Cifran en 36 M el coste de revertir las multas de Madrid Central

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cifrado este martes en 36 millones de euros el importe de las multas impuestas por el acceso indebido a Madrid Central y que serían devueltas en caso de que la sentencia que anula el área de bajas emisiones en el centro de la capital sea firme. El Consistorio decidirá si recurre o no la medida en función de los informes jurídicos y técnicos del Consistorio.

Así lo ha trasladado el regidor madrileño durante su visita a la sede de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) desde Carabanchel, donde ha pedido que "no se hagan hipótesis" sobre las cuantías de las multas puesto que aún no se ha decidido el recurso.

Almeida ha indicado que se han impuesto más de 800.000 multas por el acceso indebido a Madrid Central, "teniendo en cuenta que el Gobierno anterior, hasta las elecciones decidió no sancionar". "Casualmente dio la orden dos días después", ha lanzado.

Serán los servicios jurídicos del Consistorio quienes determinen "el régimen aplicable a las sanciones" pero, por ahora, el regidor ha reiterado que "no cabe hacer ninguna presunción o juicio sobre si se van a anular o no".

Ha precisado el regidor madrileño que "mientras la sentencia no sea firme, Madrid Central sigue en vigor, y se tienen que seguir respetando las normas que regulan Madrid Central; las invitaciones que corresponden siguen en vigor mientras la sentencia no sea firme".

PLATAFORMA VECINAL CARGA CONTRA LA "IRRESPONSABILIDAD" DEL PP

La Plataforma vecinal en Defensa de Madrid Central, integrada por más de cien entidades, ha cargado contra la "irresponsabilidad" del Grupo Municipal Popular y de la Comunidad "no renunciando a los recursos" que han acabado con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha anulado la zona de bajas emisiones por "defectos de forma".

"El Ayuntamiento de PP y Cs debe encontrar urgentemente una solución a este problema que podía haber evitado priorizando la protección del medio ambiente y la salud de los madrileños y madrileñas frente a intereses políticos y partidistas", han sostenido en la plataforma.

Los magistrados anulan por "defectos formales" y a petición de la Comunidad de Madrid y del Grupo Popular la ordenanza de movilidad sostenible aprobada por el Pleno por la omisión del trámite de información pública, un requisito que se considera esencial, preceptivo e indispensable al tratarse de una de las principales manifestaciones del derecho que los españoles tienen a participar en los asuntos públicos, y que está reconocido en el artículo 23 de la Carta Magna. Así, quedan anulados los artículos de 21 a 25 de la citada ordenanza.

La sentencia, que todavía no es firme y contra la que cabe recurso de casación, no entra en el fondo del asunto ni cuestiona la eficacia de Madrid Central a la hora de reducir la contaminación sino que se limita a aspectos formales durante la tramitación de la ordenanza. Por este motivo, desde la Plataforma se pide "responsabilidad al alcalde de Madrid para que no la utilice como excusa para derogar la zona de bajas emisiones, como ha intentado desde que llegó al poder".

Los colectivos integrantes en la plataforma recuerdan que el Ejecutivo de Almeida "llegó a la Alcaldía bajo el lema de acabar con Madrid Central". "Ya intentó la reversión de la zona de bajas emisiones con una moratoria ilegal que tumbaron los tribunales apenas una semana después de entrar en vigor. Hace tan solo un mes que los Juzgados de lo Contencioso Administrativo dictaron sentencia en favor de Madrid Central de forma contundente afirmando que la protección a la salud y al medio ambiente son principios que deben regir la actuación de los poderes públicos", han señalado.

A la plataforma le "resulta contradictorio que un defecto de forma pueda suponer la completa eliminación de una medida que se ha demostrado efectiva para reducir la contaminación en Madrid, tal y como han demostrado todos los informes técnicos desde que se puso en marcha, y que además tiene un muy alto grado de aceptación pública".

RECURSOS DE ECOLOGISTAS

Los defectos de forma son "cuestionables y en eso se basarán los recursos de casación que se plantearán ante el Tribunal Supremo por Ecologistas en Acción, uno de los grupos de la Plataforma que está personado en todas las causas".

Argumentan que la memoria económica "estaba incluida en otro documento, la memoria de impacto normativo, y a lo largo del proceso hubo varios periodos de información pública".

Además recuerdan en la plataforma que, de hacerse firme la sentencia, el Ayuntamiento tendría que reembolsar todas las multas interpuestas desde que entró en vigor Madrid Central, lo que supondría un coste de más de 36 millones de euros de dinero público.

LA MINISTRA DICE QUE HABRA UNA ACTUALIALIZACION AMBICIOSA DE MADRID CENTRAL

La ministra para la Transición Ecológica y reto demográfico, Teresa Ribera, ha augurado una actualización "por arriba en ambición" de Madrid Central después de la anulación del TSJM.

"Los ciudadanos, nuestra salud, el medio ambiente y la recuperación del espacio público para los vecinos avalan una rápida actualización ("por arriba" en ambición) de Madrid Central. Estoy segura de que llegará pronto, muy pronto", ha escrito la ministra a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha indicado que está estudiando la sentencia que anula Madrid Central, así como la consecuencias que de ella se puedan derivar. Por otro lado, respeta las decisiones judiciales y está comprometido en dar seguridad jurídica a los madrileños y en la mejora de la calidad del aire por medio de la aplicación de su estrategia de sostenibilidad ambiental, Madrid 360.

TSJM ANULA MADRID CENTRAL POR "DEFECTOS DE FORMA"

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado Madrid Central tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y la mercantil 'DVuelta Asistencia Legal' sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación.

El alto tribunal madrileño aprecia en tres sentencias diferentes la omisión de trámites de elaboración y aprobación del marco legal que sustenta el desarrollo de Madrid Central y las resoluciones, en caso de adquirir firmeza, supondría el decaimiento de las multas impuestas durante su periodo de vigencia. Ante el fallo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los magistrados anulan por "defectos formales" y a petición de la Comunidad de Madrid, la ordenanza de movilidad sostenible aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria el 5 de octubre 2018, por la "omisión" del trámite de información pública, un requisito que se considera "esencial, preceptivo e indispensable" al tratarse de una de las "principales manifestaciones del derecho que los españoles tienen a participar en los asuntos públicos", y que está reconocido en el artículo 23 de la Carta Magna. Así, quedan anulados los artículos de 21 a 25 de la citada ordenanza.

En relación al recurso del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, la Sala también estima parcialmente su reclamación y anula el artículo 23 del mismo acuerdo del Pleno, al entender que falta la "imprescindible" memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza.

El TSJM ha agregado en su resolución que la memoria de impacto normativo se asegura que la ordenaza de movilidad sostenible "no conlleva reconocimiento de obligación económica alguna" pero luego admite, no obstante, que su desarrollo y puesta en práctica exige la "disposición de gastos públicos".

"La memoria no contienen ni la más mínima referencia al coste económico que para las arcas municipales puede ocasionar la puesta en marcha e implantación de la Zona de Bajas Emisiones 'Madrid Central' (la única referencia que se contiene se relaciona con el impacto que puede tener las zonas de bajas emisiones en relación con las concesiones sobre aparcamientos privados", negando toda posible afectación negativa", recoge el auto.

Ello contraviene, en opinión de los magistrados, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas que "viene a imponer el deber de evaluar las políticas de gasto público de cualquier acto, contrato o disposición que pueda tener incidencia en los ingresos y gastos públicos presentes y futuros".

De hecho, a juicio del TSJM, era "evidente" que habría costes "económicos inevitables" que justifican la elaboración de esa memoria y que la entonces delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés cifró en noviembre de 2018 en 11,7 millones hasta el año 2025.

La anulación parcial del acuerdo del Consistorio supone que, en el caso de que estas tres sentencias alcancen firmeza todas las multas impuestas decaerán al carecer de sustento normativo.