El TSJM juzgará a Rollán por 14 presuntos delitos

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebrará del 14 al 17 de diciembre el juicio contra la ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz y actual secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid (PSM), Trinidad Rollán, así como de toda la corporación municipal de esta localidad en el año 2001 por su implicación en el 'caso Patrimonio Siglo XXI', ha informado el TSJM en un comunicado. La Fiscalía del TSJM les acusa de catorce presuntos delitos de prevaricación del artículo 404 del Código Penal en relación con el artículo 78 de la Ley de Bases del Régimen Local. Cada uno de los acusados se enfrenta a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Además de Rollán, se sentarán en el banquillo de los acusados la diputada Esperanza Rozas; Francisco Martín Rojas; Julia López Jiménez; María del Mar González Romero; Josefina Ginovart Amorós; María de los Desamparados Gallego Alfaro; y Francisco Montero Almirón. También serán juzgados Lucía Tizón Cuñarro; Valentín Gómez Goraz, Luis Ceres Rodríguez; Juana Fernández Rodríguez; Félix Ortega Arias; y Juan Francisco López Gárate. El escrito de acusación señala que en 2001 la corporación del Ayuntamiento de Torrejón, en la que se encuentra Rollán o la diputada regional del PSOE Esperanza Rozas, votó favorablemente un convenio urbanístico entre el Consistorio y la entidad Patrimonio Siglo XXI S.A., por valor de 539.291.000 pesetas (3.241.204 euros), a pesar de que durante el pleno "se puso de relieve la ilegalidad del convenio" y los miembros del equipo de gobierno eran "plenamente conscientes de su ilegalidad". El texto señala que en virtud del convenio la sociedad "materializaría a su costa las obras de urbanización de terrenos propiedad del Ayuntamiento en la unidad de Ejecución 19 denominada 'Mancha Amarilla' ubicada en el PGOU" del municipio. El escrito indica que el pleno municipal en el que se votó el convenio "puso de relieve la ilegalidad tanto de forma como de fondo del convenio suscrito" advirtiendo que la Concejalía de Urbanismo de la localidad "no cumplió con los artículos 164, 172, 175 y 177 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales", y en el fondo, "se infringía la ley del Suelo de la Comunidad de Madrid" porque el convenio "no tenía cabida en los artículos 245 y 246 de la Ley del Suelo". Asimismo, señala que el secretario del Ayuntamiento "ponía de relieve la circunstancia de que nunca se podría configurar jurídicamente el convenio como una permuta, al no darse la necesaria reciprocidad de dar y recibir". Por todo ello, el fiscal señala que los hechos "constituyen 14 delitos de prevaricación del artículo 404 del código Penal en relación con el artículo 78 de la Ley de Bases de Régimen Local" y que "cada acusado es responsable de un delito de prevaricación de los preceptos reseñados". Además, señala que "a cada acusado procede se le imponga la pena de 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público". Por otra parte, la juez de Instrucción número 43 de Madrid, María del Coro Cillán, ha aplazado hasta el próximo 10 de diciembre la declaración prevista de tres inspectores que fueron asesores en el Comité de Expertos en el 'caso Leganés' y otro que decidió abandonarlo tras reabrirse el caso por orden de la Audiencia Provincial de Madrid. Fuentes jurídicas han indicado que el aplazamiento se ha producido con motivo de que la juez no ha podido localizar a todos los testigos. De este modo, se ha señalado para el próximo 10 de diciembre a las 10.00 horas. Se trata de la causa en la que se investiga la querella interpuesta por el doctor Luis Montes contra el ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela y contra seis médicos por denuncia falsa y falsedad en el caso de las supuestas sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. El caso estaba archivado, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó esta semana a la magistrada tomar declaración a tres inspectores Asesores del Comité de Expertos, Mariano Villanueva, Francisco Ramos y Ana Martínez, y a otro testigo que formó parte de la Comisión, pero que abandonó. La Audiencia madrileña considera estas diligencias "relevantes" y "necesarias" en tanto que tales testigos "pueden aclarar el contenido del asesoramiento que prestaron, si fue meramente externo o se limitó a una mera interpretación de las letras". PROCESO PENAL En abril de 2009, la juez admitió a trámite una querella interpuesta por Montes y su compañero del mismo centro Miguel Ángel López Varas contra Lamela por dar pábulo a una denuncia anónima para acusar a Montes y a su equipo de 400 homicidios por la presunta práctica de sedaciones irregulares. La querella se dirigía también contra seis médicos que participaron en un informe encargado por Sanidad en el que se acusó a Montes y a sus compañeros de sedaciones fuera de la 'lex artis'. Se trata de Manuel Gómez Barón, del Hospital La Paz; Hernán Cortes, oncólogo del 12 de Octubre; Dolores Crespo, del Ramón y Cajal; Bartolomé Bonet, del Hospital de Alcorcón; Francisco López Timoneda, del Clínico San Carlos; e Isidoro Álvarez, de la Consejería de Sanidad. En el escrito judicial, Montes esgrimía que los casos de sedaciones que investigaron los juzgados leganenses habían sido "sometidos a inspección previamente, incluso por el Comité de Ética del Hospital Universitario de Getafe", y que "no se demostraron indicios para plantear la denuncia". Montes y López Varas consideraban en la querella interpuesta que la campaña y la investigación se iniciaron a raíz de una "denuncia anónima", que a su juicio no podía servir de base para "la actuación judicial" que se produjo. 'CASO LEGANÉS' El ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid relevó a Montes y a su equipo de las Urgencias del Severo Ochoa el 11 de marzo de 2005 con motivo de las denuncias que les acusaba de de 400 homicidios por la presunta práctica de sedaciones irregulares. El caso llegó al Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés. En junio de 2007, el juez determinó que se produjo 'mala praxis' médica, si bien no pudo acreditar la conexión entre ésta y las muertes que se habían producido en las Urgencias. La causa se archivó. En enero de 2008, un auto de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el sobreseimiento de la causa, ordenando que se suprimiera toda referencia a la posible mala práctica médica de los profesionales del Severo Ochoa. Los magistrados no pudieron demostrar la relación causa-efecto entre las muertes de los pacientes y las sedaciones a las que fueron sometidos. Sin salir de aspectos judiciales, el titular del Juzgado Número 3 de Pozuelo ha citado a declarar el 30 de noviembre, en calidad de imputada, a la concejala de Pozuelo Yolanda Estrada por el incremento en el presupuesto para construir el Parque de las Cárcavas, según ha informado el PSOE de la localidad. El mismo día, además de Estrada, también ha sido citado para declarar el actual concejal de Hacienda, José María Mayo. Según la denuncia presentada por el PSOE de Pozuelo, el parque se adjudicó por 4,5 millones de euros y costó 11 millones de euros. Estrada formó parte del equipo de Gobierno del Partido Popular, pero fue expulsada del mismo tras su imputación en la trama Gürtel. Por este motivo, en la actualidad forma parte del Ayuntamiento de Pozuelo como edil no adscrita. Según han explicado los socialistas, el juez ha llamado a declarar como imputados a un total de cinco miembros del equipo de Gobierno del Partido Popular en las legislaturas de 2003 y 2007. Se trata del actual alcalde, Gonzalo Aguado; el ex alcalde, Jesús Sepúlveda (imputado en la trama Gürtel), el actual concejal de Hacienda, José María Mayo; el ex concejal de Hacienda Roberto Fernández; la concejal no adscrita, Yolanda Estrada, y al Jefe del Departamento de Contratación. Desde el PSOE, sus responsables explican que todos ellos tendrán que declarar por las "presuntas irregularidades cometidas" en el expediente de Contratación de las 'Obras de Acondicionamiento del Arroyo de las Cárcavas'. Este Proyecto se aprobó en el año 2005. En marzo de 2006, se adjudicó por 4,5 millones de euros a la 'UTE Cárcavas', relatan los socialistas. La portavoz del PSOE, Eva Izquierdo, ha explicado que la citación se ha producido tras la denuncia de su partido en 2008 porque la obra del parque fue inaugurada "antes" de que se aprobara la modificación de su presupuesto. "El parque se inauguró a bombo y platillo en julio de 2007, incluso con fuegos artificiales antes de que se aprobara la modificación de 6 millones de euros en el presupuesto", ha asegurado. "ÁRBOL DE MÁS DE 100.000 EUROS" Desde el partido de la oposición se indica que el juez ha ordenado al Ayuntamiento que remita al juzgado copia del proyecto modificado del parque. Asimismo, pide a la Unidad de delincuencia económica de la brigada provincial de la policía judicial que investigue un viaje a Bélgica para la adquisición de un árbol que "costó más de 100.000 euros". "Se trata de un viaje que realizaron tres de los imputados con un acompañante cada uno para adquirir arbolado para el parque. Nos parece fuera de lo normal que un árbol que adquirieron costara más de 100.000 euros. Es un precio desorbitado y no tiene ninguna explicación", han dicho. Respecto al expediente de contratación, los socialistas han relatado que seis meses después de la inauguración del parque, la Junta de Gobierno aprobó el modificado con el que se finalizaban las obras. "Esta aprobación se realizó con un informe contrario de la Secretaría General del Ayuntamiento. Informe negativo que se sumó al que emitió el Interventor Municipal con relación al abono de 625.000 euros por parte del Ayuntamiento a la empresa constructora en concepto de mantenimiento del parque", han añadido. La portavoz del PSOE ha pedido la dimisión del alcalde y del concejal de Hacienda por la imputación porque, a su juicio, esto es un caso "gravísimo de presunta corrupción vinculado a grandes contrataciones".