Caja Madrid quiere que otro abogado les defienda en el recurso del Ayuntamiento

Nueve miembros de la Comisión de Control de Caja Madrid, compuesta de 13 en total, quieren para someter a votación la elección de un nuevo bufete de abogados que "realmente" defienda sus intereses ante el juez frente al recurso del Ayuntamiento de Madrid.

Según informaron fuentes próximas a la Comisión de Control, algunos representantes piensan que el juez podría llamar a declarar a miembros de la institución antes de decidir si paraliza el proceso electoral de la caja, que debería terminar en noviembre con la renovación de la presidencia, que actualmente ocupa Miguel Blesa.

Si esto sucediera, explican, la postura de Caja Madrid estaría representada ante el juez por el bufete de abogados Uría Menéndez, el mismo que elaboró el informe sobre cómo debían repartirse los 64 consejeros delegados de la Asamblea General de la caja y en el que se basa el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid.

Por ello, estos mismos nueve miembros han pedido al presidente de la Comisión de Control, Fernando Serrano, que convoque una reunión extraordinaria para mañana en la que se someta la elección de un nuevo bufete de abogados que "realmente" les pueda defender.

Además, quieren que en esta cuestión, Serrano se mantenga al margen de la votación, ya que le consideran "parte interesada" por su vinculación al Ayuntamiento de Madrid, donde ocupa el puesto de director de la Oficina del Contribuyente.

Otras fuentes aseguran que con esta nueva "maniobra" los nueve miembros de la Comisión de Control, defensores de las tesis de la Comunidad de Madrid y de la aplicación de la nueva ley de cajas, buscan "colocar" al bufete de Cremades y Calvo Sotelo al frente del juez, y recuerdan que son estos abogados los que asesoran al Ejecutivo regional.

No obstante, hasta el momento se desconoce si el presidente de la Comisión de Control promoverá el encuentro de mañana, aunque de no ser así, la agenda fijada cuando el órgano de gobierno asumió sus funciones electorales dice que lo harían todos los miércoles de cada semana, por lo que sólo habría que esperar un día más.

En la reunión de hoy, se buscaba decidir sobre la impugnación del consistorio capitalino al reparto de los 64 consejeros de la Casa Real, pero la mayoría de miembros coincidieron en que ante el recurso presentado el tema "ya no corre tanta prisa" y debería esperarse a recibir la opinión al respecto de las partes implicadas con la nueva distribución de asientos.

Según ésta, las entidades representativas ganan 37 representantes, la Asamblea de Madrid, 21, y el sector de los empleados, 7, en tanto que las corporaciones municipales son las peor paradas, ya que antes, con el reparto proporcional, conseguían 20 vocales, hasta llegar a 100, y ahora no recibirían ni un solo asiento.

A día de hoy la Comisión de Control ha recibido escritos del Ayuntamiento de Badajoz, Alcalá de Henares, Aranjuez, Asamblea de Madrid y Cámara de Comercio oponiéndose al reparto proporcional que propone el consistorio capitalino.

Por otra parte, La Caixa y Caja Madrid, condenadas por la Audiencia Nacional a pagar 87,99 millones de euros como responsables civiles subsidiarias en el caso Gescartera, pidieron al Tribunal Supremo que les absuelva o que rebaje sustancialmente esa cantidad, que consideran que excede de su supuesta responsabilidad.

En una vista ante la Sala Segunda del Supremo, las dos entidades denunciaron que se les condenó a sufragar todo el agujero de la agencia de valores, inclusive el que existía antes de 1999, cuando Caja Madrid empezó a trabajar con la sociedad y La Caixa emitió los certificados que, según la Audiencia Nacional, ayudaron a engañar a la CNMV y retrasar la intervención hasta junio 2001.

La Caixa defendió que sus directivos de la oficina de Majadahonda (Madrid) -condenados como cómplices de apropiación indebida- actuaron conforme a la práctica bancaria, aunque pidió al Supremo que, en caso de que no les absuelva, limite la responsabilidad subsidiaria de la entidad a 1.196 millones de pesetas (7,2 millones de euros), el importe que los responsables de Gescartera sacaron de forma indebida de sus cuentas.

El letrado que representa a La Caixa, Nicolás González-Cuéllar, criticó que la sentencia de la Audiencia Nacional vulneró derechos fundamentales al condenar a la entidad por una cantidad "muy superior no sólo a la solicitada por el Ministerio Fiscal sino por las partes acusadoras", y que incluía el déficit anterior a los hechos delictivos atribuidos a sus empleados, e incluso operaciones lícitas.

En su opinión, el tribunal tuvo una "aproximación de brocha gorda al cuantificar el déficit y al atribuírselo a todo el que fue condenado, sin precisar en qué parte contribuyó cada uno, lo que es técnicamente reprobable".

Por su parte, Caja Madrid recordó que antes de que su filial de intermediación bursátil comenzara a trabajar con Gescartera en noviembre de 1999, ya existía un agujero de 27,15 millones de euros, "a pesar de lo cual la condena es por todo el déficit patrimonial".

"En modo alguno se puede condenar por hechos anteriores", protestó el letrado de Caja Madrid Bolsa, Carlos Aguilar, perteneciente al despacho CMS Albiñana y Suárez de Lezo.

También destacó que la entidad no operó "en régimen de exclusividad" con Gescartera y que sin embargo se le ha condenado a sufragar subsidiariamente el agujero, cuando "incluso hay operaciones que no han pasado por sus cuentas y con las que no ha tenido ningún tipo de relación", como las de renta fija.

Según el sumario de Gescartera, fueron varias las entidades que operaron en nombre de la agencia y por cuenta de sus clientes, como por ejemplo Link Securities, HSBC, Beta Capital, Eurosafei y Benito y Monjardín.

"El tribunal dio un salto al condenar por todo, por lo que ha pasado por las cuentas de Caja Madrid Bolsa y por lo que no ha pasado. Eso ha causado una gran indefensión", se quejó Carlos Aguilar.

No obstante, pidió la absolución de Caja Madrid porque no vulneró legislación alguna y no utilizó una cuenta para disponer de los fondos de los clientes sin poderes de éstos, que los habían proporcionado en los contratos de gestión discrecional de carteras firmados con Gescartera.

Los directivos de la oficina de La Caixa de Majadahonda (Madrid) Carlos Prats y Alfonso Castro Mayoral, condenados a tres años de prisión como cómplices de un delito de apropiación indebida, también argumentaron que deben ser absueltos porque realizaron "actos neutrales" propios de la actividad bancaria y no merecedores de lo que consideran una condena "desproporcionada" e "injusta".

Los letrados del despacho González-Cuéllar, que asiste también a los empleados de La Caixa, negaron que hubiera un concierto con los responsables de la agencia de valores para engañar a la CNMV y destacaron que fue su intervención la que "propició la caída de Gescartera".

Además, pusieron de manifiesto que "malamente se puede hablar de concierto" cuando los responsables de Gescartera necesitaron falsificar otros documentos atribuidos a La Caixa.

El despacho González-Cuellar, que aseguró que "la CNMV se dejó engañar" porque "era la única que sabía que Gescartera iba mal y no hizo nada", insistió en que los directivos de La Caixa actuaron "en todo momento en el terreno profesional", por lo que "en ningún caso lesionaron ni pusieron en peligro el patrimonio de los clientes".