Contratan vigilancia para evitar el "deterioro" del Campus de la Justicia

La sociedad Campus de la Justicia va a contratar un "servicio de seguridad y vigilancia de lo construido" en el recinto de Valdebebas, con el fin de evitar su "deterioro" hasta que las "circunstancias permitan la reanimación de las obras", paralizadas por falta de recursos económicos.

Así lo ha indicado hoy el consejero delegado y director general de la empresa Campus de la Justicia, Miguel Giménez de Córdoba, que ha explicado que el concurso para contratar este servicio ha sido convocado el pasado 23 abril.

En una comparecencia en la Asamblea de Madrid, Giménez de Córdoba ha dicho que esto "prueba" que el proyecto de construcción del Campus "no ha sido abandonado a su suerte", si bien no ha ofrecido ninguna previsión de futuro sobre el mismo.

"¿Qué se va a hacer con el proyecto? la respuesta se escapa a mis reducidas competencias, que son de gestión", le ha dicho al portavoz de Justicia del PSOE, Javier Gómez, después de que éste le preguntara con insistencia sobre el futuro del Campus.

El consejero delegado ha reiterado que el proyecto está "suspendido a la espera de la recuperación de los precios" en el sector inmobiliario, ya que su financiación depende de la venta de los edificios que albergan las actuales sedes judiciales en Madrid.

Según ha explicado, su objetivo ahora es "optimizar los fondos de la sociedad, construir lo indispensable, que lo construido no se deteriore y mantener lo construido en las mejores condiciones de estabilidad hasta la reanimación de las obras, cuando las circunstancias lo permitan".

Ha señalado que para evitar el deterioro también "se han sellado con muros de hormigón las entradas de los túneles" que se abrieron para conectar los edificios que iban a construirse, de los cuales sólo está levantado el del Instituto de Medicina Legal.

Según sus datos, este edifico está concluido en un 90% y la "parte sin ejecutar se deriva de infraestructuras comunes que no se pueden abordar".

También ha indicado que la empresa Campus de la Justicia ha reducido "de 100.000 euros mensuales a 23.000" la asignación a la consultora que se encarga de la gestión integral del proyecto.

Tanto el socialista Javier Gómez como Inés Sabanés (IU) han criticado que el Gobierno regional supeditara la realización de este Campus al "pelotazo" urbanístico y a las políticas de "especulación" con el suelo, y han dado por certificado el "acta de defunción" del proyecto.