Jueves 02 de octubre de 2014
En el mes de octubre pasado la Junta de abogados madrileños decidi´ço querellarse contra Garzón por haber ordenado las escuchas a los abogados de algunos de los imputados en el “caso Gürtel”. La orden judicial no afectó sólo a los teléfonos móviles sino y muy principalmente a las conversaciones que tuvieron abogados y clientes en la cárcel. Eso le permitió al juez, según los abogados del caso, acceder irregularmente al menor a informaciones claves para el asunto. La versión de garzón es que tanto él como la policía y la Fiscalía estimaban que esos abogados podían estar inmersos en la trama.
El escándalo estaba servido y el Colegio de Abogados, que tardó unos meses en reaccionar, a pesar de que los periódicos publicaron esas conversaciones, no tuvo más remedio que quejarse y su decano Antonio Hernández Gil, nada sospechosos de ser enemigo de Garzón, no tuvo más remedio que aceptar la orden de la Junta y prometió presentar la querella, pero no quiere hacerlo en medio de la refriega, sino cuando las cosas cambien.
El abogado del constructor Ulibarri, Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional, y el abogado de Corea, Choclán, también ex juez de la misma Audiencia donde trabaja Garzón, han sido los más beligerantes contra el decano de los abogados madrileños. Peláez le ha llegado a acusar de negarse a presentar la querella. Hernández sigue pidiendo tiempo y echa la culpa de lo que ha pasado al Ministerio de justicia y al Consejo del Poder judicial por no haber impedido las escuchas cuando las conocieron.