Los espiados, el vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, y el ex responsable de la Consejería sobre la que recaen de nuevo las sospechas, Alfredo Prada, no recurrieron el archivo de la causa porque se lo pidió su partido, el mismo que ha puesto el grito en el cielo por el hecho de que la Justicia haya atendido el recurso presentado por la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez.
El Gobierno regional y el PP han arremetido contra los que sacaron del fondo de los archivos judiciales este asunto feo, de ser verdad, porque no sólo esta mal gastar dinero público para obtener información de personas que no son afines a los que mandan en una Administración, si no que es ilegal dejar al descubierto la vida privada de la gente para usos poco confesables. La excusa para hacerlo, que entre los jueces que han reabierto el caso está la “abogada socialista” Luz Almeida, según claman algunos altos
cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre y del PP de la misma persona. Su versión consiste en decir que leyeron los papeles y actuaron en pocas semanas cuando la instrucción se alargó más de un año.
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha pedido responsabilidades políticas y aseguró que en la Comunidad de Madrid ha habido fondos reservados para cosas insanas. La última palabra queda, como siempre que se dan casos de actos ilícitos, en manos de la Justicia.
Detrás de toda esta reacción del PP queda un mal sabor de boca porque el ciudadano de la calle percibe que las decisiones judiciales están impregnadas de reacciones nada justas. Quiero creer que una persona que milita en un determinado partido y que accede
a un cargo por el empujón de esa formación, cuando sirve al Estado desde cualquier organismo importante como la judicatura, actúa legalmente y no empujado por el noble sentimiento de devolver favores. Seguro que es así, porque, de lo contrario, estaríamos apañados los habitantes de esta o esa región o lugar de España.
Esto que ha hecho el PP no es nuevo, recuerdo varios casos en los que desde el PSM se ha insinuado algo similar. Ni antes lo creí, ni lo creo ahora.
Si alguien es capaz de condenar a un inocente por motivos como los alegados ahora por los perjudicados por la reapertura de este caso, o de absolver a un golfo, debería haber sido expulsado del cargo el mismo día de su ingreso.
Este asunto, en una semana en la que todo es precampaña electoral y en la que sólo está activa en la Asamblea de Madrid la cafetería y los servicios ordinarios de la Cámara autonómica, ha sido otra más, sin más trascendencia que la dada por los protagonistas y por los encantados de tener otro argumento más contra el contrario.
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