Colocar a la Corona en situaciones de corte político es una de las características de los líderes de los partidos desde que comenzó la Democracia. Ocurrió con Juan Carlos y ha ocurrido varias veces con Felipe. Los responsables de gobernar se atrincheran detrás de la Monarquía, incluso aquellos que quieren que desaparezca. Fallan los políticos y esperan a que sea desde el palacio de la Zarzuela donde se resuelva lo que no han sabido hacer.
La Apertura del Año Judicial coloca al Rey Felipe VI ante una coyuntura parecida - con las enormes diferencias entre intentar utilizar a las Fuerzas Armadas a querer que que sean los tribunales los que intervengan en la lucha partidista. En el inicio de la Democracia el “ruido de sables” en la vida pública era evidente, con seguimiento puntual en los medios de comunicación, hasta desembocar en el intento de golpe de estado protagonizado por altos mandos militares y con la presencia de un grupo de guardias civiles, a las órdenes del teniente coronel Antonio Tejero, mandando a los parlamentarios al suelo a la espera de un cambio en el Gobierno que sustituyera a Leopoldo Calvo Sotelo - que iba a ser elegido presidente - por un militar que parara la deriva constitucional que habían iniciado el Rey Juan Carlos y Adolfo Suárez, en su papel de primer ministro.
Una parte de la cúpula de los tres ejércitos pretendía resucitar el régimen de Franco o, al menos, la Monarquía de Alfonso XIII. Las elecciones de 1977 y 1979, con la aprobación de una nueva Constitución y la legalización del Partido Comunista y la posibilidad cercana de un gobierno de izquierdas presidido por Felipe González, chocaba de forma directa con su forma de ver el futuro de España. El ejemplo de Francia con el general De Gaulle estaba en la mente de muchos de ellos, y otros aspiraban en aquel 1981 a cambiar o reformar otra vez la Constitución para dejar a los que habían perdido la Guerra Civil lejos del poder por otros cuarenta años. Aquella madrugada del 23 de febrero está presente en muchos de los dirigentes políticos de hoy.
Una imagen que, por fortuna, no es la de estos tiempos, esa que se puede ver cada día en los enfrentamientos entre el Gobierno de la coalición de izquierdas que preside Pedro Sánchez y la mayoría de la derecha pretendiendo que sean los jueces y fiscales los que, dentro de la Constitución y su desarrollo, junto a sus resoluciones judiciales, en los distintos niveles que les competen a cada uno de ellos les hagan el trabajo de oposición. Las estrellas en las bocamangas y las puñetas que aparecen en las togas definen el avance democrático de estos 48 años, pero coinciden en la presión que las primeras ejercieron sobre la Monarquía de Jan Carlos y la que las segundas ejercen sobre su hijo, Felipe VI (no se puede olvidar la negativa de Rajoy a ir a un Debate de investidura y esperar a la intervención directa de Felipe VI en televisión para aplicar el artículo 155 en Cataluña).
Decir y escribir que no son comparables las situaciones y que, mientras los jueces parten de la interpretación y aplicación de la Ley, y que los magistrados y las asociaciones a las que pertenecen nunca entrarán en el Hemiciclo del Congreso para esperar a un “elefante blanco” que cambiara el curso legal de la vida pública, es tan obvio que no merece debatir sobre esa cuestión. Todos los jueces parten del acatamiento constitucional y su desarrollo. Aquellos militares buscaban su destrucción.
En 2025 no hay riesgo de enfrentamiento entre los poderes civiles y los poderes militares como si lo hubo en el inicio de la Transición, pero se ha creado una situación pública en la que desde los medios de comunicación y desde los partidos y asociaciones políticas se comprueba la distancia sideral que existe entre el Gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo, y el Poder Judicial en su conjunto. Es casi imposible que desde el poder militar se intente condicionar hoy al Rey para que intervenga como árbitro en la vida política, tal y como establece la propia Constitución, pero si que se va a mantener la presión judicial desde los órganos judiciales por la propia composición de los mismos. La mayoría conservadora de jueces y fiscales se va a mantener mucho más allá de la presidencia de Sánchez y del Gobierno de la izquierda junto a los nacionalistas. Es una “realidad” tan real como la que existió tras la llegada de la Monarquía Constitucional.
El motivo puntual: la presencia o ausencia del Fiscal general junto al Rey Felipe será un breve episodio, que tendrá el recorrido a corto plazo que tenga el propio juicio a García Ortiz. Sánchez dejará La Moncloa, llegará Feijóo u otro dirigente; gobernarán derechas e izquierdas, con más o menos fortuna en sus decisiones, con sus escándalos personales de corrupción y desviaciones de poder. Se corregirán con sentencias ajustadas a la Ley, sin duda, pero si esas mismas Leyes son iguales para todos, la forma de interpretarlas no lo es, como no lo son todas las decisiones y formas de ver y mirar de cada ciudadano. Ahí está el punto de unión de las dos formas de presionar, tan distintas y tan iguales en muchos de sus resultados. Malo para la convivencia y el futuro de los españoles.
