UP planteará una ley para prohibir las puertas giratorias tras el caso "inmoral" de Carmona

Unidas Podemos registrará en el Congreso una proposición de ley para tratar de prohibir las puertas giratorias ante el "inmoral" e "indecente" fichaje del socialista Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de Iberdrola España.

La diputada de Unidas Podemos y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, también ha avanzado en rueda de prensa que su propuesta incluirá un código de buena conducta "vinculante" y un régimen sancionador para los casos más graves de puertas giratorias.

Además, ha especificado que propondrán al resto de grupos parlamentarios un pacto "antipuertas giratorias" conjunto, dado que la política debe "responder" ante situaciones "bochornosas" como este fichaje. "Lo que antes parecía normal ahora tiene que ser absolutamente intolerable", ha remachado.

Vidal también ha destacado que ante la escalada del precio de la luz la aceptación de este cargo por parte del exedil y exdiputado madrileño es un "escándalo", además de un "chantaje pirata" a la ciudadanía por parte de esta empresa energética en pleno "pulso" del oligopolio al Gobierno por sus medidas para abaratar el precio de la luz.

Además, ha ahondado que su fichaje "más que una puñalada al Gobierno" es un "desplante" a la ciudadanía, pues se manda el mensaje de que "solo importa la pasta".

SE INSPIRARAN EN UNA PROPOSICION DE 21019

Fuentes del grupo confederal han explicado a Europa Press que la formación se inspirará en su iniciativa en una iniciativa similar que registraron en la anterior legislatura, actualizando su contenido. Concretamente, aluden a la proposición de ley orgánica de protección del Estado frente a la corrupción y contra las puertas giratorias de 2019.

Entonces, ese texto planteó la posibilidad de sanciones para los casos graves y muy graves de contratación en consejos de administración en entidades que se vieron afectadas por decisiones durante el ejercicio de su cargo o tuviera conocimiento.

Para ello, el régimen sancionador pautaba en esa iniciativa pasada la obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente en relación a la compensación tras el cese o una multa económica que duplicara o triplicara el beneficio obtenido por conducta u omisión infractora.