Covid 19: Greenpace habla de excesos del Gobierno contra las libertades
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Covid 19: Greenpace habla de excesos del Gobierno contra las libertades

viernes 25 de septiembre de 2020, 13:17h

El análisis que incluye a Alemania, Países Bajos, Rumanía, Eslovenia y España, critica que en algunos países se pueda ir a los bares pero no manifestarse pacíficamente

En España, solo durante el estado de alarma, se ha impuesto más de un millón de sanciones al amparo de la ley mordaza. Además, la falta de claridad en el régimen de prohibición de concentraciones ha generado incertidumbre jurídica a falta de claridad a la hora de permitir o prohibir concentraciones. Por ejemplo, con motivo del 1 de mayo, se permitió una “manifestación de coches” en Zaragoza mientras se prohibía una similar en Vigo. Las redes sociales también han sido objeto de un control excesivo, que incluso ha llevado a la detención de personas por publicar chistes sobre la pandemia.

Esta es una de las conclusiones del informe de Greenpeace y Liberties que analiza las restricciones llevadas a cabo en varios países de la Unión Europea (UE) en los meses de primavera, cuando la pandemia provocada por la Covid-19 obligó a imponer medidas restrictivas en prácticamente todos los países europeos. La investigación relativa a España ha sido realizada por Rights International Spain (RIS), miembro fundador de Liberties.

Eirene de Prada, investigadora de RIS ha declarado que: “Uno de los aspectos más preocupantes observados durante el estado de alarma decretado en España es el abuso de una Ley como la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana que acumula severas críticas por parte de organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. El uso de la conocida como Ley Mordaza durante la vigencia del estado de alarma -que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos se había comprometido a reformar previamente a la pandemia- ha provocado un aluvión de multas por desobediencia a la autoridad y de identificaciones de ciudadanos -en algunos acudiendo a técnicas rechazables de perfil étnico- que infringen los derechos fundamentales de la ciudadanía y cuyo abuso y desproporción no quedan amparadas por el estado de alarma”.

El estudio muestra cómo los Gobiernos de la UE han impuesto restricciones desproporcionadas a las libertades cívicas, así como obstaculizado el activismo, la protesta pacífica y la participación democrática.

El informe destaca que en muchos países de la UE, las restricciones relacionadas con la pandemia son simplemente las últimas de una serie de medidas para obstruir la participación pública.

“Pedimos a todas las instituciones de la UE que actúen con urgencia para restaurar y promover la participación pública en la democracia, de modo que las personas puedan garantizar que sus gobiernos respondan y trabajen para ellos en todo momento, incluso durante una pandemia”, destaca Javier Raboso, portavoz de la campaña de Democracia de Greenpeace.

Más de la mitad de los Gobiernos de la UE no han logrado salvaguardar el derecho de las personas a reunirse o protestar pacíficamente. Por ejemplo, en Bélgica, mientras que las tiendas y los centros comerciales pudieron reabrir en mayo y los bares y restaurantes en junio, la prohibición absoluta de las reuniones no se revisó hasta julio.

Varios Gobiernos han restringido el acceso público a la información y la participación en la toma de decisiones, como Alemania, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia y España. Algunos fueron incluso más allá y también tomaron medidas drásticas contra el derecho a la libertad de expresión, con Hungría y Rumania como los ejemplos más asombrosos.

"Los derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y acceso a la información brindan a las personas las herramientas que necesitan para garantizar que los Gobiernos actúen en su mejor interés. No solo cuando se enfrentan a una crisis de salud pública, sino también para abordar la crisis climática y ecológica, el mayor desafío de nuestro tiempo. Es responsabilidad de la Comisión Europea y de los Estados miembro actuar de forma determinante para promover y proteger la calidad de las democracias europeas, empleando si fuese necesario los mecanismos sancionadores disponibles en relación a los Gobiernos que limiten gravemente estos derechos y libertades", ha declarado Javier Raboso.
Tanto Greenpeace como Liberties exigen que la Comisión Europea refleje estas preocupantes violaciones de los derechos fundamentales en el informe sobre el Estado de derecho que se espera que publique en los próximos días.

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