El robo de Canal Nou
Los dueños de las televisiones públicas no son los gobiernos de turno, ni siquiera los Parlamentos de turno; los únicos dueños de esos medios de comunicación son los ciudadanos. Desde esta verdad democrática, lo que ha hecho el presidente valenciano con el cierre de Canal 9 es quitarles un bien a los mismos a los que tiene la obligación de defender y administrar. Les ha robado a través de un decreto ley tramitado con urgencia y con la prepotencia de la mayoría absoluta. Les ha robado con la premura y la falta de ética y de estética de quien cree que son suyos los bienes públicos y que puede disponer de ellos a su antojo.
Durante más de veinte años se construyó desde el poder político un modelo de televisión que era insostenible en base a los datos económicos que la propia empresa aportaba cada ejercicio. En Canal 9 sobraba de todo menos talento profesional. Se utilizó para glosar y alabar las realizaciones de los distintos gobiernos autonómicos y del partido que los apoyaba. Se fueron cargando sus estructuras y sus presupuestos hasta plantearse hace unos meses una situación límite. ¿Por culpa de sus trabajadores?, no, por culpa de sus administradores y de quienes los designaban. Algo muy, muy parecido a lo que está pasando con Telemadrid. Y algo que podría pasar mañana mismo en Andalucía, en Cataluña o en Euskadi si no se toman medidas en esas Comunidades.
No se trata ahora de debatir si las televisiones autonómicas o las televisiones públicas tienen razón de ser en una economía liberal y de mercado. Es otro debate, como lo es el del control político de esos medios, el control de sus presupuestos anuales y la obtención de sus ingresos. Lo que ha ocurrido es que la Justicia falló en contra del gobierno valenciano y de sus intenciones. Y el gobierno, con la voluntad de su presidente, tardó siete horas en ir en contra de la Justicia, en contra de los trabajadores y en contra, sobre todo y por encima de todo, de los ciudadanos de Valencia, de Castellón y de Alicante.
Alberto Fabra ha demostrado que es un mal presidente, que es un pésimo político y que su sentido de la democracia y de lo que significa gobernar en democracia es manifiestamente mejorable. Se ha amparado en su mayoría parlamentaria para imponer su voluntad en contra de la inmensa mayoría de su Comunidad. Les ha dejado huérfanos de un medio de comunicación que, por más partidista que fuera a favor del partido en el poder, era una voz necesaria, mucho mas necesaria en una democracia y en una situación como la que estamos viviendo en España en la que la crisis económica está poniendo en peligro la propia existencia de los medios y su papel de crítica frente a todo tipo de poder.
Nuestros políticos están obligados a cambiar el uso y abuso de los medios públicos de comunicación, de esas televisiones y radios en los que la crítica al poder desaparece y se diluye. Están obligados a proteger la libertad, no a someterla a sus intereses. Deben comprender y admitir que esos medios no son suyos, que son de esos millones de ciudadanos que los mantienen con sus impuestos. Es una de esas asignaturas pendientes de las que no quieren examinarse. Y lo que no pueden hacer Fabra y sus posibles imitadores es poner en práctica algo tan miserable como el " o mía o de nadie".
