De alguna manera la situación es muy parecida a la que vivieron Marcelino Camacho y Redondo en septiembre de 1977 cuando tuvieron que tragarse los famosos Pactos de la Moncloa, que fueron el primer ajuste social importante de la transición del franquismo a la democracia para resolver los efectos de la crisis del petróleo de 1973, entre ellos una inflación de más del 30%. 18 meses antes, en enero y febrero de 1976, el último Gobierno del franquismo había tenido que militarizar los transportes y Correos para parar una huelga general que hubiera dado alas a las fuerzas revolucionarias frente a los pactos con los franquistas.
En la crisis de 1985-99, ya con el Gobierno de Felipe González, Antonio Gutiérrez, por CC.OO., y Nicolás Redondo, por UGT, tuvieron que enfrentarse a una nueva ofensiva antisocial con los programas de reconversión industrial que cerraron astilleros y siderurgias dejando en la calle a miles de obreros. La situación llegó a dramática en algunos lugares, como los Altos Hornos de Vizcaya, en Bilbao, o los Astilleros en Cádiz, Vigo o Gijón, donde los obreros se encerraron y trataron de impedir sus desalojos fabricando armas propias para responder a los Antidisturbios.
El 14 de diciembre de 1988, los líderes sindicales se lanzaron a una huelga general que acabó con la dimisión de Nicolás Redondo como diputado del PSOE y con la primera gran crisis abierta entre el partido y el sindicato socialistas, lo que provocó además que la gran banca se cargara el macro proyecto de construcción de viviendas de la UGT, la PSV, retirando los créditos a las promociones. El propio Redondo estuvo a punto de ir a la cárcel cuando la promotora de cooperativas cayó y fue acusada de estafa.
También CC.OO sufrió las batidas conjuntas del Gobierno de Felipe González y del mundo financiero, lo que a la postre llevó a que Antonio Gutiérrez fuera sustituido por un representante de su ala más derechista y procapitalista, José María Fidalgo, de quien se ha llegado a decir que podría fichar por la UpyD de Rosa Díez, e incluso por el PP.
Todos estos antecedentes hacen que Toxo y Méndez se lo piensen mucho antes de echar un pulso definitivo al Gobierno de Zapatero, que tiene en sus manos mucho resortes que pueden dar la puntilla a unos sindicatos convertidos, en gran parte, en meros aparatos administrativos, con grandes dosis de endogamia laboral y de autocomplacencia.
Los años de vacas gordas de la burbuja inmobiliaria han desdibujado la labor sindical y a los líderes sindicales les cuesta mucho cambiar el chip y arrancar de nuevo en una sociedad super individualizada. Dos años han tardado en reaccionar a los más de cuatro millones de despidos, hasta que la rebaja salarial a los funcionarios y la reforma laboral decretada por el Gobierno les obligara a convocar una huelga en la Administración Pública, y luego la huelga general del 29 de septiembre, a toro pasado y cuando el Congreso había ya aprobado por mayoría esas medidas.
Esperar a que el Gobierno apruebe la ampliación de la edad de jubilación es un error que Toxo y Méndez saben que no pueden volver a cometer, pero no saben cómo arreglarlo. Las concentraciones y manifestaciones convocadas en toda España son como un txirimiri sindical, que a veces ni siquiera logra salir en los periódicos. La huelga de controladores y la dura respuesta del Gobierno decretando el Estado de Alarma también les ha dejado perplejos, sin que ninguno de los dos líderes sindicales se atreviera a decir nada hasta pasados varias días en los que han mostrado su oposición a la medida gubernamental, pensando más en los que puede pasarles cuando llamen a la huelga general contra la privatización de Aena.
El verano pasado, y adelantándose a la huelga general, los trabajadores del Metro de Madrid se declararon en huelga contra la rebaja salarial decretada por Esperanza Aguirre. La presidenta respondió poniendo unos servicios mínimos del 50%, claramente abusivos, por lo que una parte de los conductores del Metro hicieron lo mismo que los controladores, directamente no fueron a trabajar, paralizando todo el servicio. Si eso volviera a ocurrir seguramente se declararía también el estado de alarma y la militarización del Metro, con la circunstancia de que tanto en el Metro como en Aena, la opinión pública fue movilizada por los medios de comunicación contra los trabajadores.
otras opiniones >>
