Macrojuicio contra 133 controladores: Culpan al Gobierno de Zapatero del caos aéreo de 2010

El macrojuicio contra 133 controladores aéreos en Madrid por el cierre del espacio aéreo español en diciembre de 2010 arranca hoy en el Juzgado de lo Penal número 18 con un principio de acuerdo con 119 de los acusados de un delito de abandono de servicio público por paralizar la actividad aeronáutica entre los días 3 y 4 de diciembre de ese año.

El caos aéreo afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España, con colectivos de afectados que iniciaron acciones legales.

En el banquillo se sientan 133 controladores, de los que 119 han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Madrid. Los acusados que no han pactado, entre los que figura el que fuera portavoz del sindicato mayoritario USCA César Cabo, se enfrentan a multas de entre 75.000 y 60.000 euro.

En el caso de seis representantes sindicales se ha pactado ahora una multa de 150 euros diarios a razón de siete meses (31.500) y suspensión de empleo durante cinco meses. El acuerdo de los controladores quedaría en una multa de 100 euros a razón también de siete meses (21.000) y con la misma suspensión de empleo.

En su escrito de acusación, el fiscal recuerda la condición de funcionarios públicos de los acusados y el "esencial" servicio público que prestan para la comunidad "como es el transporte aéreo".

También reclama una indemnización conjunta y solidaria, a cada uno de los perjudicados por el importe que acrediten haber pagado por los billetes de avión cuyo vuelo haya sido cancelado y por los demás gastos que acrediten documentalmente derivados de dicha cancelación "en ejecución de sentencia y siempre que se pruebe que no ha sido indemnizado con anterioridad". De dichas indemnizaciones será responsable civil subsidiario el ente público Aena.

LOS CONTROLADORES CULPAN AL GOBIERNO DE ZAPATERO

El portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) Daniel Zamit, ha culpado hoy del caos aéreo de diciembre de 2010, del que se cumplen diez años, al antiguo Gobierno que presidió José Luis Rodríguez Zapatero por "montar un follón" para justificar "la militarización" tras declararse el estado de alarma por el cierre del espacio aéreo, una "decisión política" de la que tendrán que responder y de la que ellos no son responsables.

En la primera sesión tendrá lugar la exposición de las cuestiones previas y veintidós acusados ratificaran su acuerdo con el fiscal. Se prevé que César Cabo, el que fuera portavoz de USCA en aquellos días y sindicato mayoritario del colectivo, comparezca el próximo 29 de enero.

César Cabo es el único representante sindical de la antigua cúpula de USCA entre los acusados que no ha pactado con la Fiscalía, y que se enfrentan a multas de entre 75.000 y 60.000 euros.

A su llegada, el actual portavoz de USCA ha reprochado que el juicio no se tenía que celebrar, ya que ha habido catorce juzgados que les ha absuelto de los delitos por los que les habían acusado en otras ciudades españolas.

"NO CERRAMOS EL ESPACIO AÉREO NI HICIMOS NINGUNA HUELGA SALVAJE"

"No cerramos el espacio aéreo ni hicimos ninguna huelga salvaje", ha subrayado recalcando que se han sumado al acuerdo para evitar asistir al juicio y por consejo de sus abogados. Sobre los compañeros que siguen adelante, ha destacado que aún "tienen fuerzas para pelear". Entre ellos, destaca César Cabo, quien aquellos días fue la cara visible del colectivo.

Así, ha reseñado que se trata de "un juicio político" del que es complicado "demostrar" la inocencia de los acusados. Además, ha lamentado que se les ponga como culpables cuando ellos no protestaron ni "hicieron ninguna huelga".

"Veníamos denunciando todo ese año carencia de personal. En noviembre se dieron cuenta de que no llegábamos a final de año prestando el servicio de control. La única solución que encontraron fue montar un follón de tal calibre justificar una militarización para no trabajar con arreglo al estatuto de los trabajadores sino bajo código de disciplina militar", ha aseverado.

En este punto, ha insistido en que no tenían potestad ni tienen para cerrar el espacio aéreo. "Todo el mundo se presentó al relevo y todo el mundo estaba trabajando, según consta en las declaraciones de los gestores de Aena", ha señalado indicando que es falso que los militares controlaran los aviones civiles cuando estaban los controladores detrás.