Si no hay investidura antes del 28 de este mes de septiembre la culpa será de Pablo Iglesias al que le están cercando políticamente por los cuatro costados. Al líder de Podemos le piden negociar los mínimos que le ofrece Pedro Sánchez y aceptarlos desde la izquierda y la derecha, desde dentro y desde fuera de la coalición.
Situada Unidas Podemos en el centro del escenario político, pese a ser la cuarta formación en votos, la decisión de pactar o no de Iglesias le ha convertido en el protagonista de la película: ser el bueno que permite la gobernabilidad con un proyecto progresista que recoge muchos de los puntos de su propio programa electoral; o ser el malo que con su insistencia en estar dentro del gobierno impide a España afrontar con urgencia los grandes retos a los que se enfrenta, tanto dentro como fuera de sus fronteras.
Esa imagen mediática, ya conseguida por los equipos de Moncloa y Ferraz, está apoyada por las sucesivas declaraciones de los antiguos compañeros de viaje de la formación morada: la ERC de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián que anuncia su abstención en el Congreso, tal vez pensando en el futuro trato a sus presos tras hacerse pública la sentencia del Supremo; y el PNV de Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu, a los que una repetición electoral y la posibilidad de que una alianza de Pablo Casado con Albert Rivera y Santiago Abascal llevara a la derecha al poder, les cambiaría por completo su propia “hoja de ruta” para Euskadi.
Sin tanta claridad como la de las dos fuerzas autonómicas pero apostando por acuerdos con el PSOE que faciliten la investidura está la Izquierda Unida de Alberto Garzón, que pide votar sí en la sesión del Congreso, sin entrar en ningún puesto de la Administración y mantener una postura crítica durante toda la Legislatura. Un “control crítico” del gobierno para que cumpla el programa y las propuestas que ha presentado.
Este escenario de pactos, acuerdos y presiones da por ganador a Sánchez sobre Iglesias. El presidente en funciones vuelve a presentarse como el político que hace todo lo posible por gobernar desde sus 123 escaños por razones de Estado, mientras que desde las fuerzas a su izquierda se empeñan en impedirlo y “favorecen” a la derecha más dura e intransigente.
Una derecha, la del PP y C´s, a la que desde Moncloa se la sigue pidiendo su abstención para que pueda formarse gobierno sin depender de los “independentistas” catalanes. Siempre, claro está, por el bien supremo de la estabilidad y de España.
Si esa victoria no le hace ganar la guerra legislativa y se tienen que celebrar elecciones el 10 de noviembre, si le servirá para afrontar la campaña desde una posición de claro vencedor en las urnas. Crecer en votos y escaños por la izquierda a costa de los “agoístas y poco fiables” de Podemos; y por la derecha de Ciudadanos por la cerrazón de su líder a sentarse siquiera en la misma mesa que el presidente del gobierno, colocando Rivera su patente animadversión hacia Sánchez por encima de los intereses del Estado.
El comodín del líder socialista es también Ciudadanos. Si el político catalán ha resistido hasta ahora las presiones de los sectores económicos para que buscara un pacto con el PSOE, que diera estabilidad al país desde unos acuerdos de marcado carácter liberal en lo económico y socialdemócrata en lo social, tendría muy difícil mantener esa postura personalista en caso de que los resultados electorales no posibilitaran un acuerdo tripartito desde la derecha, pero sí uno bilateral con los socialistas.
Ese, que es el deseado por el mundo de las finanzas y las empresas, representaría el segundo triunfo de Pedro Sánchez, y para conseguirlo ya ha comenzado a poner las bases entre esas trescientas propuestas que ha hecho públicas y a las que ha calificado de progresistas, una definición que no molesta a ese centro liberal que se empeña en definir como suyo Rivera pese a sus acuerdos autonómicos y municipales con PP y Vox.
