La Fiscalía Provincial de Madrid solicita un año de prisión para el alcalde de Guadalix de la Sierra, Ángel Luis García Yuste (PP), por un presunto delito de falso testimonio cometido cuando compareció como testigo en un juicio celebrado en 2013 pese a que entonces la presidenta del tribunal le advirtió de esa responsabilidad penal en caso de no decir la verdad.
En concreto, la Fiscalía se refiere al juicio celebrado contra dos arquitectos municipales (Rafael M.D y Antonio S.L) que finalmente fueron condenados por presunto delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios en la tramitación de unos expedientes.
Entonces, el regidor negó que los arquitectos hubieran tenido poder de decisión en la tramitación de esos expedientes y derivó la responsabilidad en un arquitecto municipal honorífico.
Frente a lo manifestado en esa declaración, el Ministerio Público considera que el acusado tuvo desde 2003 "pleno conocimiento" de la tramitación de sendos expedientes administrativos a cargo de los arquitectos mencionados.
De hecho, la Fiscalía alude en su escrito de acusación que el vicesecretario del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, Carlos Pascual Echalecu, llegó a plantear en el Pleno la posible incompatibilidad de dichos arquitectos en la tramitación del expediente dado que habían participado primero a título particular y más tarde en su condición de arquitectos municipales.
El informe elaborado reflejó la "manifiesta incompatibilidad" de Rafael M.D y "fue entregado al alcalde". La intervención de ambos arquitectos en la tramitación de los expediente administrativos dio lugar a la celebración de un juicio ante la sección decimoséptima de la Audiencia Provincial Madrid en el que García Yuste declaró como testigo el 24 de mayo de 2013.
Al ser interrogado sobre esta cuestión por el fiscal, las acusaciones populares e incluso por la magistrada-presidenta del tribunal negó "a sabiendas de que faltaba a la verdad" que Martínez Díaz hubiera tenido poder de decisión en la tramitación de dichos expedientes. "Es más, responsabilizó del hecho a otro arquitecto honorífico del ayuntamiento", prosigue el Ministerio Público.
Finalmente la sentencia consideró probado que ambos arquitectos habían intervenido tanto a título particular y como arquitectos particulares en la tramitación y a probación de los expedientes administrativos y les condenó a la pena 20 meses de multa y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años.
La Fiscalía ya ha presentado este escrito de acusación contra el regidor de Guadalix para el juicio contra él, que está pendiente de señalamiento, tal y como ha ordenado el juez de instrucción número 40 de Madrid.
Por su parte, Ahora Guadalix ya exigió la dimisión del alcalde por esta causa en el Pleno celebrado en julio "por el bien del prestigio y el buen nombre del Ayuntamiento" y en cumplimiento del propio código ético del PP.
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