (UGT, CC.OO. y CSIT-UP) es lo que queremos y lo que quieren los trabajadores, así como las deficiencias que hay que poner en la mesa", ha indicado.

Refiriéndose al recorte de liberados, Olmos ha asegurado que ellos no tienen "ningún problema" ya que están "cumpliendo la ley". "El capítulo de derechos sindicales es uno entre los 300 que tienen los convenios, y el capítulo principal son las condiciones de trabajo, las condiciones salariales, el empleo, las condiciones de atención al ciudadano esas son las cosas que nos preocupan", ha señalado.

Por otra parte, la teniente de alcalde y delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, ha opinado este viernes que "seguro que los liberados sindicales, que saben como nadie de la crisis de los trabajadores en España y en Madrid, estarán de acuerdo en solidarizarse con ellos".

En declaraciones a los medios durante un desayuno informativo, la edil ha hecho referencia así a toda la polémica surgida por el anuncio de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de revisar y reducir el número de liberados sindicales de la Administración autonómica para "ajustarlo a la ley".

"Seguro que los sindicatos, que saben como nadie de los crisis de los trabajadores en España y Madrid, tienen que estar de acuerdo en que ellos que son representantes de los trabajadores tienen también que ajustarse el cinturón. En todas las administraciones públicas todos hemos visto recortados nuestros sueldos, y no tengo ninguna duda de que los representantes de los trabajadores tienen que estar de acuerdo en solidarizarse con ellos", ha considerado.

Así, se ha referido a las palabras del vicealcalde, Manuel Cobo, quien el jueves afirmó que el número de liberados sindicales del Consistorio se ajusta a la legalidad, pero ha recordado que "en la Comunidad de Madrid lo supera". "Así que se va a ajustar a lo que establece la ley, y estoy segura de que los representantes sindicales estarán muy satisfechos de ser solidarios con quien se ha tenido que apretar el cinturón", ha insistido.

Con respecto al llamamiento que los sindicatos han hecho a los abuelos españoles para que el 29 de septiembre no cuiden de sus nietos y acudan a la huelga general, Botella lo ha definido como una petición "de chiste" e "insólita", añadiendo que, "sinceramente", ella no ve "a muchos abuelos yendo a la huelga general".

"Creo que ninguna administración debe tratar de entrar en las relaciones familiares. Yo soy abuela, y me resultaría cómico que los sindicatos me llamaran a la huelga. Es sorprendente que intenten entrar en la relación familiar que, con los problemas sociales y con la crisis económica tan presentes menos mal que está. Y tratar de entrar ahí me parece insólito", ha zanjado.