La delegada de Gobierno niega que haya redadas de inmigrantes en Lavapiés

La delegada de Gobierno de Madrid, Dolores Carrión, ha negado que la Policía nacional esté realizando redadas en Lavapiés, tal y como criticaba Amnistía Internacional, después de que el martes se detuviera a una persona que estaba en situación irregular en España y se produjeran una serie de enfrentamientos entre 'indignados' y policía. "Lo que hace la Policía es cumplir la Ley", ha señalado Carrión en rueda de prenda. Preguntada por si le preocupa que el 15M esté instaurando una legalidad paralela como el suceso de Lavapiés, la delegada ha declarado que no le preocupa, ya que la Ley se cumple siempre. "A mi no me preocupa, me ocupa la seguridad de los ciudadanos y dentro de esta ocupación y siempre con el apoyo de la Policía y la Guardia Civil", ha señalado. "No creo que tenga mucho que ver una cosa con la otra. En determinadas protestas había personas de las que se han desmarcado ese colectivo. A ver si ahora que cada vez que haya un incidente en una cosa va a ser consecuencia del 15M, porque no tiene que ser así", ha afirmado Carrión. Carrión no ha entrado a valorar las declaraciones realizadas por el exconsejero de Presidencia y secretario general del PP, Francisco Granados, quien consideró que los altercados en Lavapiés "son una muestra más de la división del Estado de Derecho" que, a su entender, ha propiciado el Ejecutivo central al dejar "la calle en manos de personas que están incumpliendo la ley" y que se "manifiestan sin el permiso conveniente. "Mis relaciones con Granados cuando era consejero eran muy buenas, como ahora cuando no es consejero de la Comunidad de Madrid, por lo tanto expresa opiniones o valoraciones que desde la lógica institucional no efectuaría y que desde su actual responsabilidad está en su derecho de hacer y que no valoro ni positiva ni negativamente", ha concluido. Por otra parte, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publica un decreto que, con fecha 30 de julio y entrada en vigor el 1 de julio, "extingue el organismo autónomo Administrativo Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación. El Gobierno regional justifica esta decisión explicando que la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2011 permite "reestructurar, modificar y suprimir organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos, creados o autorizados por Ley, dando cuenta a la Asamblea en un plazo de 30 días desde su aprobación, por razones de política económica, presupuestaria u organizativa". Dicho esto, el Decreto explica que la Consejería de Asuntos Sociales asumirá las competencias en materia de Mujer y de Inmigración y añade que, "con objeto de optimizar la eficacia en la actuación de la Consejería en las materias que se asumen y avanzar en los principios de austeridad y contención del gasto público, se procede a suprimir este organismo". El personal funcionario y el laboral que estuviera adscrito a este organismo autónomo pasará a depender, según se establece en dicho Decreto, de la Consejería competente en materia de inmigración (Asuntos Sociales). Precisamente este jueves, el vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, ha anunciado el inicio de los trámites para proceder a la supresión de la empresa pública Mintra, que es la que se encargaba de las ampliaciones de la red de Metro de Madrid. Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de extinción de esta empresa pública y su remisión a la Asamblea de Madrid para su tramitación, algo que el 'número 2' del Gobierno regional ha enmarcado "dentro de las políticas de reducir el peso de la administración autonómica, el número de empresas (públicas) y el gasto público". La extinción de Mintra supone la integración de las funciones que desarrollaba en la Dirección General de Infraestructuras, que será la que, por tanto, asumirá este tipo de tareas a partir de este momento. Preguntado por si esta medida puede suponer el despido de los trabajadores de esta empresa pública, González ha dicho no saberlo. "No lo sé, pero en todo se aplicará lo que establezca la Ley y se reconocerán los derechos que tengan los trabajadores de la empresa. Seremos respetuosos con el cumplimiento de la Legislación", ha advertido. "Si procede y es procedente algún despido se hará con sus derechos y si hay que reubicarlos (a los trabajadores) se reubicarán tal y como establece la normativa", ha añadido González, que ha dicho que no hay más lectura posible en esta supresión que la de reducir costes económicos, cantidades que no ha podido precisar.