El proyecto del Gobierno regional, un verdadero cajón de sastre en el que cabe todo y de todo, incluye la reducción drástica del número de liberados sindicales, la eliminación de numerosas empresas públicas y organismos de participación como los consejos de la Mujer o de la Juventud y una modificación de la Ley del Suelo que exime a los promotores de ceder a la Administración regional el 20% del terreno de las zonas a urbanizar para las llamadas redes supramunicipales, es decir para infraestructuras y equipamientos para los vecinos.
Esta medida servirá para que el precio del suelo cueste un 17% menos, explicó la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, en el citado pleno parlamentario.
Las preguntas de los portavoces de IU, Gregorio Gordo, y del PSM, Maru Menéndez, abordaron la citada Ley de Acompañamiento, que no incluía inicialmente la renuncia al “impuesto revolucionario”, según Mariño, que los constructores cedían obligatoriamente a la Administración regional.
Lo que no está tan claro es que los señores del ladrillo, culpables en gran medida de la crisis económica que tanto daño está haciendo a los madrileños, y al resto de españoles, repercutan en el precio de sus pisos la ventaja que les da la nueva norma del Gobierno regional. Lo que en principio parece bastante claro es que los promotores inmobiliarios van a hacer caja con el ahorro concedido.
Lo que está por aclarar es si la Comunidad de Madrid podrá poner en el mercado los suelos provenientes de cesiones como las ahora eliminadas, para hacer caja en tiempos de crisis y presupuestos restrictivos, como presumen socialistas e IU.
Gordo dijo sin cortarse ni un pelo que la intención de Aguirre es liberalizar cuanto más suelo mejor y “”desregularizar sus mecanismos de creación, gestión y control”. El diputado socialista Antonio Fernández Gordillo acusó al Gobierno regional querer modificar la Ley del Suelo para poder vender los más de 13 millones de metros cuadrados de suelos cedidos que ya tiene en la actualidad.
Si es así, harán caja los promotores y el Gobierno regional, quien se mostró convencido de que hace lo que tiene que hacer, muy similar a lo recomendado por el Gobierno central para que las administraciones se aprieten el cinturón.
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