Un jurzgado ratifica el ERE del Ayuntamiento de Villalba, que deja en la calle a 34 trabajadores

El Juzgado de lo Social número 35 de Madrid ha desestimado la demanda que presentaron los sindicatos UGT, CC.OO. y CGT contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) realizado por el Ayuntamiento de Collado Villalba el 3 de febrero de 2012, considerándolo "ajustado a derecho".

El fallo, que en la práctica ratifica el despido de 34 trabajadores, da por buenos los argumentos del Equipo de Gobierno villalbino, especialmente en lo referente a la situación económica del Consistorio.

El titular del citado juzgado considera que la entidad local actuó teniendo "como eje central", el "principio de estabilidad presupuestaria", consagrado en la Constitución y entiende que el ERE "va de la mano con razones organizativas y de reestructuración de los servicios públicos municipales de cara a su financiación".

Igualmente recoge íntegramente los motivos económicos aducidos por el actual Gobierno del municipio, del Partido Popular, en cuanto a "la mala situación económico financiera del Ayuntamiento, caracterizada por una reducción de los ingresos ordinarios, un excesivo nivel de gasto, y una deficiente gestión y organización de los recursos que ha provocado un déficit presupuestario insostenible y un alto nivel de endeudamiento (más de 120 millones de euros)".

Por este motivo, el concejal de Desarrollo Local de Collado Villalba, José Flores, ha señalado que "la sentencia es un gran varapalo al Equipo de Gobierno anterior" (del PSOE) y que "ya nadie podrá poner en duda las cifras que se estaban dando de 120 millones de deuda".

Igualmente ha considerado destacable que la sentencia reconozca, que los gastos de personal pasaron entre 2002 y 2011 de 10 a 21 millones de euros, "algo absolutamente insostenible en un Ayuntamiento" como el de Villalba.

DECISIÓN "AGRIDULCE"

No obstante, Flores calificó de "agridulce" este fallo porque tienen "la responsabilidad de haber cumplido conforme a Derecho", pero están hablando de una "situación muy dolorosa" y asegura que el ERE fue "una decisión que el Equipo de Gobierno tuvo que tomar" por la situación económica del Ayuntamiento. "No vamos a sacar pecho en una situación como esta, sino todo lo contrario, lamentar una vez más que tuviésemos que llegar a esta situación límite", ha apuntado el edil.

El concejal ha destacado también la singularidad de este fallo, ya que, pese a que el ERE del Ayuntamiento de Collado Villalba es anterior en un mes a la última reforma laboral aprobada por el Gobierno, declara totalmente aplicables a las administraciones públicas los despidos por razones económicas.

Por su parte, los trabajadores afectados han asegurado a Europa Press que tras este fallo su "decepción es muy grande". Ángeles Barbero, una de las trabajadoras despedidas, ha explicado que "no entienden" porque se alude constantemente a los problemas económicos y, sin embargo, "no se tiene en cuenta" que "el Ayuntamiento regala terreno, no se bajan los sueldos y contrata cargos de confianza".

Barbero ha recordado que siguen abiertos otros procesos judiciales, interpuestos individualmente por los trabajadores, en los que intentarán "luchar con éstas y con otras armas, para conseguir finalmente Justicia para los empleados". Además, ha resaltado que "en este país, parece que todo se remite al anterior Gobierno. "La culpa siempre la tiene otro, pero los que pagamos somos los trabajadores", ha apostillado.

RECURSO DE AMPARO AL CONSTITUCIONAL

Por otra parte, Barbero ha indicado que esta sentencia "viene a confirmar la absoluta situación de indefensión" en que se encuentran desde hace algunos meses, después de que al menos cuatro tribunales distintos hayan rechazado admitir a trámite sus demandas individuales, declarándose todos ellos incompetentes para juzgar este caso y dejándoles "en un absoluto desamparo".

Este grupo de despedidos, entre los que se encuentra la propia Barbero, denuncia que se está vulnerando el artículo 24 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y aseguran que el suyo es un caso "único" en España. "Nuestros abogados nos han dicho que en 30 años de ejercicio no habían visto jamás una situación como la nuestra", aseguran.

Por ello están dispuestos a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o incluso ante los Tribunales de Justicia de la Unión Europea y también han decidido denunciar su indefensión ante el Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo. "Llegaremos hasta el final. Hasta donde haga falta. Tenemos derecho a que el juez vea nuestro caso. Es lo único que nos queda ", argumentan.