Organizaciones sociales temen que el nuevo reglamento de Extranjería "limite aún más" los derechos de los migrantes

Diversas organizaciones han mostrado su preocupación por el nuevo Reglamento de Extranjería porque consideran que su elaboración se está desarrollando con gran "secretismo", por lo que temen que la normativa "limite aún más los derechos de la población migrante".

La última reforma de la Ley de Extranjería, aprobada en diciembre de 2009, estableció un plazo de seis meses para la aprobación de un reglamento de ejecución de dicha Ley, así como para la regulación de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).

"Hasta el pasado martes, la única información de la que disponíamos sobre el contenido del Reglamento de Extranjería se basaba en meros rumores y alguna declaración pública de nuestros representantes políticos", afirman desde SOS Racismo.

Las organizaciones sociales se reunían en la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) para firmar un comunicado. Entre ellas se encontraban el Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU), el sindicato CGT, la iglesia San Carlos Borromeo, Economistas sin Fronteras, la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes (FERINE), Ferrocarril Clandestino, FRAVM, Inmigrapenal, Programa Abriendo Mundos, SOS Racismo Madrid y Pueblos Unidos.

Han criticado "la indefensión legal y la arbitrariedad" a la que se ven sometidas las personas internadas en los Centros de Internamiento de Inmigrantes "radican precisamente en la inexistencia de una norma que regule estos centros".

"Las condiciones higiénico-sanitarias siguen siendo deficientes, en los procesos de expulsión se reportan irregularidades constantes, las organizaciones sociales y sociedad civil seguimos teniendo un acceso muy limitado a estos centros", señalan desde Ferrocarril Clandestino.

Por otro lado, las organizaciones han manifestado que la situación de desempleo de muchos ciudadanos extranjeros está impidiéndoles renovar su autorización de residencia y trabajo, "dando lugar al fenómeno de la irregularidad sobrevenida".

"Además, hemos identificado nuevos obstáculos y trabas para la regularización por la vía del arraigo que no hacen sino desvirtuar esta figura y promover la exclusión social de miles de ciudadanos extranjeros con derecho a regularizar su situación administrativa", han señalado.

"Cada vez se solicitan más documentos a la empresa que realiza el contrato de trabajo --cartera de clientes, cifra de negocios, futuros trabajos de la empresa--. En el caso de solicitudes de servicio doméstico la cuantía de los ingresos exigidos a los empleadores resulta desconocida por cuanto no se encuentra regulada, dejando su valoración a criterios arbitrarios que provocan que esta cuantía sea exageradamente elevada, y se deniegan automáticamente las solicitudes de servicio doméstico en régimen discontinuo (trabajar para varias familias empleadoras) cuando se estaban aprobando hasta hace unos meses y no ha habido ningún cambio legal que lo justifique", ha afirmado Pueblos Unidos.

En este sentido, las entidades sociales han denunciado que se está vulnerando el derecho a la vida en familia de la población migrante "con el endurecimiento de las exigencias para la reagrupación familiar y la denegación de estos visados en los países de origen en base a criterios totalmente arbitrarios y que no están recogidos en ninguna norma de rango legal". "Se está convirtiendo prácticamente en un derecho para ricos, están pidiendo unos ingresos anuales de una cuantía exagerada de euros para poder reagrupar", ha añadido desde SOS Racismo.

REDADAS Y DETENCIONES

Por otro lado, las asociaciones han asegurado que siguen practicándose redadas y detenciones de inmigrantes "sin cobertura legal y basadas en criterios raciales, prácticas cuestionadas desde varias instituciones del Estado, y se continúa primando en todo caso la expulsión sobre la multa administrativa, vulnerando el principio de proporcionalidad exigido en la Ley de Extranjería".

Por ello, consideran que el Reglamento de Extranjería es una oportunidad para acabar con "la inseguridad jurídica" que caracteriza al Derecho de Extranjería, "y en ningún caso puede convertirse en un instrumento que dé cobertura legal a estas prácticas restrictivas y arbitrarias de la Administración, que no hacen más que limitar o vulnerar aún más los derechos fundamentales de la población migrante".

A ese respecto, piden participar de manera activa en el proceso de elaboración, tanto del Reglamento de Extranjería como en el de los CIE, y que estos textos legales sean fruto del "consenso" entre el Gobierno y las organizaciones sociales que conocen la realidad de la población migrante.