Jueves 02 de octubre de 2014
Quiere revisar con urgencia los Planes de Urbanismo para “legalizar” los 22 desarrollos urbanísticos anulados
La alcaldesa, Ana Botella, y la delegada de Urbanismo, Paz González, han iniciado una carrera contra reloj para intentar tratar de legalizar los desarrollos urbanísticos declarado ilegales y anulados por el Tribunal Supremo, que afectan a la construcción de más de 135.000 viviendas.
Ecologistas en Acción consiguió el 31 de enero pasado que se suspendiera la subasta de una parcela en Veldebebas que el Consistorio pretendía vender como urbanizable residencial cuando su calificación había sido anulada judicialmente.
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado un calendario exprés de revisión del planeamiento de la ciudad para seguir adelante con desarrollos ilegales y anulados por el Tribunal Supremo. A juicio de Ecologistas en Acción, la inviable hoja de ruta podría ser una forma de ganar tiempo confundiendo a los afectados para evitar reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la administración.
“El calendario para la aprobación del documento de revisión parcial del Plan General de 1985, parece un intento de esquivar las sentencias del Supremo -insisten desde Ecologistas en Acción- . Este tribunal declaró nulos 22 ámbitos de suelo urbanizable del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid de 1997, en los que se pretendían construir 135.000 viviendas. Por consiguiente, en esos ámbitos está vigente el anterior PGOU, de 1985, que es el que ahora pretende revisar parcialmente el Ayuntamiento. Según la hoja de ruta se pretende llevar a cabo todo el procedimiento de Revisión del PGOU (algo que suele tardar un mínimo de cinco años) en apenas seis meses”.
Para los ecologistas, las medidas del Ayuntamiento solo puede agravar la situación legal de las promotores y cooperativas afectadas ya que “incluso en el caso de que se llegara a aprobar definitivamente esta “revisión parcial” del PGOU de 1985 en los plazos establecidos en la hoja de ruta, esto no supondría más que una nueva huida hacia delante para seguir eludiendo el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2007”.
“Es decir, estaríamos ante una nueva subsanación similar a la realizada en 2008 y que el Tribunal Supremo anuló mediante sentencia el 28 de septiembre de 2012. La razón es que el Ayuntamiento se niega a entrar en el fondo de la sentencia, tratándola como un simple problema de defecto de forma. En realidad la sentencia exige una motivación real de la pérdida de valores naturales para reclasificar el suelo protegido. Esa motivación no se conseguirá tramitando un nuevo Plan General en seis meses con informes “ad hoc” o hechos a medida”, insisten los ecologistas.
La motivación real del Ayuntamiento al presentar esta “inviable hoja de ruta” podría tener más que ver con calmar los ánimos de personas afectadas, cooperativas y juntas de compensación, lo que , a juicio de los ecologistas, pueden generar falsas expectativas de una pronta resolución de sus problemas, para evitar que éstos reclamen por responsabilidad patrimonial a la administración. Hay que recordar que existe un plazo de un año, desde la notificación de la sentencia, para realizar estas reclamaciones contra el Ayuntamiento. Este plazo vencería el próximo mes de octubre.
“De seguir adelante con sus planes, el Ayuntamiento dirigido por Ana Botella podría ocasionar aún más perjuicios a las personas afectadas, continuando así con la reiterada temeridad e incompetencia del anterior alcalde y actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, máximo responsable de la actuación municipal y, por tanto, del problema social generado”, terminan los ecologistas.
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