El Ministerio de Sanidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por no presentar el registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto, según ha informado este viernes la ministra de Sanidad, Mónica García.
"Hay un incumplimiento de la ley fragrante. Madrid es la única comunidad que no ha hecho un registro de objetores para garantizar el derecho al aborto de las madrileñas", ha denunciado Mónica García en una declaraciones en el programa 'Al rojo vivo' de La Sexta, recogidas por Europa Press.
García ha explicado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo un mes de plazo para presentar el registro, al tiempo que ha resaltado que dicho documento también sirve para garantizar los derechos de los objetores.
"Nosotros, obviamente, vamos a defender los derechos de las mujeres y a utilizar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance, y una de ellas es este contencioso", ha señalado García, quien ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recortado los derechos de las mujeres.
En este contexto, la ministra de Sanidad ha criticado que la Comunidad de Madrid vive al margen de la ley, en una "especie de trumpismo cañí". "Al final lo tenemos que pagar las mujeres con derechos o los ciudadanos y ciudadanas con derechos que nos han sido relegados después de muchos años de conquista", ha finalizado García.
EL REGISTRO "SON DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS"
El recurso presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, señala en sus alegaciones que la Comunidad de Madrid es la única Comunidad Autónoma que, además de no haber contestado al requerimiento de 14 de octubre de 2025, "ha manifestado públicamente su negativa a desarrollar dicho registro, a través de diversas declaraciones efectuadas en medios de comunicación, de conocimiento público y notorio".
"Ello, pese a que, como se ha indicado, el acuerdo del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de 16 de diciembre de 2024, por el que se aprueba el Protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia establecido en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, fue adoptado por unanimidad; es decir, con el voto favorable de la representación de la Comunidad de Madrid en esa sesión, tal y como consta en dicho documento", añade.
El Ministerio de Sanidad solicita al tribunal una medida cautelar 'positiva' de modo que, de forma provisional y sin esperar al final del procedimiento, se ordene a la Comunidad de Madrid crear el registro de objetores tal como exige la ley y el protocolo aprobado en el Consejo Interterritorial. El argumento es que, si no se adopta esa medida ahora, cuando llegue la sentencia puede ser demasiado tarde porque durante todo ese tiempo se habrá estado incumpliendo la ley y generando perjuicios a mujeres, profesionales y al propio sistema sanitario.
La demanda recuerda que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) forma parte de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud y que el derecho de la mujer a decidir sobre la interrupción de su embarazo está amparado por la Constitución y por la doctrina del Tribunal Constitucional. Y subraya que la objeción de conciencia es un derecho individual del personal sanitario, pero que debe compatibilizarse con el acceso efectivo de las mujeres a la prestación y con la organización del sistema sanitario.
En cuanto a los argumentos sobre el registro de objetores, la demanda explica que el registro autonómico de objetores es obligatorio por ley y que su finalidad es organizar los recursos humanos para garantizar la prestación de la IVE sin discriminar ni a objetores ni a no objetores. Así, recuerda que el protocolo del Consejo Interterritorial detalla que el registro será interno, no público, limitado a los profesionales directamente implicados en la IVE y sujeto a estrictas garantías de protección de datos.
Además, señala que el registro es una herramienta técnica de gestión de recursos humanos: permite planificar plantillas, guardias y derivaciones sin improvisaciones y con criterios claros. El Protocolo subraya que no es un registro público, sino interno, limitado a quienes organizan la prestación, y con datos estrictamente necesarios, sin recoger el motivo de conciencia; y recuerda que se aplican medidas reforzadas de protección de datos, con acceso restringido y trazabilidad de consultas, lo que desactiva el argumento de que el registro "señala" o expone a los profesionales.
DOS MESES HAN PASADO TRAS EL ANUNCIO DE LA DEMANDA
El pasado 15 de noviembre la ministra de Sanidad anunciaba que el Gobierno iniciaría este contencioso; dos días después el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba esta decisión señalando que el aborto es "un derecho esencial, convertido en negocio" para la Comunidad de Madrid; algo que el Ejecutivo no iba a "permitir".
Un mes antes, el pasado 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad había enviado un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid dando un plazo de un mes para su respuesta su registro.
Ya entonces, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, afirmaba que el Gobierno regional defendería, "con la Constitución en la mano", la libertad de objeción frente al aborto ante la exigencia del Ejecutivo central de implantar el registro de objetores de conciencia.
El 16 de diciembre de 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que forman parte todas las comunidades autónomas, aprobó por unanimidad el protocolo para la creación de dicho registro, un acuerdo "de obligado cumplimiento y, por tanto, exigible ante los tribunales".
LA COMUNIDAD PIDE A GARCÍA CENTRASE EN EL ESTATUTO MARCO, "MÁS IMPORTANTE" QUE EL REGISTRO DE OBJETORES
La Comunidad de Madrid ha pedido este viernes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que se centre en resolver "el problema que tiene" con los médicos y la huelga por el Estatuto Marco, que es "más importante", y no en presentar denuncias contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el registro de objetores.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico después de que el Ministerio haya registrado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno madrileño.
""Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie", recalcó la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute.
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