Estrada, imputada en el Gürtel, niega su participación en la ampliación de un contrato por un 116,5% más

La ex concejal del PP de Pozuelo de Alarcón Yolanda Estrada ha negado durante su declaración como imputada ante el magistrado Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, su participación en el expediente de ampliación de un contrato de las obras de acondicionamiento del Arroyo de las Cárcavas por un 116,5 por ciento más del coste de adjudicación.

El juez Pedreira ha tomado por segunda vez declaración a Estrada, quien se encuentra imputada por varios delitos de corrupción. Su letrado, Enrique Luzón, ha manifestado al concluir que la comparecencia versó sobre la petición de archivo de la causa respecto a su cliente, que será resuelta en cinco días por escrito.

Sin embargo, la representación procesal del PSM-PSOE ha especificado a Europa Press que la comparecencia se centró en la presunta participación de Estrada en la ampliación de un contratos por más del 100 por ciento de la adjudicación.

La obra, relativa al Parque de Cárcavas se presupuestó en unos 6 millones de euros. El Ayuntamiento de Pozuelo la adjudicó por 4,5 millones y costó 11 millones de euros, es decir, un 116,5 por ciento más del coste de adjudicación.

La adjudicación resultó una Unión Temporal de Empresas compuesta por EOC Obras y Servicios, y Acanto Instalaciones. Un grupo del que forma parte Constructora Hispánica, cuyo presidente Alfonso García Pozuelo Asins, es uno de los imputados en la trama de corrupción.

El letrado del PSM ha señalado que Estrada ha intentado justificar su participación, basándose en la legalidad del expediente. "Es una absoluta ilegalidad. El parque funcionaba desde junio de 2007 y en diciembre hacen una ampliación de contrato de 4,5 a once millones.

En concreto, el ex alcalde Jesús Sepúlveda, otro de los imputados, inauguró el Parque el 4 de julio de 2007, pero la autorización de esa modificación del proyecto se hizo meses después.

SIN COMPETENCIAS

Por su parte, el letrado de Estrada ha insistido en que su patrocinada no tenía competencias en esa materia. La propia Estrada ha aclarado que era concejal de Obras, Servicio y Contratas hasta 2007 y que luego su Concejalía pasó a Obras, Servicios y Limpieza, dejando de tener competencias en contratación.

"He venido a declarar para colaborar con la Justicia y cada vez vendré a hacerlo. Pediros que no condenéis antes de tiempo", ha manifestado la concejal de Pozuelo, quien no está adscrita a ninguna formación.

Su abogado ha asegurado que están "moderadamente optimistas" respecto a la petición de sobreseimiento, puesto que su clienta es "absolutamente inocente". "Se la ha imputado por escritos anónimos, que son tendenciosos, difamadores e inadmisibles como pruebas", ha remarcado.

Estrada fue concejal de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y secretaria de Presidencia local de la formación y está relacionada con las acciones llevadas a cabo por el ex alcalde, Jesús Sepúlveda, otro de los imputados en la trama encabezada por Francisco Correa.

La edil dimitió de su cargo el pasado 13 de enero tras declarar ante el magistrado. Estaba al frente de la secretaría de la Junta Local de Gobierno y tenía la titularidad de las áreas de Gobierno y gestión de Mujer, Presidencia, Cultura, Relaciones Institucionales y Protocolo.

El pasado 20 de mayo, Estrada fue expulsada del Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Pozuelo, del que formaba parte como edil sin atribuciones desde su imputación en el caso Gürtel el pasado mes de enero. Ahora, es concejal sin estar adscrita a ninguna formación política.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción se ha sumado a la petición de varias partes personadas en el proceso penal del 'caso Gürtel' en Madrid para solicitar al juez Antonio Pedreira que expulse a la representación procesal del Partido Popular como acusación popular por su posición "fraudulenta" en el proceso penal que investiga la trama de corrupción.

En un escrito remitido al magistrado el pasado 8 de septiembre, las fiscales adscritas a la causa se adhieren a los escritos presentados por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y el portavoz del PSPV-PSOE en Las Cortes Valencianas, Ángel Luna. En el escrito, los fiscales aseguran que el PP actúa en "claro fraude de Ley" por desempeñar una labor de defensa, amparándose en su condición de acusación popular.

La Fiscalía ya solicitó en un escrito presentado en octubre de 2009 esta petición, al denegarla el magistrado instructor. A tenor de los escritos presentados por el portavoz socialista en el Parlamento valenciano y la citada asociación, el Ministerio Público vuelve a reclamar la expulsión del PP del proceso.

Según los fiscales, la actividad procesal y extraprocesal del PP es reveladora del verdadero papel que está asumiendo, siendo el de "una defensa más" a la vista de que muchos de los imputados formaron parte del partido.

Tanto Luna como la Asociación de Abogados Demócratas sostienen en sendos escritos que no es apropiado mantener esta acusación, puesto que los imputados en este proceso penal son o han sido "en su mayoría afiliados a dicho partido político". En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se critica que "un supuesto acusador popular" haya desnaturalizado su posición y se haya convertido "objetivamente en una defensa más".

"La posición que está adoptando la Dirección Técnica del Partido Popular en el presente proceso, es 'contra natura legis', posición que al legislador decimonónico le resultaba impensable que se produjese un fraude de ley como el que se viene observando", recoge el escrito remitido al magistrado instructor.

De este modo, ambas partes solicitan al juez "acordar la pérdida de la legitimidad y consecuente expulsión del Partido Popular con acusación popular en las presentes actuaciones".

ACCESO A LAS CONVERSACIONES

Por otro lado, el diputado regional Benjamín Martín Vasco ha solicitado a la Sala de lo Civil y Penal del TSJM poder tener acceso a las conversaciones intervenidas por orden del ex juez Baltasar Garzón en la prisión de Soto del Real. Estas comunicaciones forman parte de una pieza secreta que se abrió a raíz del incidente de nulidad planteado por la declaración de ilicitud de las citadas escuchas.

En el escrito, el letrado de Martín Vasco asegura que hechos que conciernen a su cliente aparecen probablemente mencionados en dichas conversaciones. "Es imposible saber qué actuaciones pueden quedar afectadas por las intervenciones ilícitas si se desconoce el contenido íntegro de las conversaciones", ha señalado.

"La Policía, el Instructor, la Fiscalía, incluso esta Sala han escuchado la totalidad de las grabaciones. Resulta paradójico que el imputado sea el único que no puede acceder de manera completa. Ello supone una vulneración del principio de igualdad de armas y causa indefensión. Aunque se haya acordado su ilicitud, el acceso de las partes acusadoras a la información que contienen ya se ha producido", ha criticado el abogado.