Guerra judicial en los ayuntamientos madrileños

El mapa municipal madrileño se ha con-vertido en un camino sembrado de querellas, fundamentalmente entre socialistas y populares, y de denuncias políti-cas de toda índole, unas con más calado que otras, algunas , inclu-so, materializas en la comisaría de policía. Una judicialización de la vida política con la que Esperanza Aguirre quiere cercar, principal-mente, a los ayuntamientos socia-listas del Sur, mientras que Tomás Gómez hace lo propio, aunque con mucha menos intensidad, en los gobierno del PP, en los que el PSOE pone piedras a los populares con recursos a sus planes genera-les urbanísticos o los presupuestos municipales. Las querellas, en muchas oca-siones cruzadas entre estos dos grandes partidos, no han adquiri-do, al menos por ahora, la trascen-dencia de ningún “caso Gürtell” o del “caso Ciempozuelos”, aunque suponen poco menos que cami-nar por un campo de minas para alcaldes y concejales del equipo de gobierno de turno. Un terreno peligroso también para el líder del PSM, al que ahora el PP quiere relacionar con el Gürtell por con-tratar, al parecer, con una de las empresas implicadas en la trama en su etapa de alcalde de Parla. El caso más paradigmático de esta guerra sin cuartel puede ser el Ayuntamiento de Pinto. La moción de censura que desalojó al PP de la alcaldía y alumbró el actual gobierno tripartito ha dado paso a una batalla campal (iniciada ya la anterior legislatura) entre popula-res y socialistas, un enfrentamiento que ha trascendido el ámbito local, pues tanto Esperanza Aguirre como Tomás Gómez han salido a escena en defensa de sus represen-tantes pinteños. La escalada judicial en esta localidad se inició nada más llegar el tripartito al gobierno, al que el PP acusó de presuntos delitos de cohecho y trafico de influencias. Acusaciones que han tenido como telón de fondo la gestión “huma-nitaria” del anterior regidor socia-lista, Antonio Fernández, en el municipio de Pinto en Argentina. Un cruce de acusaciones que tam-bién dio pie a una querella crimi-nal del alcalde (PSOE), Juan José Martín, contra la portavoz del PP, Miriam Rabaneda, por acusar ésta a los socialistas pinteños de recibir dinero de la Fundación Pinares. Un año de crispación política que Esperanza Aguirre ha aviva-do reclamando a Zapatero que disuelva este Ayuntamiento, mien-tras que el alcalde se querellaba contra la presidenta madrileña por hacer que durmiera el sueño de los justos un desarrollo urbanístico del municipio. Irrespirable es también la vida política de Leganés, un munici-pio igualmente marcado por una moción de censura que llevó a los populares a perder la alcaldía. La gestión del socialista, Rafael Gómez Montoya, es puesta con-tinuamente en el disparadero no sólo por el PP, sino también por el partido independiente Uleg. Ambas formaciones vienen poniendo en solfa contrataciones y desarrollos urbanísticos, si bien la última bomba (además de unas oposiciones municipales supuesta-mente “amañadas”) arrojada por el Partido Popular contra el regidor y ocho miembro más de la corpo-ración es una denuncia por preva-ricación por presuntamente haber aprobado un gasto de 90 mil euros sin expediente de contratación. Los populares lograrían con ello que lloviera sobre mojado sobre un equipo de gobierno, alguno de cuyos integrantes formaron parte en la anterior legislatura de un ejecutivo municipal presidido por José Luis Pérez Raez que se encuentra procesado por un caso parecido. Los pulsos políticos y judicia-les, amenazas veladas aparte, han sido también una constante en esta legislatura entre el alcalde de Getafe (PSOE), Pedro Castro y Esperanza Aguirre. La presidenta regional no ha ocultado su interés por derribar al alcalde socialista más veterano de la región, al que frecuentemente critica de forma abierta en los plenos de la Asam-blea de Madrid. El marcaje popular a Castro se escenificaba en toda su magnitud con la personación del PP en la querella interpuesta por un promo-tor de la localidad (éste a su vez imputado en un delito de estafa), por presunto cohecho y prevarica-ción en la permuta de unos terrenos para la instalación de un campo de golf, que supuestamente habría favorecido “un pelotazo urbanís-tico”. Pese a ser archivada por el juez, los populares han recurrido la sentencia, lo que ha destapado la caja de los truenos en la política local, acusando el PSOE a Aguirre de judicializar la vida municipal. El último capítulo del enfrenta-miento de la lideresa y el alcalde, han sido las acusaciones de la pre-sidenta a que Castro podría haber cometido un delito de prevaricación al utilizar fondos públicos para “ata-car” al Gobierno regional.Los Ayuntamientos de Fuenlabra-da o Alcorcón tampoco se quedan a la zaga en esta confrontación parti-dista. El gobierno fuenlabreño tiene en los tribunales sus presupuestos de 2009 gracias a una denuncia del PP por haber vulnerado supuesta-mente la Ley Estatal del Suelo por utilizar patrimonio municipal para financiarse. El alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, se ha cruzado en los últimos días amenazas de querellas con el portavoz de los populares, Fernando Díaz, que ha acusado el regidor de un presunto delito de trá-fico de influencias y prevaricación por contratar con una empresa pro-piedad, al parecer, de un miembro de la Ejecutiva socialista del muni-cipio. Acusaciones que han llevado a Cascallana amenazar al PP contra querella por calumnias.Crispación, por tanto, a lo largo y ancho de la zona Sur, en la que el alcalde de Móstoles (PP), Esteban Parro, se querelló por calumnias contra la portavoz socialista, Paz Martín, mientras que en Parla los populares han acudido a la comisa-ría de Policía para denunciar a una concejala del PSOE por insultarlos en la calle. En Torrejón de Ardoz o Coslada ambos partidos también se buscan las vueltas. En el primero, la ex alcaldesa y número dos de Tomás Gómez en el PSM, Trinidad Rollán (imputada por el TSJM por presunta prevaricación urbanística por un convenio con una empresa relacionada con el pago de comi-siones al PSOE de Ibiza), ha con-seguido que se admita a trámite una querella en el contencioso adminis-trativo contra el actual alcalde por modificar la calificación de una parcela para la instalación de un hotel privado a una empresa en la que figura un ex alcalde del PP.En Coslada, el PP ha denunciado al concejal de Seguridad, Manuel Torrus, ante la junta electoral por desempeñar supuestamente de manera indebida sus cargos en el gobierno local, al no haber comu-nicado (en fecha y forma) que es un policía municipal en activo del Ayuntamiento de Madrid. Sobre Torrus también llueve sobre mojado pues los populares le habían inter-puesto una querella por agredir a un militante del PP, que le supuso finalmente una condena por coac-ciones y lesiones. En el otro lado del espejo, el PP y el caso Gürtell, que continúa poniendo bajo la lupa de la sospe-cha la gestión de varios ex man-datarios de ayuntamientos del PP involucrados; Pozuelo, Boadilla o Majadahonda, unos más prudentes que otros a la hora de enfrentarse a los tribunales (el ex regidor de Boadilla, Arturo González Pane-ro, piensa que él “queda muy bien” en el sumario, pese a que el juez se ratificaba la pasada semana en su fianza de 1.800.000 euros). Más allá del barrizal político del Gürtell, los socialistas ejercen su particular marcaje a los alcaldes del PP, véase el de Majadahonda o Las Rozas, recurriendo sus presu-puestos, algunos, como en el caso del Ayuntamiento roceño con sen-tencias firmes en contra. Un Con-sistorio a cuyo alcalde, Bonifacio de Santiago, el TSJM ha responsa-bilizado directamente de incumplir el fallo de este tribunal anulando la cesión de la ciudad del fútbol a la RFEF.En definitiva, pocos ayunta-mientos, de los 179 que hay en la Comunidad, se libran de estar en el disparadero político, desde que PP y PSOE entraron en guerra por el poder del Gobierno regional.