La privatización de los Registros Civiles hace peligrar "4.000 puestos de trabajo", según CSIT

CSIT Unión Profesional ha expresado su rechazo a la "privatización" de los Registros Civiles porque implica "la pérdida de 4.000 puestos de trabajo en todo el Estado, ya que no garantiza los mismos", según ha informado el CSIT en un comunicado.

El sindicato se opone a esta medida, aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en el correspondiente Real Decreto Ley el pasado 4 de julio, porque otorga toda competencia de los Registros Civiles a los Registradores Mercantiles.

Señala que la ley debía entrar en vigor el próximo 22 de julio pero que el reciente Real Decreto Ley prorroga su aplicación hasta el 15 de julio de 2015. Al respecto, asegura que "lo aprobado el viernes por el Consejo de Ministros no modifica la Ley, únicamente retrasa su entrada en vigor".

"Es intolerable que no se explique qué va a ocurrir con los funcionarios que están destinados en los Registros Civiles, ni cuál será su futuro", han declarado en el comunicado.

CSIT Unión Profesional ha destacado que los registradores mercantiles, aunque acceden al puesto por oposición, no son funcionarios públicos por lo que advierten de que "millones de datos de los ciudadanos estarán en manos privadas".

Además, la organización sindical ha señalado que se trata de la privatización de un servicio público y gratuito, hasta ahora realizado por los funcionarios de la Administración de Justicia y que, a partir del 15 de julio de 2015, los ciudadanos pagarán por las gestiones formalizadas.

"El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, está empecinado en llevar a cabo este proyecto, a pesar del firme rechazo de sindicatos, asociaciones profesionales o colectivos de ciudadanos, entre otros, y sin negociación previa alguna en los foros pertinentes", ha señalado el CSIT Unión Profesional.