Garzón recupera el antiguo caso Majadahonda y acusa al ex alcalde, Guillermo Ortega

13/02/2009.-El juez deja en libertad a Pérez Alonso, último detenido en la operación sobre presunta corrupción que involucra a cargos del PP

jueves 02 de octubre de 2014, 12:47h
El ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (PP), imputado por el juez Garzón en la supuesta trama de corrupción, y sus dos concejales afines, Pepe Peña y Juan José Moreno, intentaron en 2004 vender dos parcelas públicas sin incluir el IVA, que ascendía a 13 millones, y por debajo del precio del mercado.

Ortega, junto a Peña y Moreno, concejales de Planificación Urbanística y Hacienda, respectivamente, y hombres de confianza del ex regidor, sacaron a concurso dos fincas municipales (RN-1 y D-2) a un precio cerrado de 48 millones de euros (1.600 euros el metro cuadrado), muy por debajo de la valoración realizada sobre fincas similares en localidades vecinas.

En ese momento, la jefa de Gabinete de Alcaldía era María del Carmen Rodríguez, esposa de Francisco Correa, y se adjudicaron contratos a las empresas investigadas por Garzón (Special Events y Technology Consultin Management (TCM)) por valor de más de dos millones de euros.

El actual alcalde, Narciso de Foxá (PP), dimitió como concejal de Urbanismo en diciembre de ese año por estar en contra de la política urbanística del alcalde y desencadenó la ruptura del Ejecutivo local, que culminó con la dimisión de Ortega en febrero de 2005.

De Foxá se desmarcó junto a 12 de los 15 concejales que integraban el equipo de Gobierno municipal por estar en desacuerdo con la valoración del suelo.

Ortega justificó su postura alegando que no quería que se disparase el precio de las viviendas, pero de las doce empresas que concursaron, dos ofrecían un precio más alto, lo que demostraba que "las parcelas valían más".

Además de la denuncia de la portavoz de Centristas Majadahonda, Mercedes Pedreira, respecto al intento de ahorrarle al futuro comprador el IVA, que ascendía a 13 millones de euros, la propia Comunidad de Madrid, que intervino obligada por la ley porque el precio de las parcelas era equivalente al 25 por ciento del presupuesto municipal, recomendó subir el precio hasta el marcado por el arquitecto municipal (1.600 euros).

En un principio el precio de salida estipulado por Ortega y Peña era de 1.300 euros el metro cuadrado.

Tras la dimisión de Ortega, obligado por el PP, Peña y Moreno, conocidos entre los trabajadores del Ayuntamiento como Pin y Pon, continuaron en la corporación pero mantuvieron el enfrentamiento con el Gobierno local y acusaron a la cúpula del PP regional de haber intervenido en el proceso de enajenación de las parcelas, lo que les valió la expulsión del partido.

Los ediles que integraban el Gobierno acusaron a Peñas y Moreno en un documento firmado por todos de haber acumulado todo el poder, ya que eran responsables de la Hacienda y el Urbanismo municipales en los últimos años, y les responsabilizaron del déficit económico, superior a los 30 millones de euros así como de romper el grupo.

Ambos comparecieron en las elecciones de 2007 con un partido independiente denominado Corporación Majadahonda (CM) y, aunque no obtuvieron representación, fuentes municipales han asegurado a Efe que la financiación de la campaña corrió a cargo de empresas vinculadas a la trama y que la ruptura posterior con ellas ha dado lugar a las denuncias contra sus responsables.

Por otra parte, ll juez Baltasar Garzón ha dejado en libertad con comparecencias semanales y prohibición de salir de España al último detenido en la Operación Gürtel, Álvaro Pérez Alonso, conocido como 'el bigotes', responsable de la empresa Orange Market y arrestado en la noche del pasado lunes en Valencia.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión a instancias de las fiscales Anticorrupción, Miriam Segura y Concha Sabedell, tras haber tomado declaración durante una hora a Pérez Alonso y después de haber enviado ayer a prisión a los tres cabecillas de la presunta trama de corrupción vinculada al PP: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

Pérez Alonso, defendido por la abogada valenciana Ángela Coquillat e imputado por los delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal y tráfico de influencias, fue trasladado ayer a la Audiencia Nacional a las 13.00 horas para que presenciara el desprecintado de cajas con documentos incautados en el registro del material intervenido en Valencia en la Operación Gürtel.

Pérez Alonso, tras permanecer todo el jueves en los calabozos y comparecer ante Garzón pasada las ocho de la tarde, abandonó la Audiencia Nacional cabizbajo y en un total mutismo acompañado de su abogada.

En el auto en el que Garzón acuerda la prisión de Correa, Crespo y Sánchez, el juez explica que Correa lideraba un grupo organizado que creó un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos públicos mediante el soborno a funcionarios y autoridades de consistorios y Consejerías de la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, cuya identidad ahora investiga.

Garzón anuncia en esta resolución que se está investigando la "identidad y cargos" de esos "funcionarios y autoridades públicas" que recibieron "dádivas y sobornos", "al objeto de tomar las decisiones que correspondan en derecho".

Según lo investigado en las diligencias 275/08, "en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas", principalmente de la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana "para obtener un beneficio propio".

Se trata, según Garzón, de "un grupo organizado de personas y empresas", liderado por Correa del que forma parte "en inmediata relación de jerarquía" Pablo Crespo, Antoine Sánchez y "otros imputados en esta causa".

La principal finalidad de este grupo "a lo largo del tiempo, y, como mínimo en los últimos 10 años, "ha sido "captar negocios" y "fondos" en la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, a través de ese conglomerado empresarial, expone el juez.

Sobre este caso, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que el PP "no se ha financiado en absoluto ilegalmente" desde que ostenta la presidencia regional y que "ni una sola de las actuaciones, congresos, foros o celebraciones" de su Gobierno se han adjudicado a las empresas que investiga Garzón.

Aguirre ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa posterior al Consejero de Gobierno que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde también se ha referido a la que ha denominado "famosa cacería" que reunió el fin de semana pasado al Ministro de Justicia, Fernández Bermejo, y el juez Garzón, que investiga la denominada operación "Gürtel".

La presidenta ha calificado estos encuentros de "compadreo absolutamente intolerable" y de "escándalo sin precedentes" entre un ministro de Justicia y un juez "que acababa de abrir una causa que presuntamente afecta al primer partido de la oposición".

Ha dicho que si estos hechos se hubieran producido "en cualquier democracia de occidente" habrían desembocado "inmediatamente " en la dimisión del Ministro y en la "abstención" del Juez en el caso.

Aguirre ha añadido que le "parece el colmo" que a todo ello se sume el hecho de que, "al parecer, también el jefe de la policía Judicial estuvo en ese famoso fin de semana cinegético en el que las instituciones cazan juntas" y que supuestamente con todos ellos estaba además "una Fiscal que entiende del caso".

Se ha lamentado además de que los jueces no investiguen "con el mismo rasero" los casos que afectan a militantes o a altos cargos del PP y los que atañen al PSOE.

Ha criticado, por ejemplo, que el Fiscal detenga a personas a las que se imputan cargos y les coloquen "pasamontañas, cámaras de televisión, grilletes, que los lleven a calabozos, los tengan 72 horas allí" y luego "salen absolutamente libres" porque no existen cargos contra ellos.

Ha dicho que esto ha sucedido con concejales del PP "en Baleares, Canarias y en otros lugares de España" y ha insistido en que "siempre" le sucede al mismo partido, porque las investigaciones de la Justicia "no se miden" igual, según se trate de un partido u otro.

Preguntada por la petición de la oposición regional de que se retire a Benjamín Martin Vasco de la presidencia de la Comisión de investigación parlamentaria que analiza la trama de espionaje en la Comunidad, por haber sido señalada en el sumario su amistad con Francisco Correa, Aguirre ha dicho que no tiene ninguna sospecha sobre la inocencia del diputado popular.

"Las filtraciones de un sumario secreto hechas por presuntos responsables de delitos gravísimos no nos parece que pongan a nadie bajo sospecha", ha indicado.

En cuanto a las acusaciones de la oposición regional sobre su falta de explicación en la Asamblea acerca del caso "Gürtel" o de la presidenta trama de espionaje madrileña, Aguirre se ha mostrado dispuesta a contestar "a todo lo que me pidan" pues, según ha dicho, "soy la presidenta autonómica que más preguntas ha respondido".

Se ha mostrado, por tanto, decidida a responder a las cuestiones que le planteen en el parlamento las portavoces regionales del PSOE, Maru Mednéndez y de IU, Inés Sabanñes, pero no así al líder del PSM, Tomás Gómez, al que ha recordado que, por ahora, "no es diputado" regional.

Por otra parte, el Grupo Socialista en la Asamblea va a solicitar la comparecencia "urgente" del viceconsejero de Deportes, Francisco Javier Hernández, en la Comisión de Vigilancia de la Contrataciones para que explique los expedientes de contratación que realizó Alberto López Viejo en su etapa de consejero.

El anuncio lo ha hecho el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, Adolfo Navarro, que ha avanzado que su grupo exigirá una explicación "con pelos y detalles" de las contrataciones que hizo López Viejo hasta que el pasado lunes presentó su dimisión.

Su grupo parlamentario solicitará además el cese de Alberto López Viejo como diputado de la Cámara regional porque "si uno no tiene calidad, capacidad o dignidad suficiente para ser consejero tampoco puede representar a los madrileños en esta Cámara", ha dicho Navarro.

Tras recordar que López Viejo fue nombrado por la presidenta regional, el diputado socialista se ha referido al dicho de que 'manchado un dedo, manchada la mano': "el dedo en este caso es López Viejo y la que tiene la mano manchada es Esperanza Aguirre", ha concretado.

Ha informado de que también exigirán el cese de Arturo González Panero como concejal en el Ayuntamiento de Boadilla por motivos similares a los esgrimidos para López Viejo: "si no es digno para ser alcalde, no es digno para ser concejal".

Por último, Navarro ha recomendado a Esperanza Aguirre que, tras la colocación de su retrato en el Senado, encargue "cuanto antes" el de ex presidenta de la Comunidad de Madrid porque, a su juicio, "ha perdido toda la credibilidad" para seguir siéndolo.
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