El PSOE de Pozuelo presenta una reprobación contra el ex alcalde y actual concejal, Jesús Sepúlveda

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Eva Izquierdo, ha presentado una moción de reprobación del actual concejal y ex alcalde, Jesús Sepúlveda, que dimitió el pasado 9 de marzo tras ser imputado en el caso Gürtel.

Los socialistas creen que la presunta vinculación de Sepúlveda con la trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional ha generado "alarma social" y está afectando "gravemente" a la institución municipal, por lo que la finalidad de la moción, que se debatirá en el próximo Pleno, es conseguir que abandone el escaño.

"Ni los vecinos entienden que una persona imputada por delitos tan graves conserve su credencial de concejal, y continúe formando parte de un grupo político del que, al parecer, ha sido suspendido de militancia, ni es de recibo, desde un punto de vista democrático, que permanezca ni un minuto más en este Ayuntamiento".

Jesús Sepúlveda fue imputado por presuntos delitos de blanqueo y tráfico de influencias y por haber recibido 422.000 euros de manos de Francisco Correa, el primer encarcelado por Garzón cuando comenzó la investigación.

Según el PSOE, Sepúlveda continúa desempeñando cargos públicos, como el de presidente de la empresa dedicada a la gestión de servicios municipales (PISA), por lo que han solicitado una relación de los trabajos desempeñados por el ex regidor con el fin de evitar que "dirija el Ayuntamiento en la sombra".

Por otra parte, portavoz socialista de Boadilla del Monte, Pablo Nieto, ha solicitado al Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) una auditoría de entre los años 2003 y 2008 para aclarar la presunta vinculación de la cúpula directiva de este organismo con la trama de corrupción del caso Gürtel.

El PSOE opina que, según el auto de la Audiencia Nacional, el Ayuntamiento de Boadilla fue "el centro de operaciones de la trama de corrupción", y la EMSV "el corazón" de la misma.

En el sumario del caso aparecen como imputados Arturo González Panero (ex alcalde y presidente de la EMSV), Tomas Martín Morales (vicepresidente y consejero delegado), Alfonso Bosch Tejedor (gerente) y José Galeote (consejero a propuesta del PP).

"En esta entidad aparecen adjudicaciones a empresas señaladas por la trama como Rústicas MBS o TECONSA, y algunas operaciones, como la cesión de locales comerciales por debajo del precio de mercado, se mencionan como ejemplo de funcionamiento de la trama corrupta", afirma el portavoz del PSOE.

Nieto ha solicitado al nuevo alcalde, Juan Siguero (PP), que adopte medidas para "recuperar la credibilidad de una sociedad clave en la gestión municipal", entre las que destacan, además de la auditoría, la creación de mesas de contratación, recuperar el control legal del Ayuntamiento, nombrar un nuevo gerente de la EMSV profesional e independiente y desbloquear el acceso a la información de la empresa a la oposición.

"La EMSV ha sido durante los últimos años un Ayuntamiento paralelo sin ninguno de los controles que existen en la corporación", explica Nieto.

Las mimas fuentes afirman que la EMSV ha seguido las instrucciones de González Panero, que encomendó al consejero delegado, Tomás Martín Morales, todas las funciones relevantes, mientras que los socialistas no han podido acceder a las contrataciones ni a los procedimientos que se llevaron a cabo.

"El bloqueo informativo ha sido de tal calibre que era imposible conseguir algo tan básico como un simple balance de situación contable y ahora empezamos a entender las razones de esta opacidad", concluye el edil del PSOE.

Un portavoz municipal ha recordado que Siguero Aguilar formalizó en el último Consejo de Administración de la EMSV, celebrado el pasado 6 de abril, el cese del hasta ahora gerente de la misma, Alfonso Bosch, a raíz de su imputación en el caso Gürtel.

La dirección también aceptó la dimisión de José Galeote como consejero, y la de su vicepresidente y consejero delegado Tomás Martín.

"La decisión ha sido tomada con pleno respeto a la presunción de inocencia de los cesados y con el fin de que puedan llevar a cabo su defensa en las mejores condiciones posibles, pero sin repercusión alguna sobre las instituciones a las que venían representando", han defendido fuentes próximas al equipo de gobierno del Ayuntamiento.