Cifuentes mano de hierro ante el 25-M: Convocantes y formaciones políticas denuncian persecución policial
jueves 02 de octubre de 2014, 12:47h
La delegada del Gobierno advierte que la policía actuará contra quienes intente rodear el Congreso, porque "intentar coaccionar" la voluntad de los diputados es "un delito". IU acusa al PP de crear "un estado de sitio", mientras que Equo asegura que los integrantes de la Plataforma que ha convocado la protesta están sufriendo un auténtico acoso por parte de la policía, que traspasa "las línesa rojas de un Estado democrático"
La delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, ha advertido este lunes que "intentar coaccionar" la voluntad de los diputados mientras están reunidos de las Cortes es "un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal" y que, por lo tanto, "la Policía va a actuar en consecuencia para que se cumpla la legalidad".
"Respecto a las personas que han anunciado su intención de entrar o de rodear el Congreso decirles que no se les va a permitir, que intentar coaccionar la voluntad de los diputados mientras hay una reunión de las Cortes es un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal y por lo tanto la Policía va a actuar en consecuencia para que se cumpla la legalidad", ha aseverado Cifuentes, en declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, sobre la movilización 'Rodea el Congreso', que se celebrará este martes en Madrid.
Dicho esto, ha explicado que Delegación del Gobierno de Madrid intentará "que Madrid no sea un caos y que, en la medida de lo posible, se pueda circular" por la zona que afectará la concentración. Así, ha detallado que tras la convocatoria de movilización "hay grupos organizados". "Hay una coordinadora que se llama 'En pié', la coordinadora '25-S'. A su vez, estas coordinadoras engloban a una serie de grupos muy radicales, antisistema", ha concretado.
"Es además muy curioso porque en esta convocatoria están por un lado estas coordinadoras pero por otro lado la policía ha detectado también algún grupo de ultraderecha, cercano a la ideología nazi. En este caso, como en otros, los extremos se unen. Son convocatorias que están organizadas y, de hecho, la policía nos alerta también de la probable llegada de algunos autobuses de otras comunidades autónomas", ha argumentado.
La otra cara de la moneda la ofrecen los convocantes y más concretamente las ocho personas que han sido impjutadas por presunta comisión de un delito contra altos organismos de la nación , acusados de promover la organización de la protesta que mañana llama a rodear el Congreso. Sus abogados han aportado este lunes ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional el escrito de la Delegación del Gobierno de Madrid en el que se autoriza la celebración de la marcha en el entorno del edificio de la Cámara Baja.
El titular del Juzgado, Santiago Pedraz, ha citado a declarar para el próximo día 4 de octubre a ocho participantes en las asambleas organizativas de la protesta, a los que imputa indiciariamente la comisión de un delito contra Altos Organismos de la Nación por promover la concentración.
Las citaciones se han producido después de que agentes de policía identificaran el pasado domingo en el parque de El Retiro de Madrid a estas ocho personas como organizadores de protesta, que lleva por lema 'Rodea el Congreso'. El magistrado cuenta además con una investigación judicial llevada a cabo en los últimos días sobre el despliegue de la protesta en la que se han recabado detalles y comentarios sobre la convocatoria que circulan en distintas redes sociales como Facebook y Twitter.
Según consta en la citación judicial, se les imputa como responsables del delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que establece una pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses para "los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones" ante el Congreso, cuando este esté reunido, "alterando su normal funcionamiento".
Asimismo, la Coordinadora 25S, que agrupa a los colectivos que secundan la convocatoria para "rodear" el Congreso de los Diputados el próximo martes, quienen este pasado domingo denunciaban que agentes de la Policía Nacional "han vuelto a irrumpir" en una de sus asambleas para identificar a los participantes.
Los hechos que denuncia la plataforma han quedado registrados en vídeo, ya que la asamblea, tuvo lugar en el Parque del Retiro, imágenes que fueron retransmitidas en directo a través de internet.
Según relata la Coordinadora 25S, "unas 30 personas hablando en un parque sobre asuntos de política han sido rodeadas y obligadas a identificarse". "Los policías han recogido los carnets mientras continuábamos con la asamblea", explica. Asimismo, asegura que los agentes han alegado que "hay diligencias abiertas en la Audiencia Nacional".
"Esta tarde, las personas identificadas irán a los juzgados de Plaza de Castilla para interponer una denuncia contra los funcionarios policiales que han efectuado las identificaciones", anunciaban.
IU ACUSA AL PP DE CONVERTIR MADRID EN "UN ESTADO DE SITIO"
El coordinador general de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Gregorio Gordo, ha denunciado este sábado que la respuesta del PP a las movilizaciones sociales ante los recortes "está siendo convertir Madrid en un estado de sitio", y ha advertido a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, de que esta "política represiva sólo va a generar más conflictividad social".
En este sentido, Gordo ha señalado que "está habiendo un creciente recurso al poder coercitivo del Estado para tratar de neutralizar la respuesta social a la política de recortes" y ha destacado que la "intensificación" de la acción policial y judicial contra sindicalistas y activistas sociales "se ha incrementado sustancialmente en los últimos meses".
De esta manera, ha hecho referencia a los detenidos en manifestaciones, a las vallas "impidiendo" a los ciudadanos transitar por la vía pública, a "despliegues policiales desmedidos", a imputaciones "aberrantes", a la "criminalización" de la protesta, a "actuaciones de dudosa legalidad". Todo ello, ha apostillado, es una "forma de proceder inaceptable en democracia".
Finalmente, el también diputado madrileño ha recordado al PP que "los derechos de reunión y manifestación están recogidos en la Constitución" y que "violentarlos es situarse en los márgenes del Estado de Derecho".
El coordinador general de Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Gregorio Gordo, ha denunciado este sábado que la respuesta del PP a las movilizaciones sociales ante los recortes "está siendo convertir Madrid en un estado de sitio", y ha advertido a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, de que esta "política represiva sólo va a generar más conflictividad social".
EQUO DENUNCIA PERSECUCIONES POLICIALES
La formación política Equo considera "absolutamente intolerable" la decisión de la Audiencia Nacional de imputar a ocho personas como promotores de la acción prevista para el próximo 25 de septiembre que llama a rodear el Congreso porque, a su parecer, responde a una "persecución" contra este movimiento.
"Desde hace semanas esta convocatoria ciudadana y sus promotores están siendo objeto de una auténtica persecución por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid y la Policía, produciéndose situaciones absolutamente inaceptables en un Estado de Derecho", denuncia en un comunicado.
En este sentido, recuerda que en la manifestación que tuvo lugar el pasado 15 de septiembre convocada por la Cumbre Social se detuvo a cuatro personas "por llevar una pancarta sobre el 25S" y que el domingo se pidió la documentación a personas "que se reunían de forma pacífica en El Retiro". "Mientras, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, afirmaba sin pudor en la televisión que tenía una lista negra de entre 800 y 1000 personas", añade.
Equo considera que las imputaciones a estas ocho personas relacionadas con el 25S, a los que se les responsabiliza de un presunto delito contra Altos Organismos de la Nación, además de ser de carácter "preventivo", traspasan "las líneas rojas de un Estado democrático" y por ello, la formación exige a la Delegación del Gobierno que rectifique, así como que el próximo 25 de septiembre se garantice el derecho de los ciudadanos a manifestarse.