Los funcionarios de Justicia exigen a Granados que negocie para poner fin a la huelga

Varias decenas de funcionarios de la administración de Justicia de Madrid han exigido hoy al consejero Francisco Granados que se reúna con los sindicatos para llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga que mantienen desde hace cuatro días, y han cortado la Gran Vía durante 20 minutos.

Los sindicatos UGT, CC.OO. y STAJ han convocado, con el apoyo del CSIF, doce días de huelga entre los aproximadamente 6.000 funcionarios de la administración de justicia madrileña para denunciar el incumplimiento del acuerdo firmado por el anterior consejero de Justicia en 2007, en el que se mejoraban sus condiciones laborales.

Los funcionarios se han concentrado hoy a mediodía en la Puerta del Sol, frente a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y a la consejería de Presidencia, Justicia e Interior, para demandar a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y al consejero Granados que se cumpla dicho acuerdo.

Al finalizar esta concentración se han dirigido a la sede de la consejería de Justicia situada en el número 18 de la Gran Vía, donde diez sindicalistas permanecen encerrados desde ayer por la tarde, cuando los representantes de los trabajadores rechazaron la oferta que hizo la consejería al considerarla insuficiente.

Allí han coreado consignas contra Aguirre y Granados, a los que llaman "mentirosos", y han llegado a cortar la Gran Vía en los dos sentidos de circulación durante unos 20 minutos, sin que se hayan producido incidentes.

El secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Fermín Arias, ha explicado que los sindicatos "siguen esperando que la consejería se siente a negociar, que es lo que esperamos desde hace más de un año", y ha asegurado que la administración "presentó ayer un documento inaceptable y se levantó unilateralmente".

Los sindicatos convocantes de la huelga han asegurado que en el Registro Civil el seguimiento ha sido del 100%, a excepción de los servicios mínimos, y que en los juzgados de Plaza de Castilla ha sido muy elevado.

Han anunciado que mañana se concentrarán a mediodía en el Paseo de Recoletos a la altura de la calle Bárbara de Braganza, y desde allí se trasladarán a la sede del PP de la calle Génova, donde permanecerán concentrados hasta las 14.00 horas.

El portavoz de STAJ, Alberto García, que es uno de los sindicalistas que permanecen encerrados desde ayer, ha explicado a Efe que la Policía "no permite que entre comida, bebida ni medicamentos" a la zona en la que están, y además ha cerrado una de las dos estancias en las que permanecen.

Respecto a este conflicto, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, ha dicho que se pagará a los funcionarios de Justicia la subida pactada cuando haya disponibilidad y lo permita "la crisis brutal que vivimos" y les ha recordado que tienen "suerte y fortuna" de contar con "estabilidad y garantía de permanencia" en su trabajo.

González ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa tras el consejero de Gobierno en relación con la huelga que llevan a cabo los funcionarios de la Justicia madrileña, que hoy cumplen su cuarta jornada de paros en demanda del cumplimiento de la subida salarial acordada con la Consejería de Justicia "hace un par de años".

El vicepresidente ha admitido que estos trabajadores están en su derecho de defender sus reivindicaciones pero les ha recordado que su mejora salarial se aprobó en un momento "en que las condiciones económicas eran completamente distintas" a las actuales ya que "vivimos una crisis brutal desde hace aproximadamente un año y medio".

No obstante, ha indicado que la Comunidad cumplirá aquel compromiso -que según ha dicho establecía una subida salarial de unos 150 euros mensuales por empleado- aunque "diferido en un período más largo" de tiempo, y "en razón de las circunstancias económicas", de manera que se irán "modulando esos incrementos retributivos a las disponibilidades que permita la evolución económica a las Administraciones públicas".

Según González, ahora "las circunstancias económicas han cambiado" y estamos "en un contexto" en el que se pierden unos "7.000 empleos diarios".

Por ello, considera que como funcionarios públicos, los trabajadores de la Justicia "tienen la suerte y la fortuna de tener mayor estabilidad y garantía de permanencia en su puesto de trabajo" por encima de otros empleados a los que afecta más la "pérdida de actividad económica".

Asimismo, ha dicho que las Administraciones públicas "ven disminuir sus ingresos" de manera que han tenido que limitar en sus presupuestos los elementos retributivos para hacerlos más "acordes con la situación en la que nos encontramos, de reducción del gasto público",

Ha pedido, por tanto, a los funcionarios de Justicia que "enmarquen" sus reivindicaciones "en el contexto" económico actual en el que "frente a la estabilidad de un puesto de trabajo o de un empleo público nos encontramos con una aminoración gravísima de ingresos y además con una pérdida de empleos brutal de 7.000 personas diarias".