Un teléfono móvil del Ayuntamiento de Villalbilla acumula una factura de 6.000 euros en llamadas a líneas eróticas

El Ayuntamiento de Villalbilla ha reconocido, a través de un comunicado oficial distribuido entre los vecinos de la localidad, la existencia de una factura por valor de 6.000 euros correspondiente a una línea de teléfono móvil contratada por el consistorio.

Desde el gobierno municipal, formado por concejales del Partido Popular y dos concejales expulsados del PSOE y declarados tránsfugas por la comisión de expertos del Pacto Antitransfuguista, se desconoce quién es el usuario de ese teléfono, pero sí se detalla que los 6.000 euros se deben a un "uso abusivo e indecente" por conectarse a "páginas web pornográficas, llamadas a piropos pornográficos y otros usos".

Desde el equipo de gobierno de Villalbilla se escudan en que ese teléfono móvil fue contratado en 2006 por un concejal de la Plataforma Municipal Independiente (PIM), entonces en el gobierno y ahora en la oposición, a pesar de que la factura que asciende a 6.112,24 euros corresponde al año 2010.

En el comunicado distribuido por el Ayuntamiento, se asegura que ya se ha procedido a dar de baja la línea telefónica que realizó esas llamadas y reclaman que si el concejal de la PIM que contrató la línea en 2006 "no ha sido el usuario del teléfono, le corresponde a él la carga de la prueba de identificar a la persona a la que hizo entrega del teléfono".

Y es que desde el consistorio vubillero se admite en ese comunicado que no saben quién es "el personaje que ha hecho un uso indebido" de esa línea telefónica que paga el Ayuntamiento y el equipo de gobierno anuncia que ya ha denunciado ante el juzgado la facturación abusiva "con la finalidad de que se averigüe quién es el personaje" responsable de las llamadas a través del "teléfono caliente", como se describe incluso en el comunicado municipal, "y que responda penal y civilmente".

La Plataforma Independiente Municipal (PIM) de Villalbilla, partido de oposición frente al gobierno que conforman concejales del Partido Popular y dos concejales expulsados del PSOE y declarados tránsfugas por el Pacto Antitransfuguista, ha anunciado a través de un comunicado que presentará una querella criminal contra todos los integrantes del equipo de Gobierno "por difamación con el agravante de difusión y atentado contra el derecho al honor" del concejal de la PIM, Juan Carlos Mato.

Ésta es la respuesta de la PIM a otro comunicado del Ejecutivo local en el que reconocía la existencia de una factura telefónica, en una línea contratada por el Consistorio, que asciende a 6.000 euros debido a llamadas a líneas eróticas.

Además, en dicha nota de prensa se detalla que esa cifra se debe a que el usuario de la línea "de forma indecente y abusiva se ha conectado a páginas web pornográficas, llamadas a piropos pornográficos y otros usos".

A pesar de que la factura corresponde al presente año, en ese mismo comunicado el Ayuntamiento pide que el concejal de la PIM que contrató la línea telefónica en 2007 dé explicaciones, ya que al mismo tiempo el consistorio reconoce que no sabe quién está haciendo uso de esa línea que paga el Ayuntamiento.

Desde la Plataforma Independiente Municipal plantean que el equipo de gobierno "o miente y sí conocen al usuario del teléfono, o bien el descontrol del Ayuntamiento es escandaloso" y acusan a los concejales del ejecutivo local de escudarse "difamando a la persona que firmó los contratos hace cuatro años en lugar de de asumir su responsabilidad por el consumo actual y descontrolado del teléfono".

Asimismo, anuncian que se ven "obligados a defenderse" y que por ello presentarán una querella criminal contra el alcalde del PP, Iván Borrego, los concejales de este mismo partido Nora García, María José Guerrero, Ana Sánchez y Óscar Fonfría, y contra los dos concejales expulsados del PSOE y declarados tránsfugas, Jesús Soto y Esther Ruiz, a título individual.

"Las acusaciones vertidas por el Ayuntamiento han pretendido escudarse tras la institución y queda cubiertos, a nivel personal, por cuanta costa judicial o indemnización pudieran tener que pagar", señala la PIM.