Granados da la cara en la Asamblea y señala a Gallardón como el creador de la unidad policial cuestionada

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha afirmado que es "absolutamente falso" que en su Consejería se haya creado un "departamento que tenga como finalidad el espionaje, el seguimiento o la vigilancia a persona alguna fuera de las funciones de su competencia".

En su comparecencia en la Asamblea con motivo del supuesto caso de espionaje en la Comunidad de Madrid desvelado por "El País", el consejero ha asegurado además que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni ha impulsado, ni ha amparado, ni ha conocido jamás un hecho de estas características".

Granados, que comparece a petición propia en la correspondiente Comisión parlamentaria de Presidencia, Justicia e Interior, ha hecho hincapié en su primera intervención en que el cuerpo de técnicos de seguridad de su Consejería tiene las "mismas funciones y estructura que impulsó en el año 2002 el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón".

También ha reiterado que "si alguien está interesado en que esto se aclare, es quien ha sido víctima, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha acudido a los tribunales y que ha acudido aquí a petición propia para dar las explicaciones convenientes".

Granados ha explicado que con Gallardón este cuerpo llegó a contar con 60 efectivos, que han ido rebajándose hasta alcanzar un número tan "considerablemente reducido que se ha complementado con personal eventual".

Ha indicado que las funciones de estos técnicos son "supervisar contratos con empresas privadas de seguridad, colaborar con la seguridad en actos públicos de los miembros del Gobierno regional, intervenir ante cualquier incidencia y desarrollar acciones de avanzada y contravigilancia en edificios e instalaciones".

Granados, que también ha comparecido para hablar de la nevada que colapsó la región ha atribuido a la "total imprevisión" de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMAT) y a la "absoluta falta de diligencia" del Ministerio de Fomento el colapso del pasado 9 de enero en las carreteras e infraestructuras .

No obstante, ha afirmado que "asume la responsabilidad" y que "pide disculpas a los ciudadanos" por lo que "sea responsabilidad de la Comunidad de Madrid".

"Ha habido carreteras cortadas algunas horas, siempre se puede hacer mejor. Los responsables políticos prácticamente todos los días podemos pedir disculpas porque siempre hay algo que podemos hacer mejor. Yo Pido disculpas por cualquier fallo que se haya podido cometer y que sea responsabilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, responsabilidad que yo asumo", ha argumentado.

Granados, que ha explicado que ese mismo día ordenó "revisar los protocolos de actuación, porque han quedado obsoletos", ha subrayado que la "colaboración" entre los medios de la Comunidad de Madrid y los del Ministerio del Interior funcionó de manera "ejemplar".

"La absoluta colaboración entre los medios de la Comunidad y el Ministerio del Interior funcionó de manera extraordinaria y ejemplar, pero en un momento en el que el problema alcanzaba una extraordinaria magnitud, que se podría haber evitado si no hubiera existido esa imprevisión de la Agencia de Meteorología y el Ministerio de Fomento", ha explicado el consejero.

El titular de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que comparece hoy en la Asamblea para hablar de este asunto y del supuesto caso de espionaje en la Comunidad de Madrid desvelado por "El País", ha señalado que el cierre de carreteras nacionales y del aeropuerto de Barajas ese día pone de manifiesto la "extraordinaria vulnerabilidad de la red de comunicaciones".

Durante su comparecencia ha resaltado que AENA sólo disponía ese día de "una máquina quitanieves para limpiar los más de dieciséis kilómetros cuadrados de pistas del aeropuerto de Barajas", por lo que el Ayuntamiento de Madrid "ayudó al aeropuerto desplazando allí máquinas de este tipo para quitar nieve de las pistas".

Sobre las retenciones de varias horas que se produjeron en la M-45, carretera de competencia autonómica, ha defendido que ésta se vio "afectada como consecuencia del colapso del resto de la red", pero que no estuvo "cortada" al tráfico como lo estuvieron la M-50, la A-2, A-3 y A-4, "todas ellas competencia del Gobierno de España".

A su juicio, los medios de la Comunidad de Madrid "funcionaron bien", pero los protocolos de actuación no fueron los "adecuados", porque han quedado "obsoletos", así que ese mismo día dio orden a la Dirección General de protección Ciudadana para los "revise".

Granados ha informado de que el dispositivo que puso en marcha el Gobierno regional estuvo compuesto por 25 máquinas quitanieves esparcidoras, cuatro quitanieves dinámicas sobre turbina, 150 operarios, 3.100 toneladas de sal, y medios de carreteras propios y de concesión.

También se ha quejado de la "deslealtad institucional" con que, en su opinión, actúa la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, por "acusar ese día a la Comunidad de Madrid de que estuvieran cortados los accesos a Barajas, cuando eso no es responsabilidad de la Comunidad".

El portavoz del PSOE en la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior, Adolfo Navarro, ha acusado a Granados de "no hacer autocrítica" y de responsabilizar al Gobierno de España como si "sólo las carreteras que gestiona el Gobierno se hubieran colapsado y las de la Comunidad de Madrid no".

Según Navarro, el plan presentado por Granados el pasado 18 de noviembre "a bombo y platillo" fue simplemente una "gigantesca operación de marketing" porque en el momento del caos "no se vio ni la sal ni las máquinas quitanieves" que el consejero había anunciado para hacer frente a las inclemencias del tiempo.

También el diputado de IU Miguel Reneses ha acusado al Gobierno regional de no prever la situación de emergencia del pasado día 9 de enero y ha criticado la explicación del consejero de Interior, Francisco Granados, al que considera que "no tiene capacidad de autocrítica".

La portavoz del PP en la comisión, Cristina Cifuentes, ha acusado a los miembros de la oposición de frivolizar sobre un tema muy serio y ha insistido en que fue la previsión meteorológica la que falló.

En referencia a la crisis de los espionajes, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha optado por la "prudencia y discreción" y no ha querido comentar nada sobre las investigaciones que está llevando a cabo en relación a la supuesta red de espionaje de altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid.

Tras visitar la XXIX edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), y en concreto el pabellón de Castilla-La Mancha, De Cospedal se ha referido a la supuesta red de espionaje a miembros del Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y del alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, por ex agentes al servicio de la Comunidad de Madrid, y ha comentado que su "responsabilidad" era no contar nada.

A petición del presidente del PP, Mariano Rajoy, Cospedal está investigando la supuesta red de espionaje, hablando con todos los implicados, y es por ello por lo que prefiere mantener la cautela.

Tras mostrar su "consideración" hacia el trabajo de los medios de comunicación, la secretaria general del PP, ha insistido que está realizando una labor que considera "tiene una parte fundamental de prudencia y discreción".

Preguntada por la comparecencia hoy en la Asamblea de Madrid del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, De Cospedal ha dicho que no podía comentar nada, ya que no tiene "una bola de cristal" y por tanto desconocía los términos de su declaración.

También el vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Javier Arenas, se refirió a la crisis afirmando que "en el PP no hay facciones" y ha mantenido que es un partido "muy cohesionado y muy unido".

Arenas ha hecho estas declaraciones en el descanso de la convención económica organizada por el PP en Alicante, que hoy viernes será clausurada por el líder de su formación, Mariano Rajoy, al ser preguntado por la presunta trama de espionaje y los supuestos seguimientos a altos cargos del Gobierno madrileño.

Según Arenas, a los miembros del PP les unen "muchos fundamentos ideológicos" y "una gran estrategia de centro reformista" procedente de la etapa de José María Aznar y, por lo tanto, "no hay facciones".

En cuanto a la investigación interna abierta por el partido, ha comentado que desean concluir la recepción de información "y que la Justicia investigue lo que tiene que investigar".

Arenas ha abogado por hacer lo que les piden los militantes y votantes del PP, en referencia a dedicarse "al cien por cien a las familias, a las pymes y a los autónomos" para superar la crisis económica.

También preguntada por el asunto, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, ha indicado que aún se está en fase de recabar datos de "todos los compañeros del partido en la Comunidad y las personas que están en el ayuntamiento" de los que "ha habido alguna información", y ha aplazado informar a que se termine este proceso.

El vicepresidente de Madrid, Ignacio González, ha calificado de "absolutamente desproporcionadas e inapropiadas" las declaraciones que hizo Alberto Ruiz-Gallardón sobre la presunta existencia de una red de espionaje controlada por el Gobierno regional y se ha mostrado seguro de que las rectificará.

González compareció ayer en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno semanal, el primero que preside la Jefa del Ejecutivo madrileño, Esperanza Aguirre, desde que se desatara la polémica en torno a los presuntos espionajes de que, supuestamente, han sido objeto políticos y altos cargos del Gobierno madrileño.

En su comparecencia, el "número dos" de la Comunidad ha pedido en todo momento a la Justicia que aclare pronto el "inadmisible, intolerable y torticero" seguimiento del que ha sido objeto y las "gravísimas" imputaciones que ha recibido el Gobierno regional y que hasta ahora "nadie ha podido demostrar".

Ha asegurado que desconoce que en el Ayuntamiento de Madrid exista una unidad "parapolicial" al margen de las actuaciones propias de la Policía Municipal y que "cuando menos" le parece "extraño que el primer Ayuntamiento de España", con 6.000 policías locales adscritos, necesite contar con una "estructura adicional" que opere al margen de la policial.

En todo caso, ha opinado que el Consistorio debe explicar si existe alguna actuación "paralela" de este tipo ya que, ha insistido, le "extraña" que así sea.

El vicepresidente ha calificado de "atentado a la base del estado de Derecho" que hayan "hurgado" en su vida pública, privada e incluso, en la de sus familiares y amigos por el hecho de ser un cargo público y, cuando ha sido preguntado si echa en falta el apoyo de la cúpula nacional de su partido, ha aseverado: "yo lo único que quiero es el apoyo de la Justicia y lo quiero rápido".

Ha comentado que mantuvo una reunión "corta y agradable" con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, cuando ésta la llamó a declarar en la investigación interna abierta en el partido, de la que no ha querido hacer más comentarios pues considera que la cuestión corresponde a la dirección nacional.

Lo que sí ha dicho es que le parece "bien y razonable" que Cospedal esté llamando a algunos militantes del PP y a empleados de la Administración regional a declarar, pero ha añadido que no puede recomendarles u obligarles que lo hagan porque "no tengo autoridad directa sobre ellos" y porque se trata de una investigación del partido y no de la Comunidad.

González ha asegurado que colaborará para aclarar "en todos los extremos precisos" las imputaciones que se le han hecho en los últimos diez días y que lo mismo harán todos aquellos que hayan sido investigados para ayudar a esclarecer cualquier circunstancia relacionada con el ejercicio de sus cargos.

Entre ellos está el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que mañana comparecerá en la Asamblea de Madrid para aclarar su presunta implicación en la trama de espionaje madrileña y su gestión al frente del área donde, según el vicepresidente, "ha actuado con total transparencia".

Por ello, González ha informado de que con "seguridad" la Consejería de Presidencia Justicia e Interior no va a ser reorganizada en estos momentos ni por este asunto.

También ha negado cualquier trato de favor por su parte en las contrataciones de la Comunidad y ha dicho que todas están sujetas a la legalidad, son revisadas "escrupulosamente" por las mesas de contratación y que "ningún miembro del Gobierno acepta ninguna presión o injerencia" en estas cuestiones.

Por su parte, El alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, guardará silencio a partir de ahora sobre todo lo relacionado con supuestos casos de espionaje a políticos en Madrid porque ahora, ha subrayado, "no es el tiempo de los políticos, es el tiempo de los jueces".

Esta ha sido la respuesta que el alcalde ha dado hoy en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gobierno a la docena de preguntas que se le han hecho para conocer su opinión respecto a diversos aspectos relacionados con la polémica que ha protagonizado buena parte de la actualidad política durante los últimos diez días.

Será también, ha asegurado, la respuesta que dará siempre que se le vuelva a preguntar sobre este asunto mientras dure la tramitación judicial abierta el pasado día 26 por el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que acordó abrir diligencias al considerar que los hechos denunciados "presentan caracteres que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Para no "quebrar el respeto" hacia la actuación del juez y del ministerio fiscal, ha afirmado, "nos abstendremos de cualquier tipo de declaración y valoración política" sobre este tema, incluidos los aspectos de carácter estrictamente político.

Por ejemplo, hoy ha dejado sin contestar -algo que prácticamente no hace nunca en sus comparecencias de los jueves- preguntas sobre el supuesto espionaje al que él mismo fue sometido según ha publicado Interviú, acerca de sus declaraciones anteriores respecto a la posible responsabilidad del Gobierno regional o en torno a la posibilidad de que la Asamblea le pida explicaciones.

Tampoco ha querido hacer ninguna valoración en respuesta a otras preguntas sobre la repercusión de estos casos en la política interna del PP y el liderazgo de su presidente, Mariano Rajoy.

Lo único que ha aceptado responder es una pregunta sobre la petición de explicaciones que le ha hecho el Grupo Socialista respecto al funcionamiento de la Oficina de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento, e incluso en esta ocasión se ha limitado a decir que entra "absolutamente dentro de las funciones de la oposición".

No ha querido dar más explicaciones sobre esa Oficina -a la que el sindicato Unión de Policía Municipal considera una "unidad parapolicial"- y se ha remitido a las que ayer ofreció su delegado de Seguridad, Pedro Cavo, que aseguró que "no hay ninguna oficina parapolicial" en la capital.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47, José Sierra, abrió el pasado martes diligencias previas en relación con la denuncia por los seguimientos a los que -según el diario El País- fue sometido el vicepresidente regional, Ignacio González, mientras la fiscalía está investigando, entre otras denuncias, las presentadas por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

REcordemos que, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha constatado que la supuesta trama de espionaje en esta Comunidad "favorece al PSOE" y le perjudica a ella "en lo político y al PP en su conjunto" porque "nuestro electorado está absolutamente desconcertado".

Aguirre ha hecho hoy estas declaraciones en una entrevista a Onda Cero recogida por Efe donde, al igual que hizo recientemente el consejero de Presidencia, Francisco Granados, ha echado en falta un apoyo más contundente de la cúpula del PP en este asunto.

Ha afirmado sin embargo que la investigación que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha abierto para recabar información y que ha encargado a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha servido para "dar pábulo a que los periódicos digan que ya no confían" en ella, por lo que considera que ambos "tendrán que desmentirlo".

La presidenta ha insistido en la "falta de pruebas" para imputar cargos a los miembros de su Gobierno y ha vuelto a poner la mano por la inocencia de sus consejeros.

También ha vuelto a pedir a la Justicia "transparencia" y que investigue "qué, por qué, a cuenta de quién y con qué intereses" se ha investigado a políticos y altos cargos madrileños.

Personalmente ha asegurado que no tiene "ni idea de quien está detrás" de estos seguimientos, pero sospecha que su intención es "sugerir que hemos utilizado nuestros cargos políticos para enriquecernos", lo que ha negado amparándose en las declaraciones de bienes que tanto ella, como su equipo, presentan al inicio y al final de su mandato.

La presidenta regional ha opinado que su partido tendría que estar "muy por delante" del PSOE en las encuestas de intención de voto y por ello opina que la alternativa del PP "no consigue calar suficientemente en los ciudadanos".

Aguirre ha afirmado que la crisis económica está teniendo efectos más graves en España que en el resto de Europa, especialmente en la destrucción de empleo y, por eso, ha dicho que "tal y como están las cosas" el PP tendría que estar mejor.

Para ello, la presidenta cree que el PP necesita aumentar los apoyos en España y que sus miembros tienen que "hacer autocrítica, ser humildes y hacerlo mejor".

Respecto a las declaraciones de Manuel Fraga, en las que afirmaba que en su época no había tramas de espionaje y "al que intentaba espiar, le cascaba", Aguirre ha recordado que en el PP sólo se ha abierto una comisión de investigación y que fue precisamente "en tiempos" del presidente fundador del partido, en relación con el 'caso Naseiro'.

En el día de ayer, la plana mayor del PP, con el líder, Mariano Rajoy, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al frente, eludieron cualquier comentario sobre la presunta trama de espionaje y los supuestos seguimientos a altos cargos del Gobierno madrileño.

La cúpula dirigente del Partido Popular acudía, casi en pleno, a la investidura de Rodrigo Rato como doctor "honoris causa" de la Universidad Rey Juan Carlos, pero éste fue tema secundario al lado de la supuesta red de espías cuya existencia ha revelado el diario "El País" y cuyos seguimientos, a tenor de informaciones de otros medios, conocería el propio Rajoy.

El presidente del PP, así como su número dos, María Dolores de Cospedal, acudían al acto, y también los portavoces parlamentarios, Soraya Sáenz de Santamaría y Pío García-Escudero, y el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas.

Sin embargo, una vez más, la atención se enfocaba hacia la presidenta madrileña, que no ha hizo ningún comentario sobre esa supuesta red de espionaje y prefirió elogiar las cualidades de Rodrigo Rato, "el mejor ministro de Economía que ha tenido este país", aparte de un "gran amigo" suyo.

Para Aguirre, falta hace un ministro como el ex director general del FMI, pues fue el hombre que en 1996 "sacó a España de la crisis".

De la red de espionaje sólo habló Arenas, aunque para reiterar la posición oficial de la dirección nacional que, a su juicio, "tiene la obligación de analizar y profundizar en las informaciones" que se vienen sucediendo.

El PP, aseguró, "no mira para otro lado" y persiste en su empeño por llegar hasta al final, de modo que "lo más importante" de la investigación iniciada por De Cospedal serán las conclusiones. "Y ya se verá si hay responsabilidades políticas y jurídicas, aunque éstas dependen de los jueces", ha puntualizado.

El presidente fundador del partido, Manuel Fraga, fue más tajante acerca de la existencia de una red de espías: "No sé nada del asunto y en mi tiempo no pasaban estas cosas".

Sáenz de Santamaría se remitió al proceso de investigación abierto por su partido, mientras que el responsable de Economía de los populares, Cristóbal Montoro, ha insistido en definir toda la marejada sobre los hipotéticos seguimientos como "ruiditos" que, comparados con la crisis, se quedan en un papel secundario.

Montoro prefirió alabar a Rato, "una de las grandes personalidades políticas" españolas, aunque, tras ser preguntado por si Rato debería ser presidente del Gobierno, ha calificado dicho supuesto como "una hipótesis histórica" por la que no quería que le interrogaran.

El ex ministro de Economía tampoco hizo comentario alguno acerca de la situación del partido.

Respecto a la supuesta "oficina parapolicial" en el Ayuntamiento de Madrid, el delegado de Seguridad del Consistorio, Pedro Calvo, aseguró que "no existe" , como afirma la denuncia del sindicato Unión de Policía Municipal (UPM) publicada esta semana por el diario El Mundo.

Según Calvo, esta denuncia, que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha dicho hoy que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, "tendrá que aclarar", probablemente a instancias de la Asamblea, "ha pretendido crear una cierta confusión" entre dos unidades municipales: la Oficina de Seguridad Corporativa y la Sección de Apoyo de la Unidad de Vigilancia y Protección.

Mientras ésta última forma parte del organigrama de la Policía Municipal y rinde cuentas ante sus mandos, la primera, sobre la que recae directamente la denuncia, no está formada por agentes del cuerpo sino por cuatro técnicos y tres auxiliares administrativos dirigidos por Juan carlos Durán.

Esa Oficina de Seguridad Corporativa se encarga de la coordinación de la seguridad privada que se presta en edificios municipales y de la gestión de la tarjeta corporativa del Ayuntamiento, que da acceso a las distintas sedes a responsables y funcionarios del Ayuntamiento y también, por ejemplo, a los periodistas con acreditación permanente.

Además, ha subrayado, la Oficina está inscrita desde octubre de 2007 en la Unidad de Control de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana que depende de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

A su vez, la Unidad de Vigilancia y Protección ejerce, entre otras, las funciones de contravigilancia de edificios municipales y escolta de autoridades municipales -aunque también de personas ajenas al Ayuntamiento pero amenazadas por ETA-, que la Ley obliga a desarrollar a las policías locales.

Pedro Calvo ha garantizado además, en relación con las dudas del PSOE sobre un posible seguimiento a sus concejales, que ningún concejal tiene vigilancia sin previo conocimiento y que no se produce ningún registro de los servicios de escolta a los miembros de la corporación, salvo el de inicio y fin del mismo.

El responsable de Seguridad del Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa tras presentar junto a la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, el balance de la Operación Navidad de seguridad, y no ha querido referirse a las noticias relativas a la existencia de una supuesta unidad parapolicial dependiente de la Comunidad.

"No voy a incidir con declaraciones personales en algo sobre lo que ya se han pronunciado los afectados", ha contestado al ser preguntado al respecto.

Por su parte, la delegada del Gobierno ha eludido también contestar a la misma pregunta alegando que este tema "está en el ámbito de justicia".