El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulando el cierre de Madrid "da la razón" al Gobierno madrileño que dirige Isabel Díaz Ayuso y pone en "una situación prácticamente insostenible" al ministro de Sanidad, Salvador Illa.
En su intervención en la Asamblea General de la Empresa Familiar en Toledo en Toledo, Casado ha afirmado que el ministro por una "motivación política y partidista arremetió" contra la Comunidad de Madrid, que "ya había tomado medidas avaladas por el Tribunal Superior de Justicia".
Es más, ha recalcado que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se lanzó "un mensaje de miedo y de temor a la población" que, a su juicio, no se debe hacer "nunca" desde la política. "Hay que tener lealtad institucional e intentar dar tranquilidad a los españoles y tener criterios científicos, basados en los médicos", ha apostillado.
DICE QUE VUELVE A "TENDER LA MANO"
En este punto, ha señalado que las medidas tomadas por la Comunidad de Madrid "han permitido reducir un 40 por ciento la incidencia de contagios" y "bajar la presión en las UCIS un 40 por ciento". Y ha recalcado que ante el "cierre total" que planteó el Gobierno que "tanto afecta a la economía" al final un tribunal "ha venido a decir que no era la mejor idea".
En cualquier caso, Casado ha asegurado que quería volver a "tender la mano" al Gobierno de Pedro Sánchez y ha defendido mejorar el marco jurídico para limitar la movilidad para ofrecer seguridad jurídica y "no depender" de los tribunales para hacer efectivas las limitaciones de movilidad.
"Hacen falta políticas serias y no partidistas, y que ningún ministro arremeta contra un Gobierno autonómico por una futura campaña electoral y que ningún presidente intente lavar las malas cifras de gestión sanitaria haciendo culpables a otras administraciones porque hoy se ha visto que ni tenían razón ni los españoles merecen este espectáculo", ha resaltado.
ABASCAL PREGUNTA QUIEN ASUMIRA EL COSTE DE LAS PERDIDAS ECONOMICAS DE LAS MEDIDAS
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha preguntado quién asumirá el coste de las pérdidas económicas que han supuesto las medidas de confinamiento decretadas por un Gobierno "de corruptos de mafiosos" y que ahora han sido 'tumbadas' por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
"¿Quién paga ahora las pérdidas económicas a tantísimos damnificados?", ha preguntado en un comentario en su cuenta personal de Twitter poco después de conocer la decisión de la justicia de rechazar las medidas impuestas por el Ministerio de Sanidad para el confinamiento perimetral de Madrid y de otras nueve ciudades de la comunidad.
A su juicio, España está en manos de un Gobierno "de corruptos y mafiosos" que "atacan las libertades más básicas de los españoles con todo descaro". Por ello, ha insistido en que "hay que echarlos urgentemente" del Palacio de la Moncloa "y juzgarlos".
ECHENIQUE DICE QUE ES UNA RESOLUCION CONTRA PODEMOS Y EL GOBIERNO
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de rechazar la ratificación judicial de las restricciones en Madrid y ha deslizado que es otra decisión que se dirige no solo contra su formación, sino también contra el Gobierno de coalición.
"No es solo contra Podemos, es contra el Gobierno de coalición", ha aseverado para preguntarse si el TSJM, con esta resolución "dice que los cayetanos tienen derechos fundamentales pero los vallecanos no".
Y es que Echenique ha puesto de relieve que la "(ultra)derecha" pide la dimisión del vicepresidente, Pablo Iglesias, después de que el juez Manuel García Castellón le acuse en la pieza Dina de presuntos delitos "sin pruebas" y ahora también lo hace con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras dicha anulación. "¿Se entiende cómo funciona o hace falta un croquis?", se ha cuestionado.
El TSJM ha denegado en un auto la ratificación de las medidas acordadas en una orden del ministro de Sanidad por la que se imponía el cierre en Madrid capital y otras ciudades madrileñas. Concluye que la ley de cohesión "no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales".
En la resolución, los magistrados acuerdan no validar las restricciones al afectar a derechos fundamentales. Por tanto, no se podrá multar a los que incumplan estas medidas que afectan a la movilidad y que se levantarán al no contar con la autorización judicial.
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