Imputan a Rato y exconsejeros del PP, PSOE e IU

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella presentada por Unión y Progreso y Democracia (UPyD) contra 33 exconsejeros de Bankia, entre los que se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y políticos del PP, PSOE e IU que formaban parte de la cúpula de la entidad.

Además de Rato, el juez imputa a Bankia y el Banco Financiero de Ahorros (BFA) como personas jurídicas y a otros 32 exconsejeros de la entidad, entre los que se encuentran José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y Banco de Valencia; Ángel Acebes, exministro del Interior o Arturo Fernández, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

La querella también se dirige contra el expresidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio José Manuel Fernández Norniella, el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, el exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada, la exconcejal de Madrid Mercedes de la Merced o Carmen Cavero, cuñada del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

También están imputados representantes del PSOE, como el exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exalcalde de Castellón Antonio Tirado, y de Izquierda Unida (IU), como José Antonio Moral Santín.

El resto de imputados en la causa son los consejeros Francisco Verdú, Alberto Ibáñez, Javier López Madrid, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco Juan Ros García, José Manuel Serra, Milano Soto, Francisco Pons, Francisco Baquero, Pedro Bedia, Luis Blasco, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Agustín González, Remigio Pellicer, José María de la Riva, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes Rojo-Izquierdo, José Manuel Suárez del Toro y Ángel Villanueva.

DECLARARÁ FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 también cita como testigos al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura; y el auditor socio de Deloitte, Francisco Celma, que realizó un informe sobre la situación de la entidad; y a un representante de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Las citaciones no tienen todavía fecha todavía porque, según fuentes jurídicas, el juez interrogará a los imputados una vez que se les de traslado de la querella.

ESTUDIARÁ LA INTERVENCIÓN JUDICIAL

En relación con la intervención judicial de la entidad solicitada por UPyD, sobre la que informó en contra la Fiscalía Anticorrupción, el juez ha convocado el próximo 23 de julio una comparecencia en la que serán citadas todas las partes personadas para adoptar una decisión.

El juez instructor también admite toda la prueba documental solicitada por la formación de Rosa Díez, que deberá depositar una fianza de 20.000 euros para ejercer la acusación popular, y requiere a Bankia y al BFA copia de las actas de las reuniones que el Consejo de Administración celebradas desde el 3 de diciembre de 2010 y de los documentos o informes que justificaron las sucesivas peticiones de ayuda al FROB.

CRÉDITOS A FAMILIARES Y PARTIDOS POLÍTICOS

El juez Andreu también pide a cada una de las cajas de ahorro que se integraron en Bankia detalles sobre "las operaciones de crédito, aval o garantía" que efectuaron desde el 1 de enero de 2008 "en favor de miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y de su personal, directivos, familiares en primer grado o con empresas o entidades que controlen según la Ley del Mercado de Valores".

De igual modo, solicita que se detallen los créditos que se concedieron desde esa fecha a "los partidos o grupos políticos que tengan representación en las corporaciones locales y Asambleas legislativas autonómicas que hayan participado en el proceso electoral de la correspondiente caja de ahorros". También les pide que se indique "la situación actual de los citados créditos".

Por otra parte, pregunta si existen o han existido en este periodo "cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal clave de la dirección y de

los miembros del Consejo de Administración".

Además, solicita información sobre el plan de prejubilaciones o cualquier otro sistema de previsión (pensiones complementarias, seguros de vida y figuras análogas) destinado al Comité de Dirección de la entidad, las aportaciones a planes de pensiones, mutualidades, seguros de jubilación y pagos de indemnizaciones y retribuciones de cualquier naturaleza que habrían recibido desde el 1 de enero de 2007.

Toda esta información se solicita a las seis entidades que fundaron Bankia: Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.

CNMV, FROB Y BANCO DE ESPAÑA

Además, pide a la CNMV los expedientes tramitados tras la Oferta Pública de Suscripción y admisión a negociación de acciones (OPS) de Bankia, y en particular de la resolución por la que se aprobó la salida a bolsa de la entidad a pesar de que la misma no cumplía con el requisito de disponer de cuentas anuales auditadas de los tres últimos ejercicios. También le reclama la inforamción que Bankia puso a disposición del público en este proceso.

De igual modo, pide a las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao los expedientes sobnre la admisión a negociación de las acciones de Bankia en los distintos mercados, así como los hechos relevantes comunicados y las decisiones adoptadas respecto a la entidad.

Además, solicita al Banco de España los informes elaborados por el Grupo de Inspección del Grupo Bankia desde el 1 de enero de 2011, los cuadernos de cargos de los administradores de Bankia y el BFA, un resumen sobre la situación en el Banco de Valencia, y el Plan de Capitalización y de Saneamiento presentados por Bankia.

Al FROB también le solicita un informe sobre la situación patrimonial y la viabilidad del Banco de Valencia, las actas que obren en el expediente del Grupo Bankia, los informes sobre la inyección adicional de 17.000 millones de euros, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio de 2011 y los informes cuatrimestrales de la Comisión Rectora.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción señala en el informe en el que ha dado su visto bueno a la admisión a trámite de la demanda contra Bankia por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que en estos momentos no procedía imputar conductas delictivas a personas concretas por el simple hecho de que pertenecieran al Consejo de Administración.

En este sentido, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha ido bastante más lejos de la posición expresada por el Ministerio Público en su escrito al citar como imputados a 33 exmiembros del Consejo de Administración de la entidad, entre los que se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato; el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y al exministro del Interior Ángel Acebes, que también formó parte del Consejo de Administración de Bankia.

"El estado actual de la investigación no permite imputar conductas delictivas a personas físicas concretas, siendo necesario anticipar la práctica de diversas diligencias para poder establecer, siquiera sea de forma provisional, la existencia de unos hechos penalmente relevantes", señalaban en su escrito los fiscales Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol.

"La mera pertenencia al consejo de administración de BFA o Bankia es un criterio de imputación genérico, válido como punto de partida a una investigación que se antoja, repetimos, necesaria, pero insuficiente en sí mismo para la atribución de conductas delictivas concretas -explicaban los fiscales- razón por la que resulta conveniente supeditar la declaración de los miembros de dichos consejos a lo que resulte de a práctica de otras diligencias a las que luego nos referiremos y que permitirán también acotar el alcance de la imputación a todos o sólo a parte de los consejeros e incluso a otras personas que no ostenten dicho cargo".

Los fiscales adscritos al caso también se oponían a la citación por el juez, en calidad de testigos, de exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; del auditor de Deloitte Francisco Celma; del presidente del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura; y del representante lega de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Respecto a estos testigos, consideraba Anticorrupción que su llamada al proceso debería quedar supeditada al análisis de la documentación que se pida a estos organismos e instituciones, "pues sólo tras su estudio podrá valorarse si estas personas, u otras, en efecto son testigos de los hechos, si pueden añadir algo más al contenido de los documentos que hayan sido aportados y si, en definitiva, resulta necesaria su declaración".

CONTRARIA A LA INTERVENCIÓN

En cuanto a la intervención judicial del banco que solicitaba UPyD, y que podría ser acordada tras la celebración de una comparecencia acordada por el juez Andreu el próximo 23 de julio, la Fiscalía opinaba la medida no es proporcionada porque los querellados ya no dirigen la entidad, "lo que no sólo diluye la finalidad preventiva de la medida, sino también la específicamente garantista para con trabajadores y acreedores, siendo incluso razonable suponer que su adopción resultaría perjudicial para los intereses de éstos".

Respecto de la fianza solicitada por el partido de Rosa Díez a los ahora imputados para garantizar las responsabilidades civiles derivadas de los presuntos delitos que podrían haber cometido, Anticorrupción señala en su escrito que ahora mismo tampoco procede, aunque podría establecerse "razonadamente" tras la práctica de diligencias por el juez.

Lo que si admite la Fiscalía es la practica de diversas pruebas documentales en relación con documentación que debe ser requerida a Bankia y a Banco Financiero y de Ahorro, así como a las cajas de ahorro integradas en el grupo (Caja de Madrid, Caja de de Ávila, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja), excepto la del Banco de Valencia, que es objeto de una investigación penal propia en la Audiencia Nacional.

También es favorable a la petición de documentos del Banco de España, Deloitte y la CNMV que ya habían sido solicitados por Anticorrupción y de los que todavía no dispone en su totalidad.

DESESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Respecto del la querella en sí, Anticorrupción, que admite que mantenía abiertas unas diligencias de investigación sobre las actividades de Banckia desde el pasado mes de mayo, considera que es procedente investigar el deterioro patrimonial de la entidad para evitar los hechos denunciados por UPYD "puedan tener una repercusión todavía mayor tanto en el tráfico mercantil como en la economía nacional".

Recuerda que Bankia, el cuarto banco más grande de España por volumen de activos, con más de 11 millones de clientes, un volumen de negocio que superaba los 485.000 millones de euros y un negocio crediticio de más de 186.000 millones de euros a 31 de diciembre de 2011, es una entidad cuya quiebra "podría desestabilizar todo el sistema financiero".

Esta característica hace que el asunto sea competencia de la Audiencia Nacional. Añade la Fiscalía que el FROB ya ha inyectado en Bankia importantes fondos púbicos:4.465 millones procedentes del préstamo que el propio FROB concedió en su día a la entidad y que se convertirán en acciones de Bankia al no poder ser devueltos.

Posteriormente, recuerda el Ministerio Público, la dirección de Bankia ha solicitado 19.000 millones de euros al Gobierno de España para poder acometer el plan de saneamiento y de recapitalización del grupo financiero que ya ha sido presentado al Banco de España y al Ministerio de Economía. El coste inicial para el erario público por el saneamiento y capitalización del grupo BFA-Bankia será por tanto, en esta hipótesis, de 23.465 millones de euros.