Convencidos de que con la Ley D´Hont no basta para controlar la elección de presidente de gobierno a través del bipartidismo, los dos grandes partidos que se han alternado en el poder desde 1979 hasta hoy están de acuerdo en el siguiente paso para mantener su dominio: reformar la Constitución aprobada en año antes en referendum, y el sistema electoral.
Pedro Sánchez y Pablo Casado están de acuerdo en ese punto esencial para nuestros sistema político en el futuro: hay que evitar que la aparición de nuevos partidos de alcance nacional y con representación en el Congreso haga imposible, de hecho, la obtención de mayorías absolutas, que es lo que ha pasado desde 2015, primero con la llegada de Podemos y Ciudadanos, y más tarde con Vox.
El objetivo de la al parecer obsoleta y poco eficaz Ley D´Hont era reunir en torno a dos grandes fuerzas la dispersión de partidos y siglas que afloraron en las primeras elecciones de 1977. Un gran partido a la derecha y un gran partido a la izquierda, tal y como había sucedido en la Restauración borbónica merced a los acuerdos entre Cánovas y Sagasta. Volver a repetir la historia con otras caras y nombres pero con los mismos objetivos y siempre por el llamado bien nacional.
Si el presidente del PP lanza la propuesta de “imitar” a Grecia y otorgar al ganador de las elecciones una prima de cincuenta escaños como fórmula para lograr la mayoría absoluta; el secretario general del PSOE va un poco más lejos y pone sobre la mesa una idea tan repetida como desechada a nivel nacional que no autonómico: que gobierne el que tenga más votos si no se logra una investidura por la abstención de los partidos que la utilicen como medida de presión.
Con la reforma que quieren introducir PSOE y PP se evitaría, también la ruptura bipartidista que se ha producido en Cataluña y el País Vasco, dos autonomías en las que la parte nacionalista estaba representada por Convergencia i Unió frente al PSC, y por el PNV frente al PSV. Derecha nacional frente a socialismo nacional, y derechas autonómicas frente a socialismos autonómicos. El bipartidismo imperfecto que ha durado 36 años.
En esa suma de voluntades a la de los dos grandes partidos hay que colocar al PNV, con ciertos reparos pero interesado en cortar el avance de la izquierda radical de Bildu, y dispuesto a colaborar para la recuperación del socialismo vasco como interlocutor y “socio” desde la oposición en su programa de máximos, en el que está incluida Navarra, con sus primeros frutos a punto de caer de ese árbol con la elección de María Chivite como sucesora de Uxue Barcos.
Más compleja y difícil es esa operación en Cataluña tras el aumento de votos y escaños de Esquerra Republicana, pero no imposible. Los primeros pasos se están dando y pasan por dejar al expresidente Puigdemont en el exilio permanente, salvo que desee volver a España y entrar en prisión, “sacar” a su sucesor del palacio de Pedralbes, y refundar las antiguas alianzas entre Jordi Pujol y Josep Antoni Duran LLeida que dieron lugar a Convergencia i Unió de la mano de un renacido Artur Más. Mientras tanto y desde la prisión, Oriol Junqueras, tendrá que elegir entre negociación o largo periodo de encarcelamiento tras la previsible y dura sentencia del Tribunal Supremo.
Lo malo que tienen los deseos oportunistas y las declaraciones cargadas de partidismo es que la realidad es más tozuda. El resto de fuerzas políticas no se van a dejar, van a intentar impedir esos cambios que les llevarían en muchos casos a la desaparición. Para empezar está la propia Constitución. Cualquier modificación de esas naturaleza exige la aprobación por dos tercios del Congreso, que son 232 diputados. Socialistas y populares suman 189, mayoría para gobernar pero no para modificar. Con Ciudadanos lo lograrían pero antes Casado y Rivera tienen que dilucidar un pequeño detalle: ¿ quien es el jefe de ese centro derecha en España?.
