Todavía es un misterio lo que ocurrió en el Consejo de Ministros del viernes 3 de diciembre, pero como ha ocurrido con los informes de los embajadores que está desvelando Wikileaks, al final se sabrá todo. Blanco llevó a la reunión el decreto que aumentaba las horas de trabajo pactadas con los controladores después de que Aena, hubiera sido incapaz de encontrar una solución a la ecuación de cómo reducir los escandalosos salarios de los técnicos de control aéreo sin aumentar el personal. Durante todo el año 2010, los pilotos de todas las compañías aéreas venían informando a los pasajeros de que los retrasos se debían a un “conflicto encubierto” de los controladores que estaban aplicando la máxima de trabajar sólo las horas pactadas. Para solventar el problema a Blanco sólo se le ocurrió sumar a las horas del convenio los tiempos “muertos”, bajas médicas incluidas, como si se tratase de un partido de baloncesto.
Sabiendo que iba a haber problemas se incluyó en el decreto la posibilidad de militarizar el servicio. Desatada la huelga salvaje y sin control aéreo se informó a los medios de comunicación de que el problema se iba a resolver enseguida, en cuanto llegasen los militares, pero alguien avisó –muy posiblemente algún general, de que la cosa no era tan fácil y que el Ejército no está para esas funciones. Fue entonces cuando el Gobierno tuvo que disparar más alto y buscar un sistema que permitiera la intervención militar: el estado de alarma, que no estaba previsto y que hubo que improvisar a toda prisa.
En la tarde y noche del viernes 3 de diciembre, en medio del caos aéreo, los ministros, Carmen Chacón la primera, como titular de Defensa, pudieron darse cuenta de que Blanco y Rubalcaba habían puesto en marcha una máquina infernal que no había cómo pararla. Estaban dispuestos a todo y nadie sabe lo que hubiera pasado si los controladores se hubieran negado a volver a sus puestos a partir del sábado a mediodía. Ni siquiera Sarkozy, con problemas en el suministro de carburantes, por la huelga de los trabajadores de las refinerías, se había atrevido a tanto.
Ningún ministro se atrevió a decir esta boca es mía, viendo a Zapatero que aprobaba la escalada de medidas que iban exponiendo Blanco y Rubalcaba. Todos ellos prefirieron irse a casa a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. La oposición, desde el PP hasta IU, tampoco lograban salir de su asombro y los sindicatos hicieron mutis por el foro aún sabiendo que la próxima huelga que quieran hacer en los transportes o en algún otro servicio básico cuenta ya con la espada de Damocles del estado de alarma.
Los medios de comunicación, obnuilados por las escenas de “terror” de los aeropuertos tampoco supieron estar a la altura de los acontecimientos: la culpa era de los controladores y el Gobierno había reaccionado para defender el derecho a irse de vacaciones en el puente.
De la misma manera, una vez puesto en marcha el estado de alarma, el silencio se ha vuelto a imponer sobre las constantes faltas de puntualidad de los aviones en España, ya no es noticia que decenas de viajeros lleguen con dos o tres o más horas de retraso.
Zapatero, alentado por Rubalcaba y Blanco, quiere creer que esta política de gestos duros le va a dar réditos electorales, algo parecido a lo que le ocurrió a Aznar –éste por su propia cuenta- cuando decidió que no tenía por que preocuparse del vertido del “Prestige” o cuando decidió que ya era hora de que el Imperio español entrase en una guerra de la mano de los norteamericanos y los británicos. A falta de soluciones, mano dura, que “eso es lo que quiere la gente”.
No es de extrañar que Rajoy esté cada día más asombrado ya que desde que el PSOE ganó las elecciones de marzo de 2008, Zapatero le ha ido “robando” las soluciones típicas de la derecha, empezando por la “mano dura” en el país Vasco y siguiendo por la rebaja del salario de los funcionarios o por el aumento de la edad de jubilación, que ya es inevitable, a no ser que los sindicatos le planten cara con estado de alarma incluido.
Ni siquiera Esperanza Aguirre se atrevió a tanto cuando los maquinistas del Metro de Madrid, que conforman también un sindicato muy sui géneris, decidieron organizar una huelga salvaje en julio pasado contra la disminución de sus salarios. Entonces a la presidenta de Madrid le bastó con el apoyo de la acorazada mediática que puso enseguida a la opinión pública contra los trabajadores del metro
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