Nuevo Norte: Denuncia en los tribunales y movilizaciones

Organizaciones ciudadanas y ecologistas como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y la Plataforma Zona Norte, que agrupa a un importante número de asociaciones vecinales del ámbito, denunciarán en tribunales y con movilizaciones el "atentado urbanístico" que es Madrid Nuevo Norte, cuyo aprobación provisional de la modificación puntual del PGOU saldrá adelante previsiblemente en el Pleno que se celebrará en el Palacio de Cibeles este lunes.

Representantes de estas tres entidades acudirán el lunes al Pleno, donde realizarán declaraciones a los medios en torno a las 11 horas. Allí manifestarán su rechazo a una operación que definen como "un atentado urbanístico que persigue ante todo asegurar un negocio especulativo a costa del bien común, y que contraviene todos los principios de sostenibilidad, inclusión, uso social de los bienes públicos y transparencia en la transformación de la ciudad".

Ya manifestaron su rechazo a la operación con las casi 3.500 alegaciones presentadas, absoluto récord, en diciembre de 2018 "y que, lamentablemente, el Consistorio ni siquiera ha contestado", han asegurado en un comunicado.

Consideran que Madrid Nuevo Norte es "una propuesta medioambientalmente insostenible" que establece "una desmedida edificabilidad, sobre todo en uso terciario para oficinas--equivalente a unas veinte torres del tamaño de las Cinco Torres en la prolongación de la Castellana--, que producirá unos fuertes impactos medioambientales en toda la ciudad".

En el proyecto "no se contempla el necesario corredor natural norte-sur para conectar la ciudad con el monte de El Pardo, y propone levantar su principal zona verde sobre una losa de hormigón", además de requerir "la destrucción de infraestructuras y tejidos industriales en uso" y "atentar contra el equilibrio territorial".

"Y a pesar de la gran oportunidad que supone el que la mayor parte del suelo, más del 70 por ciento, sea público, no se contempla la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler sino únicamente una parte de vivienda protegida que no resulta asequible para las franjas sociales más desposeídas, en particular los y las jóvenes", han apostillado.

Destacan igualmente que, "en lugar de utilizar la abundancia de suelo disponible para reequipar los barrios adyacentes, algunos de ellos con serias carencias dotacionales, como San Cristóbal, Fuencarral o Begoña, cumple (el acuerdo) ramplonamente los estándares legales".

"Desde una perspectiva metropolitana, viene a profundizar o agravar los profundos desequilibrios territoriales existentes, que se resumen en un arco norte-noroeste de rentas medias-altas y concentración de actividades económicas y empleo de calidad frente a un arco sur-sureste de barrios dormitorio y carencia de empleos", han dibujado, al tiempo que han atacado una operación que "supone malbaratar bienes públicos estratégicos".

Y todo ello a través de "un nefasto modelo de gestión" por medio de "una sucesión de mejoras en las condiciones de concesión y de la retención pasiva de los suelos", que 26 años más tarde posibilitará que la sociedad concesionaria "vaya a recibir unos activos públicos a menos de la mitad de su precio de mercado, con el consiguiente quebranto de la hacienda pública".

"Todo ello hubiera sido fácilmente remediado con la no renovación de la concesión que vencía a finales del pasado año, opción descartada por el Gobierno sin justificación alguna", han indicado, después de señalar que el "carácter lesivo de la operación para el interés general se demuestra por su recalcitrante opacidad, sólo vencida parcialmente por la insistencia de la sociedad civil ante los tribunales, que ha obligado a RENFE-ADIF a publicar recientemente parte de la documentación ocultada sobre la operación Chamartín a lo largo de los años".

"Siendo el principal objetivo real de esta operación la revalorización del suelo, y dada la ausencia de demanda para la disparatada cantidad de oferta terciaria prevista, nos enfrentamos a decenas de años con unos suelos expectantes sin uso o función social alguna y con las fantasías anunciadas de inversiones y creación de empleo sonando a música celestial", han argumentado estas organizaciones.

Dichas entidades han cargado además contra la viabilidad de una operación que, "al estar pilotada por una sociedad privada cuyo interés es esencialmente lucrativo, ofrece un enorme margen de incertidumbre, sobre todo en términos de cargas ocultas a afrontar por las administraciones públicas".

"La resistencia social contra Madrid Nuevo Norte no ha hecho más que empezar", han advertido.