Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, está bajo investigación por presuntos amaños en obra pública, irregularidades en contratos de la SEPI y una trama para influir en causas judiciales. Su vinculación con la empresa Servinabar y su rol jerárquico en estas operativas han generado múltiples frentes judiciales.
El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha convertido en una de las figuras centrales de varias investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista.
Su nombre aparece vinculado a presuntos amaños de obra pública dentro de una de las ramas del caso Koldo, a supuestas irregularidades en contratos relacionados con la SEPI y a una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.
Los investigadores sitúan a Cerdán en un papel de relevancia dentro de distintas operativas investigadas, tanto por su presunta relación con la empresa Servinabar como por su vínculo con otros nombres que aparecen en las pesquisas, como Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso.
Claves de la noticia
Cerdán, bajo la lupa judicial
El exnúmero tres del PSOE aparece vinculado a investigaciones sobre obra pública, contratos de la SEPI y una presunta trama para influir en causas judiciales.
Servinabar, empresa clave
La UCO relaciona a Cerdán con Servinabar, mercantil que habría recibido adjudicaciones públicas y beneficios derivados de contratos bajo sospecha.
Presunto papel jerárquico
El juez Santiago Pedraz sitúa a Cerdán en un plano de jerarquía superior dentro del grupo investigado por operaciones vinculadas a la SEPI.
El caso Koldo y los presuntos amaños de obra pública
El primer gran foco judicial sobre Santos Cerdán surgió al ser relacionado con presuntos amaños de obras públicas dentro de una de las ramas del caso Koldo.
El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que precipitó su dimisión fue encargado por el magistrado instructor del caso mascarillas en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.
Ese procedimiento llevó a juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntos amaños en la compra de material sanitario durante la pandemia.
De las conversaciones incorporadas al atestado se desprende que los investigados intentaban cobrar presuntas contraprestaciones económicas adeudadas tras la adjudicación de obra pública, principalmente a Acciona.
La UCO vincula a Cerdán con Servinabar
El magistrado instructor situó el origen de la presunta trama en Santos Cerdán y Koldo García, quienes, según su criterio, habrían mantenido una estructura vinculada a Servinabar.
Esta mercantil aparece asociada a Cerdán como supuesto propietario del 45% de la compañía.
Otro informe de la UCO reveló que Servinabar habría recibido el 2% de lo que Acciona cobraba por obras públicas obtenidas en UTE.
Los investigadores también señalaron que Cerdán y su familia habrían disfrutado del dinero captado por la sociedad navarra mediante el cobro de nóminas, el alquiler de dos pisos en Madrid, incluida la vivienda familiar, y una tarjeta de crédito con numerosos gastos en comidas y compras.
Prisión provisional y medidas cautelares
El instructor llegó a enviar a Santos Cerdán a prisión provisional en junio del pasado año por el riesgo “muy intenso” de que pudiera destruir, manipular u ocultar pruebas.
Entonces se le atribuyeron presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, al considerar que ejercía un papel de cierta “preeminencia” en las supuestas irregularidades.
Cuatro meses y 20 días después, en noviembre, el exsecretario de Organización del PSOE salió de prisión, aunque con medidas cautelares.
Entre esas medidas figuran la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial.
La investigación pasó a la Audiencia Nacional
Tras la dimisión de José Luis Ábalos como diputado y su pérdida de la condición de aforado, la parte del caso Koldo que afecta a Santos Cerdán pasó a la Audiencia Nacional.
Este movimiento procesal permitió concentrar nuevas líneas de investigación en torno a supuestas tramas vinculadas a contratos públicos, empresas dependientes de la Administración y posibles influencias políticas.
El nombre de Cerdán ha quedado así conectado con varios procedimientos que afectan al PSOE y a antiguos cargos relacionados con el partido.
La SEPI y el grupo Hirurok
Otra investigación que afecta a Cerdán la instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, después de asumir las pesquisas iniciadas por su compañero Antonio Piña.
Piña ordenó en diciembre la detención de Leire Díez, exmilitante del PSOE; Vicente Fernández, expresidente de la SEPI; y Antxon Alonso, empresario y socio de Cerdán.
La investigación trata de determinar si los tres se hicieron con más de 700.000 euros en comisiones mediante operaciones que habrían implicado a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI.
Según una resolución judicial basada en las indagaciones de la UCO, los investigados pertenecerían a un grupo autodenominado Hirurok, que habría orientado expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros.
Pedraz atribuye a Cerdán un papel superior
El juez Santiago Pedraz ha señalado esta semana que Santos Cerdán también formaba parte de Hirurok.
Según el magistrado, habría actuado junto al resto de integrantes y participado de sus beneficios, pero además en un “plano de jerarquía superior”.
Los investigadores sospechan que la actividad del grupo se habría desarrollado al menos entre 2021 y 2023, con proyección en distintos puntos del territorio nacional y afectando a varias administraciones públicas.
La resolución también apunta a la adopción de medidas de seguridad para garantizar la discreción y confidencialidad de sus actuaciones.
Tubos Reunidos, Mercasa y otras operaciones bajo sospecha
Una de las operaciones mencionadas en la resolución es la concesión de un rescate de la SEPI a Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros.
Otra operación investigada es la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa en favor de Servinabar por un importe de 18.119,75 euros.
Ese contrato habría estado relacionado con la supuesta pretensión de cambiar la sede de la sociedad pública.
Según la resolución, los investigados, en connivencia con directivos de la sociedad pública, habrían diseñado una operativa que generaba una justificación presuntamente falsa y al mismo tiempo propiciaba un beneficio económico al grupo.
Servinabar recibió más de 75 millones en adjudicaciones
Respecto a los presuntos amaños de obra pública, la UCO reflejó que Servinabar recibió más de 75 millones de euros en adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno navarro.
La empresa se ha convertido en una de las piezas clave de las investigaciones que afectan a Cerdán por su presunto papel en contratos y adjudicaciones bajo sospecha.
Los investigadores analizan si la mercantil fue utilizada como instrumento para canalizar beneficios económicos derivados de decisiones administrativas.
La presunta trama para desestabilizar causas judiciales
El último frente judicial de Cerdán se abrió esta semana, cuando Pedraz acordó imputarle junto al exdirigente andaluz del PSOE Gaspar Zarrías y a la gerente del partido, Ana María Fuentes.
En esta nueva línea de investigación, el juez indaga si existió una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.
Concretamente, se investiga si se pagó desde el PSOE a una estructura que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en procedimientos judiciales relacionados con los socialistas.
Los delitos investigados por Pedraz
El juez dirige la causa contra Leire Díez, Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset, el guardia civil Juan Sánchez Yepes y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver.
El auto del magistrado recoge presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado.
La investigación apunta a una supuesta estrategia para desestabilizar de forma sistemática y continuada causas judiciales abiertas contra el PSOE y el Gobierno.
El periodo de reflexión de Sánchez, señalado como punto de inflexión
Pedraz sitúa como “punto de inflexión” el periodo de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en abril de 2024 tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
Según el juez, a partir de ese momento se habría intensificado la supuesta actividad destinada a influir o desestabilizar procedimientos judiciales sensibles para el entorno socialista.
El magistrado remarca el “papel superior” de Santos Cerdán en esta presunta trama.
La relación con Leire Díez
El auto indica que Cerdán habría trabado una relación con Leire Díez que le llevó a encargarle, según se infiere de sus comunicaciones, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones.
Leire Díez aparece así como una de las figuras operativas de la presunta trama, mientras que el juez atribuye a Cerdán un papel de mayor jerarquía.
Esta línea de investigación añade un nuevo nivel de gravedad política y judicial al caso, al conectar presuntas actuaciones contra jueces, fiscales y agentes con antiguos cargos del PSOE.
Santos Cerdán, epicentro de varios frentes judiciales
La situación judicial de Santos Cerdán concentra ya varios frentes: el caso Koldo, los contratos vinculados a la SEPI, el papel de Servinabar y la presunta trama para desestabilizar causas judiciales.
El exsecretario de Organización del PSOE ha pasado de ser una figura clave de la estructura interna socialista a ocupar una posición central en distintas investigaciones de alto impacto político.
La evolución de estas causas será determinante para conocer el alcance real de su papel, las posibles responsabilidades penales y las consecuencias políticas para el PSOE y el Gobierno.
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