Izquierda Unida valora positivamente el decreto-ley que actualiza las entregas a cuenta de entidades locales para 2026, aunque considera que sigue siendo un avance parcial e insuficiente en la financiación local.
Izquierda Unida ha expresado su valoración “positiva” respecto al real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros, que actualiza las entregas a cuenta de las entidades locales para el año 2026, alcanzando un total de 29.247 millones de euros. Este incremento del 8,8% en comparación con el ejercicio anterior abre nuevas oportunidades para que los ayuntamientos utilicen el superávit correspondiente a 2025.
Según la formación política, esta medida representa un “avance significativo en la financiación local”, ya que asegura más recursos para los consistorios y permite un uso más flexible de los remanentes. En un contexto donde muchos municipios demandan mayor autonomía para decidir sobre sus fondos, esta iniciativa es vista como un paso adelante.
A pesar de los avances, Izquierda Unida ha subrayado que estos no abordan el problema estructural de la financiación local. La formación insiste en la necesidad de una reforma integral del sistema que garantice a los ayuntamientos una mayor suficiencia financiera y estabilidad normativa.
Desde IU se enfatiza que es fundamental dotar a las entidades locales de una capacidad real para implementar políticas públicas efectivas. El partido también considera que este decreto demuestra que es posible flexibilizar el marco fiscal cuando hay voluntad política, instando a aprovechar al máximo los remanentes en aquellos lugares donde tienen representación.
Entre los puntos destacados del decreto se encuentra la posibilidad de que las entidades locales destinen el superávit de 2025 a gastos no financieros e inversiones sostenibles, sin que esto afecte a la regla de gasto. También se contempla la utilización de estos fondos para políticas de vivienda con plazos de ejecución extendidos hasta cuatro años.
Para acceder a esta flexibilidad, los ayuntamientos deberán cumplir ciertos requisitos: mantener una deuda viva inferior al 65% de sus ingresos corrientes liquidados a finales de 2024, cumplir con la regla de gasto durante ese año y presentar un superávit junto con un remanente positivo. Además, deberán garantizar que su periodo medio de pago a proveedores se mantenga dentro de los límites legales establecidos.
Izquierda Unida ha valorado positivamente que el decreto exima a las entidades locales del reintegro de cuotas nacionales relacionadas con servicios judiciales firmes sobre telefonía móvil, evitando así un impacto negativo adicional en sus finanzas. Asimismo, se prevé una excepción para aquellas entidades que incumplan con la estabilidad o regla de gasto en 2026 y 2027 debido al uso del remanente, lo cual indica una mayor flexibilidad en la gestión económica local.
El decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros aumenta las entregas a cuenta de las entidades locales para 2026 hasta 29.247 millones de euros, lo que representa un incremento del 8,8% respecto al año anterior. Esto garantiza más recursos y permite un uso más flexible del superávit de 2025, facilitando la financiación local.
Los ayuntamientos deberán cumplir varias condiciones: la deuda viva no debe superar el 65% de los ingresos corrientes liquidados, se debe haber cumplido la regla de gasto en 2024, existir superávit en contabilidad nacional junto con remanente positivo para gastos generales, y mantener el periodo medio de pago a proveedores dentro de los límites legales.
La exención permite a las entidades locales evitar la compensación y reintegro de cuotas nacionales por servicios de telefonía móvil afectadas por sentencias judiciales firmes, lo que ayuda a proteger sus finanzas municipales y evita perjuicios adicionales.