Si una de las reivindicaciones estrellas de Podemos de cara a la nueva Legislatura es acabar con los falsos autónomos, es totalmente lógico que Pablo Iglesias quiera estar en el próximo gobierno de Pedro Sánchez.
El líder de Podemos lleva un año trabajando para el líder del PSOE. Desde que éste se convirtió en presidente. Una labor incansable de ministro de asuntos varios, sin cartera y sin contrato. Pagando un alto precio en las urnas y en la cohesión interna de su partido, y viendo como su antiguo amigo, compañero y cofundador de la organización le disputa un puesto que se ha ganado a pulso.
Su reivindicación de un Ministerio tiene la misma lógica que se quiere aplicar a los repartidores de comida a domicilio o a los conductores de las VTC. Un Ministerio es lo mínimo y debería acompañarse de alguna Secretaría de Estado y alguna Dirección General con nombres claramente identificados por el color morado.
Iglesias y la parte más medular de Podemos se sienten como falsos autónomos, sin derechos, con unos “ingresos” políticos más bien pobres y con un futuro incierto de seguir las voluntades populares por el mismo camino mostrado en las elecciones de abril y mayo.
Necesitan regularizar su situación, convertir sus no contratos o contratos basura en trabajo estable, con firmas públicas y reconocimiento institucional. Con carteras de nombres grabados en los costados que indiquen el valor de las mismas. Iglesias no quiere recurrir a las manifestaciones o las huelgas de votos caídos en el Congreso. Dice, asegura y es creíble que se fía de las promesas del presidente. No tiene por qué mentir. En toda negociación cada una de las partes tiene que renunciar a los postulados máximos, y el secretario general de Podemos ya lo ha hecho, tal vez con una única condición que no aparecerá nunca para ser firmada en un papel: a los esquiroles (Errejón, Maestre, Sánchez ) ni agua.
La militancia del PSOE se lo dijo a su líder en la victoriosa noche del 28 de abril: nada de pactos con la derecha de Ciudadanos, el Gobierno tenía que girar y consolidar una alternativa clara de izquierdas para cuatro años. Tal vez por eso y por haber ganado por mayoría absoluta, dejando a los compañeros de Iglesias sin escaño en Castilla la Mancha, se le perdone a Emiliano García Page que acuerdo con el partido naranja repartirse la gobernanza de las ciudades de Albacete y Ciudad Real. De paso le dejan fuera al PP, que también cuenta.
La demandada reforma de las leyes laborales que aprobó y puso en marcha el gobierno de Mariano Rajoy, orientada a todos los sectores de la economía, puede comenzar dando ejemplo en el terreno político. Sin que la derecha española en cualquiera de sus formas y nombres pueda protestar por esa “regularización” laboral entre el PSOE y Podemos. Tanto PP como Ciudadanos han regularizado a Vox, que desde los comicios de diciembre pasado en Andalucía también trabajaba sin contrato a favor del gobierno de Moreno Bonilla.
Si lo piensan bien, tanto a Santiago Abascal y los suyos como a Pablo Iglesias y los suyos les quieren tener como a los repartidores de Deliveroo y a los conductores de Uber: trabajando más de ocho horas, en condiciones de explotación política, sin el seguro que proporciona estar dentro de las administraciones públicas. Y sin seguro de desempleo en cuanto pierdan la condición de diputado o concejal. Una ruína.
