Sepulcral silencio de Gallardón, mientras González vuelve a recriminarle su actitud en el "caso de espionaje"

El vicepresidente de Madrid, Ignacio González, ha calificado de "absolutamente desproporcionadas e inapropiadas" las declaraciones que hizo Alberto Ruiz-Gallardón sobre la presunta existencia de una red de espionaje controlada por el Gobierno regional y se ha mostrado seguro de que las rectificará.

González ha comparecido hoy en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno semanal, el primero que preside la Jefa del Ejecutivo madrileño, Esperanza Aguirre, desde que se desatara la polémica en torno a los presuntos espionajes de que, supuestamente, han sido objeto políticos y altos cargos del Gobierno madrileño.

En su comparecencia, el "número dos" de la Comunidad ha pedido en todo momento a la Justicia que aclare pronto el "inadmisible, intolerable y torticero" seguimiento del que ha sido objeto y las "gravísimas" imputaciones que ha recibido el Gobierno regional y que hasta ahora "nadie ha podido demostrar".

Ha asegurado que desconoce que en el Ayuntamiento de Madrid exista una unidad "parapolicial" al margen de las actuaciones propias de la Policía Municipal y que "cuando menos" le parece "extraño que el primer Ayuntamiento de España", con 6.000 policías locales adscritos, necesite contar con una "estructura adicional" que opere al margen de la policial.

En todo caso, ha opinado que el Consistorio debe explicar si existe alguna actuación "paralela" de este tipo ya que, ha insistido, le "extraña" que así sea.

El vicepresidente ha calificado de "atentado a la base del estado de Derecho" que hayan "hurgado" en su vida pública, privada e incluso, en la de sus familiares y amigos por el hecho de ser un cargo público y, cuando ha sido preguntado si echa en falta el apoyo de la cúpula nacional de su partido, ha aseverado: "yo lo único que quiero es el apoyo de la Justicia y lo quiero rápido".

Ha comentado que mantuvo una reunión "corta y agradable" con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, cuando ésta la llamó a declarar en la investigación interna abierta en el partido, de la que no ha querido hacer más comentarios pues considera que la cuestión corresponde a la dirección nacional.

Lo que sí ha dicho es que le parece "bien y razonable" que Cospedal esté llamando a algunos militantes del PP y a empleados de la Administración regional a declarar, pero ha añadido que no puede recomendarles u obligarles que lo hagan porque "no tengo autoridad directa sobre ellos" y porque se trata de una investigación del partido y no de la Comunidad.

González ha asegurado que colaborará para aclarar "en todos los extremos precisos" las imputaciones que se le han hecho en los últimos diez días y que lo mismo harán todos aquellos que hayan sido investigados para ayudar a esclarecer cualquier circunstancia relacionada con el ejercicio de sus cargos.

Entre ellos está el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que mañana comparecerá en la Asamblea de Madrid para aclarar su presunta implicación en la trama de espionaje madrileña y su gestión al frente del área donde, según el vicepresidente, "ha actuado con total transparencia".

Por ello, González ha informado de que con "seguridad" la Consejería de Presidencia Justicia e Interior no va a ser reorganizada en estos momentos ni por este asunto.

También ha negado cualquier trato de favor por su parte en las contrataciones de la Comunidad y ha dicho que todas están sujetas a la legalidad, son revisadas "escrupulosamente" por las mesas de contratación y que "ningún miembro del Gobierno acepta ninguna presión o injerencia" en estas cuestiones.

Por su parte, El alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, guardará silencio a partir de ahora sobre todo lo relacionado con supuestos casos de espionaje a políticos en Madrid porque ahora, ha subrayado, "no es el tiempo de los políticos, es el tiempo de los jueces".

Esta ha sido la respuesta que el alcalde ha dado hoy en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gobierno a la docena de preguntas que se le han hecho para conocer su opinión respecto a diversos aspectos relacionados con la polémica que ha protagonizado buena parte de la actualidad política durante los últimos diez días.

Será también, ha asegurado, la respuesta que dará siempre que se le vuelva a preguntar sobre este asunto mientras dure la tramitación judicial abierta el pasado día 26 por el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que acordó abrir diligencias al considerar que los hechos denunciados "presentan caracteres que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Para no "quebrar el respeto" hacia la actuación del juez y del ministerio fiscal, ha afirmado, "nos abstendremos de cualquier tipo de declaración y valoración política" sobre este tema, incluidos los aspectos de carácter estrictamente político.

Por ejemplo, hoy ha dejado sin contestar -algo que prácticamente no hace nunca en sus comparecencias de los jueves- preguntas sobre el supuesto espionaje al que él mismo fue sometido según ha publicado Interviú, acerca de sus declaraciones anteriores respecto a la posible responsabilidad del Gobierno regional o en torno a la posibilidad de que la Asamblea le pida explicaciones.

Tampoco ha querido hacer ninguna valoración en respuesta a otras preguntas sobre la repercusión de estos casos en la política interna del PP y el liderazgo de su presidente, Mariano Rajoy.

Lo único que ha aceptado responder es una pregunta sobre la petición de explicaciones que le ha hecho el Grupo Socialista respecto al funcionamiento de la Oficina de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento, e incluso en esta ocasión se ha limitado a decir que entra "absolutamente dentro de las funciones de la oposición".

No ha querido dar más explicaciones sobre esa Oficina -a la que el sindicato Unión de Policía Municipal considera una "unidad parapolicial"- y se ha remitido a las que ayer ofreció su delegado de Seguridad, Pedro Cavo, que aseguró que "no hay ninguna oficina parapolicial" en la capital.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47, José Sierra, abrió el pasado martes diligencias previas en relación con la denuncia por los seguimientos a los que -según el diario El País- fue sometido el vicepresidente regional, Ignacio González, mientras la fiscalía está investigando, entre otras denuncias, las presentadas por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

REcordemos que, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha constatado que la supuesta trama de espionaje en esta Comunidad "favorece al PSOE" y le perjudica a ella "en lo político y al PP en su conjunto" porque "nuestro electorado está absolutamente desconcertado".

Aguirre ha hecho hoy estas declaraciones en una entrevista a Onda Cero recogida por Efe donde, al igual que hizo recientemente el consejero de Presidencia, Francisco Granados, ha echado en falta un apoyo más contundente de la cúpula del PP en este asunto.

Ha afirmado sin embargo que la investigación que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha abierto para recabar información y que ha encargado a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha servido para "dar pábulo a que los periódicos digan que ya no confían" en ella, por lo que considera que ambos "tendrán que desmentirlo".

La presidenta ha insistido en la "falta de pruebas" para imputar cargos a los miembros de su Gobierno y ha vuelto a poner la mano por la inocencia de sus consejeros.

También ha vuelto a pedir a la Justicia "transparencia" y que investigue "qué, por qué, a cuenta de quién y con qué intereses" se ha investigado a políticos y altos cargos madrileños.

Personalmente ha asegurado que no tiene "ni idea de quien está detrás" de estos seguimientos, pero sospecha que su intención es "sugerir que hemos utilizado nuestros cargos políticos para enriquecernos", lo que ha negado amparándose en las declaraciones de bienes que tanto ella, como su equipo, presentan al inicio y al final de su mandato.

La presidenta regional ha opinado que su partido tendría que estar "muy por delante" del PSOE en las encuestas de intención de voto y por ello opina que la alternativa del PP "no consigue calar suficientemente en los ciudadanos".

Aguirre ha afirmado que la crisis económica está teniendo efectos más graves en España que en el resto de Europa, especialmente en la destrucción de empleo y, por eso, ha dicho que "tal y como están las cosas" el PP tendría que estar mejor.

Para ello, la presidenta cree que el PP necesita aumentar los apoyos en España y que sus miembros tienen que "hacer autocrítica, ser humildes y hacerlo mejor".

Respecto a las declaraciones de Manuel Fraga, en las que afirmaba que en su época no había tramas de espionaje y "al que intentaba espiar, le cascaba", Aguirre ha recordado que en el PP sólo se ha abierto una comisión de investigación y que fue precisamente "en tiempos" del presidente fundador del partido, en relación con el 'caso Naseiro'.

En el día de ayer, la plana mayor del PP, con el líder, Mariano Rajoy, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al frente, eludieron cualquier comentario sobre la presunta trama de espionaje y los supuestos seguimientos a altos cargos del Gobierno madrileño.

La cúpula dirigente del Partido Popular acudía, casi en pleno, a la investidura de Rodrigo Rato como doctor "honoris causa" de la Universidad Rey Juan Carlos, pero éste fue tema secundario al lado de la supuesta red de espías cuya existencia ha revelado el diario "El País" y cuyos seguimientos, a tenor de informaciones de otros medios, conocería el propio Rajoy.

El presidente del PP, así como su número dos, María Dolores de Cospedal, acudían al acto, y también los portavoces parlamentarios, Soraya Sáenz de Santamaría y Pío García-Escudero, y el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas.

Sin embargo, una vez más, la atención se enfocaba hacia la presidenta madrileña, que no ha hizo ningún comentario sobre esa supuesta red de espionaje y prefirió elogiar las cualidades de Rodrigo Rato, "el mejor ministro de Economía que ha tenido este país", aparte de un "gran amigo" suyo.

Para Aguirre, falta hace un ministro como el ex director general del FMI, pues fue el hombre que en 1996 "sacó a España de la crisis".

De la red de espionaje sólo habló Arenas, aunque para reiterar la posición oficial de la dirección nacional que, a su juicio, "tiene la obligación de analizar y profundizar en las informaciones" que se vienen sucediendo.

El PP, aseguró, "no mira para otro lado" y persiste en su empeño por llegar hasta al final, de modo que "lo más importante" de la investigación iniciada por De Cospedal serán las conclusiones. "Y ya se verá si hay responsabilidades políticas y jurídicas, aunque éstas dependen de los jueces", ha puntualizado.

El presidente fundador del partido, Manuel Fraga, fue más tajante acerca de la existencia de una red de espías: "No sé nada del asunto y en mi tiempo no pasaban estas cosas".

Sáenz de Santamaría se remitió al proceso de investigación abierto por su partido, mientras que el responsable de Economía de los populares, Cristóbal Montoro, ha insistido en definir toda la marejada sobre los hipotéticos seguimientos como "ruiditos" que, comparados con la crisis, se quedan en un papel secundario.

Montoro prefirió alabar a Rato, "una de las grandes personalidades políticas" españolas, aunque, tras ser preguntado por si Rato debería ser presidente del Gobierno, ha calificado dicho supuesto como "una hipótesis histórica" por la que no quería que le interrogaran.

El ex ministro de Economía tampoco hizo comentario alguno acerca de la situación del partido.

Respecto a la supuesta "oficina parapolicial" en el Ayuntamiento de Madrid, el delegado de Seguridad del Consistorio, Pedro Calvo, aseguró que "no existe" , como afirma la denuncia del sindicato Unión de Policía Municipal (UPM) publicada esta semana por el diario El Mundo.

Según Calvo, esta denuncia, que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha dicho hoy que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, "tendrá que aclarar", probablemente a instancias de la Asamblea, "ha pretendido crear una cierta confusión" entre dos unidades municipales: la Oficina de Seguridad Corporativa y la Sección de Apoyo de la Unidad de Vigilancia y Protección.

Mientras ésta última forma parte del organigrama de la Policía Municipal y rinde cuentas ante sus mandos, la primera, sobre la que recae directamente la denuncia, no está formada por agentes del cuerpo sino por cuatro técnicos y tres auxiliares administrativos dirigidos por Juan carlos Durán.

Esa Oficina de Seguridad Corporativa se encarga de la coordinación de la seguridad privada que se presta en edificios municipales y de la gestión de la tarjeta corporativa del Ayuntamiento, que da acceso a las distintas sedes a responsables y funcionarios del Ayuntamiento y también, por ejemplo, a los periodistas con acreditación permanente.

Además, ha subrayado, la Oficina está inscrita desde octubre de 2007 en la Unidad de Control de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana que depende de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

A su vez, la Unidad de Vigilancia y Protección ejerce, entre otras, las funciones de contravigilancia de edificios municipales y escolta de autoridades municipales -aunque también de personas ajenas al Ayuntamiento pero amenazadas por ETA-, que la Ley obliga a desarrollar a las policías locales.

Pedro Calvo ha garantizado además, en relación con las dudas del PSOE sobre un posible seguimiento a sus concejales, que ningún concejal tiene vigilancia sin previo conocimiento y que no se produce ningún registro de los servicios de escolta a los miembros de la corporación, salvo el de inicio y fin del mismo.

El responsable de Seguridad del Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa tras presentar junto a la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, el balance de la Operación Navidad de seguridad, y no ha querido referirse a las noticias relativas a la existencia de una supuesta unidad parapolicial dependiente de la Comunidad.

"No voy a incidir con declaraciones personales en algo sobre lo que ya se han pronunciado los afectados", ha contestado al ser preguntado al respecto.

Por su parte, la delegada del Gobierno ha eludido también contestar a la misma pregunta alegando que este tema "está en el ámbito de justicia".