23 de septiembre de 2019

COMUNIDAD

La juez de guardia de Majadahonda, María Isabel Serrano, ha rechazado en la madrugada de este viernes dejar en libertad al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados al considerar que la extensión de su privación de libertad decretada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco "es conforme a derecho".
El cabo municipal expedientado por el caso del 'pequeño Nicolás' empleó un coche de la flota de la Policía Municipal, un Nissan X Trail, para trasladar al 'pequeño Nicolás' desde el Hotel Meliá Castilla a la sede del sindicato Manos Limpias, algo que hizo en sus horas libres, como ha detallado el policía ante la comisión de Asuntos Internos del Cuerpo, órgano ante el cual también negó que recibiera órdenes de superiores para escoltar al joven.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos individuos, como presuntos autores de un delito de estafa y usurpación porque utilizaban identidades falsa para dar de alta anuncios de supuestas viviendas de alquiler en zonas de vacaciones del sur de España.
La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Púnica', ha pedido a la Comunidad de Madrid información relativa a contratos y facturas de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, del Consorcio Regional de Transportes, del área de Urbanismo por la presencia de Arpegio y de subvenciones de dos ayuntamientos en materia educativa.
La empresa GDF SUEZ, dueña de Cofely, ha trasmitido su apoyo a los detenidos de su filial española en el marco de la 'Operación Púnica' y ha defendido su presunción de inocencia, ha informado la compañía francesa en un comunicado.
El diputado y candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha propuesto este miércoles la creación de una Oficina Antifraude "independiente" en el Ayuntamiento de la capital dirigida por un magistrado y "con plenos poderes y autonomía para investigar la labor del alcalde y de todos y cada uno de los concejales y altos cargos de la corporación".
El que fuera 'número dos' del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid hacía valer su influencia en los despachos de alcaldes municipales para lograr las adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales, según la UCO. Otro de los conseguidores era el empresario David Marjaliza y el alcalde socialistas de Cartagena, José Antonio Alonso
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