La lideresa gana terreno en los municipios socialistas

30/06/2010.- Nuevos casos de corrupción y escándalos de espionaje o la aparición de más implicados en alguna ramificación del caso Gürtel es la única tabla de salvación en la que confían encontrar amarres los socialistas (así se comenta de puertas adentro, pues públicamente se sigue hablando de las grandes posibilidades de alcanzar la presidencia autonómica), para lograr sacar del carril electoral a Esperanza Aguirre.

La dimisión de Sergio Gamón, director del Area de Seguridad de la Comunidad y presunto jefe del espionaje madrileño, ha sido un nuevo soplo de aire para las expectativas de triunfo socialistas y de su líder Tomás Gómez, que vuelve a tener munición para golpear en los dos flancos más vulnerables de la lideresa del PP: Francisco Granados e Ignacio González. Ambos las dos piezas más deseadas a cobrar por el PSOE, ya que la caída de uno de ellos sería poco menos que dar jaque mate a la presidenta madrileña.

Entretanto las encuestas, vengan de donde vengan, siguen augurando a día de hoy el triunfo Aguirre en los próximos comicios de mayo de 2011, con la posibilidad incluso de arrebatar al PSOE algún que otro ambicionado feudo municipal en el Sur metropolitano. Victorias, hay que decirlo, que no dependerían tanto de la solvencia de los candidatos que presente el Partido Popular, aún sin designar, sino del desgaste que están sufriendo los dirigentes socialistas a cuenta de la política anti déficit de Zapatero.

Los populares parece que pueden, sino imponerse, sí infringir un duro revés al PSOE en una plaza tan emblemática como Parla, localidad en la que el hoy secretario general del socialismo madrileño, Tomás Gómez, literalmente arrolló a la oposición en los anteriores comicios (20-PSOE, 4-PP y 1-IU). Más dramática puede ser la situación en Pinto, cuya alcaldía Aguirre continúa queriendo recuperar para resarcirse de la moción de censura a la alcaldesa del PP pergeñada por el actual gobierno tripartito.

Tampoco se libran de una situación comprometida los actuales gobiernos municipales de Leganés, Getafe o Alcorcón, que como gusta decir a alguno de sus alcaldes, van a tener que remar mucho en estos diez meses que restan a las elecciones para frenar el ascenso del PP.

Aguirre, por tanto, tendría en estos momentos la partida ganada en la Comunidad de Madrid, incluso aunque la UPyD de Rosa Díez lograra arrebatarle algunos votos y escaños, máxime si como apuntan los sondeos el mayor coste de la aparición de Unión Progreso y Democracia en la escena autonómica sería para el PSOE.

La lideresa de los populares, pese a los rumores que apuntan a que podría verse obligada a encarar una remodelación de Gobierno acuciada por nuevos escándalos, parece haber dejado atrás el nerviosismo que se respiraba en su Ejecutivo y en el PP madrileño hace unos meses y, al igual que Gallardón, se permite ciertas licencias, como anunciar su retirada de la política si pierde las elecciones.

Mucho tendría que cambiar el panorama nacional para que el PSOE en Madrid no fuera arrollado por las cuentas pendientes que va a cumulando Zapatero entre el electorado de izquierdas, un votante al que, al igual que los dirigentes andaluces o catalanes, Tomás Gómez hacía recientemente un guiño con su paquete de propuestas frente a la crisis, entre ellas subir impuestos a los más ricos.

El socialismo madrileño intenta pescar votos en el caladero de la izquierda, en el que tan cómodamente se mueve en estos momentos Izquierda Unida. Una IU que ha comenzado a poner ya muros de contención con el PSOE, de quien en los próximos meses marcará de forma más evidente la distancia.

Un alejamiento que, si bien es algo habitual conforme se acercan unas elecciones, Zapatero se ha encargado de servir a la coalición en bandeja de plata, sin necesidad de pretextar, como en otras ocasiones, discrepancias semánticas con los socialistas. Realidad que ha comenzado a ser ya patente en los municipios madrileños con gobiernos de coalición (PSOE-IU), en los que Izquierda Unida literalmente se ha puesto en pie de guerra contra la privatización de servicios públicos planteada por sus socios de gobierno para reducir el déficit público.



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