La "testaferro" Corinna y Urdangarín, una herencia envenenada

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, consultora afincada en Mónaco próxima a Juan Carlos I, afirma en unas grabaciones realizadas por el comisario José Manuel Villarejo en el año 2015 que el Rey emérito la utilizó como testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero y que contaba con cuentas en Suiza a nombre de su primo.

Según la información difundida este miércoles por El Españoly OK Diario, que ofrecen las grabaciones, Corinna facilitó estos detalles a Villarejo, que se encuentra en prisión preventiva, en una reunión que ambos mantuvieron en la vivienda que ella tiene en un exclusivo barrio de Londres en el año 2015.

En aquel encuentro, propiciado por el empresario JuanVillalonga, amigo de ambos, según explica El Español, ella contó que estaba viviendo una "pesadilla" porque el Rey había colocado diversas propiedades en Marruecos y otros lugares fuera de España a su nombre y en aquel momento, se las estaba reclamando, pero si ella las devolvía poniéndolas a nombre de terceros incurría en un delito de blanqueo.

"Ponen la propiedad dentro de la estructura, hacen como un contrato de venta y entonces parece todo perfecto. Claro, no pueden decir que el beneficiario es el otro (en referencia al rey emérito). Entonces, sin decírmelo, me lo ponen y después dicen: 'Esta no quiere devolverle la cosa'. Pero si lo hago, es money laundering. Es blanqueo", dice uno de los fragmentos de la grabación transcritos por El Español.

"Me está poniendo una presión bárbara para que le devuelva esas cosas, pero si lo hago vulnero la ley y puedo ir a la cárcel", añade en la grabación, en la que ella señala que lo de utilizarla como testaferro dado que en Mónaco no es preceptivo hacer declaración patrimonial, "lo han hecho con dos o tres cosas y están poniendo muchísima presión". "Por ejemplo: mandarle dinero o darle cosas... eso es blanqueo", apunta Sayn-Wittgenstein.

En otro momento de la conversación, la empresaria señala que estas presiones son para que ponga las propiedades a nombre del primo del rey emérito Álvaro Orleans de Borbón, quien ya estaría asumiendo ese papel, siempre según las palabras de Corinna. "Ahora están tratando que yo pase estas cosas a Álvaro a través de Dante (señala en relación al abogado Dante Canonica) Están haciéndome la guerra porque yo no quiero cometer un delito", asegura.

"Ellos han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro Orleans de Borbón, que también vive en Mónaco. Entonces las cuentas de banco en Suiza que no han... 'that didn't come back in the amnesty' las han puesto a su nombre", apunta en la grabación, afirmando en inglés que esas cuentas no afloraron con la amnistía fiscal en relación a la que aprobó el Gobierno en 2012 y que permitía repatriar fondos opacos.

Corinna asegura que es este primo del rey emérito "el que paga los vuelos hasta Los Ángeles y otros vuelos privados". "Salen de Torrejón para no controlar (sic). De la zona militar. Pero es una compañía inglesa. Se llama Air Partners y salen con los aviones alquilados. Es Álvaro el que está pagando", dice sobre Orleans de Borbón, quien ha negado rotundamente toda esta información en conversación con El Español.

EL CNI

Por otra parte, en las grabaciones difundidas Corinna cuenta que recibió amenazas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que montó dos operaciones para hacerse con la documentación que pudiera guardar tras sus años de relación con Juan Carlos I, una en Londres y otra en Mónaco, de la que tendrían pruebas los equipos de seguridad del príncipe Alberto de Mónaco y el ministerio del Interior monaguesco.

Tal y como explica El Español, Villarejo y la empresaria alemana llegan a este punto en la conversación cuando él le muestra una serie de papeles que ella señala como sustraídos por el CNI de su casa: "Eso ha sido muy claro porque ha sido el propio servicio el que me ha quitado esos papeles de la oficina en Mónaco en 2012. Y sabían perfectamente que no había nada ilegal en ellos", apunta.

URDANGARIN PIDE AL SUPREMO LA ANULACION DE SU CONDENA

El exduque de Palma Iñaki Urdangarin ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del caso Nóos que le condena a cinco años y diez meses de cárcel por los delitos de prevaricación continuada y malversación ambos en concurso), tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos FIscales, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

En su escrito, Urdangarin asegura que el fallo carece de "base material lógica", tiene contradicciones y conclusiones predeterminadas, así como falta de motivación material, por lo que pide al Alto Tribunal que la deje sin efecto, según publica 'El Mundo'.

La defensa del exduque pide que el Supremo haga un pronunciamiento absolutorio contra su cliente, que ya está cumpliendo su pena de cárcel en el centro penitenciario de Brieva, en Ávila, desde el 18 de junio, y que estudia presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El incidente de nulidad razona que existe una falta de prueba: "Cuando la falta de motivación aparece como expresión de la falta de prueba será materialmente insubsanable", y que se han vulnerado derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia.

Argumentan que la supuesta inFLuencia que ejerció Urdangarin en las actividades del Instituto Nóos no queda "explicitada, aclarada o justicada" en la sentencia, y que no comprenden qué actos concretos se le reprochan o los motivos de la condena por malversación.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han explicado que el incidente de nulidad es un trámite previo a la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ya que antes de presentarlo se tienen que agotar todas las vías en el Supremo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) rebajó en cinco meses --hasta los cinco años y diez meses-- la condena inicial por el cas Nóos para el marido de la Infanta Cristina, que había sido penado con seis años y tres meses de cárcel por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca por varios delitos relacionados con la actividad de la citada entidad sin ánimo de lucro, y de este modo se rechazó el incremento de pena hasta los diez años de cárcel que solicitó la Fiscalía.